Desde 2011, el Gobierno ha denegado a algunos exministros actividades que entraban dentro de la ley de Incompatibilidades

MAFO quiere explotar su pensión hasta el final, mientras la mayoría de ex altos cargos buscan trabajo

El 22 de diciembre finaliza el periodo de incompatibilidades que impedía a Zapatero y a sus ministros trabajar en actividades relacionadas con sus anteriores responsabilidades y la mayoría de ellos ya se han puesto las pilas para ganar dinero al margen del erario público. No es el caso del exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien tiene pensado agotar el cobro de la pensión que le corresponde, casi 265.000 euros, sin prescindir de despacho en el supervisor, muy cercano al que ocupan cuando están en Madrid los hombres de negro de la troika.

El exgobernador ha comentado a algunos de los ex altos cargos socialistas que tuvieron más relación con él que va a tener dificultades para encontrar trabajo cuando, a partir del mes de julio del año que viene, el Banco de España deje de ingresarle en su cuenta 11.000 euros mensuales, algo que viene haciendo desde el verano pasado. Según fuentes socialistas, a su preocupación pecuniaria se suma la procedente de la Justicia. Miguel Ángel Fernández Ordóñez, MAFO, ha comparecido en el Congreso de los Diputados y ante la comisión de investigación abierta por las Cortes valencianas para aclarar lo que se hizo desde el supervisor con Bankia y con la Caja de Ahorros del Mediterráneo, pero no descarta que algún juez ponga la lupa sobre su tarea en el BE y le siente en el banquillo siguiendo el hilo de las múltiples denuncias de perjudicados por las preferentes o por la salida a Bolsa de la primera entidad.

Fernández Ordóñez cobrará casi 265.000 euros hasta julio del año que viene, a razón de 11.000 euros al mes

Si MAFO fuera llamado a declarar por un juez tampoco sería un plato de buen gusto para el Gobierno, ahora que ha conseguido que la troika, este lunes de nuevo en Madrid, empiece a dar carpetazo al rescate del sistema financiero y se relaje la tutela que ejerce sobre la política económica.

El exgobernador, que se ha presentado hasta ahora como víctima de una campaña de difamación relacionada con su paso por el supervisor, es uno de los escasos ex altos cargos de la etapa Zapatero que se mantiene enchufado al grifo de las arcas públicas, en este caso las procedentes del Banco de España. Al contrario que otros, que se refugiaron en actividades privadas no relacionadas con su anterior desempeño o, sencillamente, renunciar a las prestaciones compensatorias al preferir ocupar un escaño, él solicitó el cobro de la pensión a partir del 31 de julio del año pasado y, según fuentes socialistas, piensa apurar la percepción de estos ingresos, hasta el 31 de julio del año que viene, donde sumará en total una retribución cercana a los 265.000 euros, el equivalente al 80% del sueldo que le hubiera correspondido de encontrarse en activo.

El exgobernador ha trasladado a antiguos altos cargos de Zapatero su temor a que un juez le siente en el banquillo

Para evitar que los ex altos cargos puedan beneficiarse de dos salarios públicos, el Gobierno aprobó el verano pasado un real decreto en el que obligaba a elegir entre el cobro de la prestación indemnizatoria derivada del cese o cualquier otro tipo de remuneración, ya fuera pública o privada. Hubo 64 antiguos colaboradores del Gobierno de Zapatero que optaron por esta segunda vía, lo que ha ahorrado cinco millones de euros a las arcas estatales.

La ex ministra de Vivienda Beatriz Corredor no ha tenido autorización hasta ahora para trabajar como asesora del mercado inmobiliario

Durante estos dos años, según las mismas fuentes, se han producido situaciones incómodas protagonizadas por algunos exministros y ex altos cargos que pidieron autorización al Gobierno para trabajar en áreas que eran incompatibles con sus anteriores responsabilidades. Un caso desconocido hasta ahora es el de la exministra de ViviendaBeatriz Corredor, posteriormente degradada cuando desapareció este Ministerio a la categoría de secretaria de Estado, pues se le denegó hace meses el permiso para realizar tareas de asesoramiento en el mercado inmobiliario español, algo a lo que sí podrá dedicarse a partir del próximo 22 de diciembre. Otro caso peculiar es el del exdirector general del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDEA), Alfonso Beltrán, quien solicitó el permiso para trabajar en Acciona. Le fue denegado y ahora está destinado provisionalmente en el Instituto de Salud Carlos III.


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