El Gobierno tomará medidas para asegurarse los recortes en las comunidades autónomas

La guerra por la austeridad tiene como campo de batalla las Comunidades Autónomas. Las autonomías no están consiguiendo los ajustes prometidos y sólo cumplen sobre el papel porque el Estado central les ha adelantado fondos. Esto lo saben en Bruselas y ayer Olli Rehn puso el problema una vez más sobre la mesa al pedir nuevas medidas de control del gasto para las regiones españolas: “Los Gobiernos regionales, que aún no han especificado sus nuevos recortes, están detrás de la mayor parte del desvío”, enfatizó el comisario europeo de Asuntos Económicos.

Las Comunidades Autónomas son las grandes responsables del desvío del déficit. El Gobierno quiere presentarse esta semana en Bruselas con avances en este sentido. 

El Gobierno se está planteando muy seriamente qué medidas tomar para forzar o facilitar, según la fuente que se consulte, el adelgazamiento de las CCAA. El Consejo de Política Fiscal y Financiera, que reúne a todos los consejeros autonómicos con el Ministerio de Hacienda, se celebrará en principio el próximo jueves. Pero el lunes y martes Guindos tendrá que negociar en Bruselas un paquete que incluirá un recorte inmediato por 10.000 millones y otro espaciado hasta 2014 por 30.000 millones. El ministro de Economía presentará las nuevas subidas de impuestos y tijeretazos que afectarán a las pensiones, el paro y los funcionarios. Además, deberá detallar qué va a hacer con las comunidades autónomas para garantizar que alcanzan el 1,5 por ciento del PIB de déficit tal y como se ha anunciado.

Hasta ahora, el Gobierno ha optado por aplicar a las autonomías el mismo método que Alemania emplea con España, esto es, dejar que se asfixie financieramente para imponerle los sacrificios. De hecho, todavía no se ha aprobado el respaldo del Estado central a las emisiones de deuda de las autonomías, algo que ha enfrentado al Ministerio de Hacienda con el de Economía porque Montoro quería avales y no simplemente una barra libre.

Sin embargo, esta política no termina de arrojar los resultados deseados. Las medidas en Sanidad y Educación por valor de 10.000 millones se aprobaron para facilitar el ajuste en las regiones. No obstante, responsables autonómicos confiesan que los ahorros que brindarán estas iniciativas no son tan elevados como le gusta pregonar al Ejecutivo. Y las centrales de compra tampoco suponen una solución mágica.

Todo ello abre la puerta a estrategias más duras. Montoro tendrá que exigir y mucho, comenta una fuente gubernamental. Hay más de 3 millones de empleados públicos según la Encuesta de Población Activa. De éstos, sólo la mitad son funcionarios. El resto se concentra sobre todo en las comunidades al gestionar éstas más servicios, y sobre ellos recaerá el peso de los recortes.

Fuentes gubernamentales esperan que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera se plantee abiertamente a las comunidades el uso de los Expendientes de Regulación de Empleo (ERE) e, incluso, de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), de modo que se pueda reducir la carga salarial, sobre todo en el capítulo que se está revelando más difícil de embridar, la Sanidad. Ahí muchos interinos pueden sufrir las consecuencias de las políticas de austeridad. Es más, ya se están dando explicaciones y formación a miembros de las distintas organizaciones territoriales del Estado, desde autonomías a ayuntamientos, sobre cómo pueden aplicar los EREs.

Montoro exigirá que haya más concesiones y privatizaciones y que se acelere el cierre o la venta de las teles autonómicas

Además, Hacienda propondrá las nuevas reformas de la Administración Pública y de la Función Pública para facilitar todo el proceso. Estas dos propuestas pretenden racionalizar y hasta redistribuir los trabajadores públicos y las competencias con el fin de lograr una mayor eficiencia.

Por último, Montoro exigirá que haya más concesiones y privatizaciones y que se acelere el cierre o la venta de las teles autonómicas y de los más de 4.000 entes, fundaciones y empresas públicas, un tajo esencial por la importante señal que se enviaría a la ciudadanía.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria otorga al Gobierno la capacidad constitucional de intervenir una comunidad cuyas cuentas se desmanden. Sin embargo, hay analistas que permanecen escépticos porque, al fin y al cabo, la mayoría de las CCAA pertenecen al partido del Gobierno.

Algunas personas del entorno del Ejecutivo culpan al sistema autonómico y se muestran partidarios de fiscalizar en mayor grado las cuentas, de forma que no haya tanto gasto a discreción de las comunidades, en especial en la sanidad. Pero otros argumentan que resulta muy complicado y que en cualquier caso el Ejecutivo ya dispone de dos poderosos instrumentos con los que atarlas en corto: por un lado, las garantías que precisan las autonomías si quieren emitir ahora deuda y, por otro, las entregas de fondos.

Por si acaso, el Gabinete de Rajoy valora qué medidas adoptar para asegurarse que las autonomías se ciñen a los planes de ajuste. Y eso podría abarcar desde nuevos peajes, tasas o copagos hasta límites en los servicios que se prestan o topes de gasto por partidas. Todo está sobre la mesa del presidente en la Moncloa.