Economía

Los 5 dardos de Carmena contra la banca: una tasa por los cajeros, créditos blandos...

Más allá de los grandes titulares que defiende Podemos en sus diferentes versiones, entre ellas Ahora Madrid, el programa electoral de Manuela Carmena encierra otras promesas electorales que colocan a la banca en su punto de mira.

Un hombre retira euros de un cajero automático
Un hombre retira euros de un cajero automático EFE

Una oficina antidesahucios, creación de un banco público municipal-regional, imponer tasas que penalicen la acumulación de viviendas con fines especulativos, en manos de entidades financieras... Más allá de los grandes 'quotes' que defiende Podemos en sus diferentes versiones, entre ellas Ahora Madrid, el programa electoral de Manuela Carmena encierra otras promesas electorales que colocan a la banca en su punto de mira.

Una de las medidas más controvertidas prevé la reestructuración de las tasas que regulan el uso privado de un espacio público con el objetivo de imponer un impuesto a los bancos por sus cajeros automáticos. Los dirigentes de Ahora Madrid consideran que los ciudadanos, cuando realizan extracciones de dinero en los cajeros que están situados en las fachadas de las sucurales bancarias, están haciendo uso del suelo público. Por esta razón, el programa electoral establece esta tasa a las entidades bancarias.

La propuesta no es exclusiva de la formación liderada por Carmena. Izquierda Unida recuperó en su programa para las elecciones autonómicas y municipales la propuesta de cobrar una tasa a las entidades bancarias por los cajeros en la calle, un tributo que ya tienen varios municipios españoles, entre ellos Barcelona, y que el Tribunal Supremo avaló en 2009. La tasa a los cajeros es una idea que IU ya planteó en las dos últimas elecciones al Ayuntamiento de Madrid y que ahora recupera para los comicios autonómicos del 24-M.

 Ahora Madrid consideran que los ciudadanos, cuando realizan extracciones de dinero en los cajeros que están situados en las fachadas de las sucurales bancarias, están haciendo uso del suelo público

El Tribunal Supremo ya reconoció en 2009 que las entidades financieras se benefician de una utilización especial del espacio público al instalar sus cajeros automáticos en la calle y avaló que los Consistorios cobrasen esta ocupación. La sentencia del Supremo, en respuesta a una reclamación de las entidades por la tasa en Palma de Mallorca, determinó que con los cajeros los bancos realizan “un aprovechamiento especial de la vía pública” como lo hacen una terraza o una zona azul, por ejemplo. El alto tribunal desestimó la queja de las entidades y confirmó que la tasa es acorde a la ley.

En 2013, Barcelona, Badajoz, Málaga, Sevilla, Zaragoza, Córdoba o Palma de Mallorca ya cobraban la tasa. La capital catalana, con el impuesto municipal más alto: 855 euros anuales pagan los cajeros que están en la fachada del paseo de Gràcia, por ejemplo.

Entre las medidas para el refuerzo de la economía financiera municipal, la que puede ser próxima alcaldesa de Madrid pretende crear un banco público municipal-regional que sirva como herramienta de financiación de proyectos sociales y de empresas y cooperativas que fomenten la economía productiva. Desde el sector financiero no se expresa una opinión contraria al surgimiento de esta banca pública siempre que no afecte a la libre competencia. Sin embargo, existe un gran temor en cuanto a su política de riesgos. "Esta institución puede convertirse en el financiador de proyectos inviables que pueden generar problemas en el futuro", aseguran fuentes del sector.

Precisamente, para facilitar la puesta en marcha de actividades productivos, Ahora Madrid pretende instalar créditos blandos, mediante nuevas herramientas financieras, en forma de préstamos participativos o avales, para fortalecer el capital inicial de las pequeñas empresas. Otra medida que disparará el gasto público de la administración local y que, sin duda, generaría roces con el ministerio de Hacienda.

El pasado activista de Colau en la lucha contra los desahucios, como inspiradora de la Plataforma de Afectados contra la Hipoteca (PAH), se refleja en las medidas que aportaba Carmena en cuanto al stock de viviendas de los bancos. Así, la alcaldable "incentivará la puesta en uso de viviendas permanentemente desocupadas de la SAREB, entidades financieras y otras grandes empresas a través de un censo que determine su número y su estado y a través de convenios que permitan que estas viviendas pasen al parque público de vivienda en régimen de alquiler y alquiler social".

"El banco público puede convertirse en el financiador de proyectos inviables que pueden generar problemas en el futuro", aseguran desde el sector financiero

Una medida que también conllevará una tasa para las entidades por tener viviendas vacías. Este nuevo impuesto penalizará la acumulación de pisos con fines especulativos en manos de grandes empresas, inmobiliarias y entidades financieras. El programa de Carmena en materia de vivienda no refleja, sin embargo, una propuesta que se ha escuchado en algunos líderes de Podemos: la expropiación de viviendas vacías en manos de los bancos.

En este sentido, el Tribunal Constitucional aceptó este martes el recurso del Gobierno de Mariano Rajoy contra la ley andaluza antidesahucios, que preveía la expropiación de viviendas vacías en manos de los bancos, y ha anulado los aspectos de esta norma que considera que invaden competencias exclusivas del ejecutivo central.

La sentencia cuenta con los votos particulares de la vicepresidenta, Adela Asúa, y de los magistrados Juan Antonio Xiol y Encarnación Roca. Al de ésta última se ha adherido el magistrado Fernando Valdés. La vicepresidenta señala en su voto que la sentencia de la que discrepa "construye un canon sui generis" que no tiene precedente alguno en la doctrina constitucional al reprochar a la norma andaluza su interferencia con las competencias del Estado "sin acreditarlo en ningún momento". "No se argumenta por qué la medida andaluza puede poner en riesgo el correcto funcionamiento del mercado hipotecario, ni en qué grado conlleva una desprotección o una reducción de la protección dispensada por el Estado a los colectivos desfavorecidos", señala el voto particular.


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