Economía

El Gobierno amplía hasta 2017 la suspensión de los desahucios a colectivos vulnerables

La ley de Segunda Oportunidad permitirá mediante un proceso concursal la exoneración de todas las deudas aunque no se cubran con la totalidad de los bienes. La norma no incluye la exoneración de los créditos públicos de los particulares o pymes. Sáenz de Santamaría destaca que se pretende devolver a los españoles algunos de los esfuerzos de la crisis.

Sáenz de Santamaría, Catalá y Luis de Guindos, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.
Sáenz de Santamaría, Catalá y Luis de Guindos, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. EFE

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto que aumenta la protección a los colectivos más vulnerables, que quedarían así excluidos de las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios, y ha prorrogado hasta 2017 la suspensión de desahucios que vencía en mayo de este año. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se trata de dar una segunda oportunidad a los deudores de buena fe, un proceso que ha sido posible porque la situación de la economía española ha cambiado.

El decreto ley de Mecanismo de Segunda Oportunidad y reducción de cargas financieras contempla que se eleve el límite anual de renta para acogerse al Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios, que pasaría de 19.170 a 22.365 euros en 2015. Entre los supuestos de especial vulnerabilidad estarán incluidos los mayores de 60 años. También sube el límite del precio de compra de un inmueble, que podrá superar en un 20% el precio medio que calcula el Ministerio de Fomento, con un límite de 300.000 euros o 250.000 para la dación en pago.

La ley eleva de 19.170 a 22.365 euros el límite anual de renta para acogerse al Código de Buenas Prácticas para deudores hipotecarios

La ley permitirá mediante un proceso concursal la exoneración de todas las deudas aunque no se cubran con la totalidad de los bienes. El objetivo es conciliar intereses de acreedores y deudores mediante unos procedimientos con garantías que permitan afrontar el pago de las deudas de forma ordenada, a través de acuerdos extrajudiciales.

Durante el plazo de las negociaciones extrajudiciales se suspenden las ejecuciones de bienes necesarios para la actividad, incluida la vivienda habitual.

Asimismo, se amplía hasta 2017 el período de suspensión de lanzamientos -desahucios- sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables, que se amplían en términos similares a los previstos para el Código de Buenas Prácticas. Esto supone que los deudores hipotecarios con buena fe que cumplan los requisitos podrán solicitar que no se les aplique las cláusulas suelo dos años más.

Lo que no contempla la nueva ley es la exoneración de los créditos públicos de los particulares o pymes ni tampoco los relativos a los alimentos, según consta en el Real Decreto Ley aprobado.

3.500 daciones en pago

De Guindos ha indicado que el código de buenas prácticas ha permitido ya que se lleven a cabo 3.500 daciones en pago, y más de 2.000 familias se han acogido al fondo social de vivienda, al mismo tiempo que se han paralizado más de 12.000 lanzamientos o desahucios. En su último informe anual, el Defensor del Pueblo solicitaba la prórroga de esta medida, ya que, en muchos casos, la situación de vulnerabilidad de las personas acogidas a la exención de las cláusulas suelo "no ha variado, por lo que al finalizar la suspensión se van a encontrar peor que cuando se adoptó la misma".

Normalizar el endeudamiento excesivo

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado que la ley pretende devolver a los españoles algunos de los esfuerzos de la crisis y ampliar la mejoría económica a los sectores más vulnerables.

Sáenz de Santamaría ha incidido en que la nueva norma -anunciada por el presidente Rajoy el pasado martes en el Debate sobre el estado de la nación- tiene como objetivo normalizar una situación de endeudamiento excesivo, y ha añadido que supone un cambio fundamental en el sistema de su tratamiento. A juicio de la vicepresidenta, se reconoce por primera vez un sistema para solventar la insolvencia de las personas físicas. Ha subrayado, además, que la ley representa un salto cualitativo en los mecanismos para conseguir que las familias puedan superar una situación de endeudamiento y volver a empezar.


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