UNA LEY PENSADA PARA DAR FACILIDADES AL SECTOR INMOBILIARIO

El Gobierno pretende salvar a 6.500 empresas de la quiebra flexibilizando la ley concursal

El Banco de España había advertido que en el primer semestre de 2014 hasta 15.000 grandes compañías y 50.000 microempresas podían declararse en quiebra por falta de crédito. Ante esa avalancha, el Ejecutivo flexibiliza los criterios para permitir que se retrase el pago de deudas entre acreedores privados. Hacienda y la Seguridad Social no aceptarán ni retrasos ni quitas. 

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en el Consejo de Ministros
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en el Consejo de Ministros EFE

El Gobierno ha flexibilizado una ley concursal para evitar la avalancha de quiebras que, según el Banco de España, se avecinaba en el primer semestre de 2014. Según los datos del banco central citados por el Consejo General de Economistas, unas 65.000 empresas estarán en riesgo de quiebra por falta de crédito el próximo semestre: se trata de 15.000 grandes compañías y 50.000 microempresas que acumulan 180.000 millones de euros en créditos. Para evitar esas cifras, el Ejecutivo ha aprobado un Decreto-Ley que flexibiliza el cobro de deudas y que evitará que “al menos una décima parte de esas quiebras se lleve a término”, según fuentes de Economía.

La norma permite a las empresas con deudas renegociar sus impagos, ya no con la totalidad de sus acreedores, sino con dos posibles mayorías cualificadas con las que se pueden lograr aplazamientos en los pagos o incluso quitas:

  • Si las empresas consiguen un acuerdo con el 60% de sus acreedores, podrán negociar el aplazamiento de los pagos pendientes entre 3 y 5 años e imponer los términos de esos acuerdos al 40% de acreedores restantes aunque no suscriban los términos.
  • Si el acuerdo se cierra con el 75% de los acreedores, el aplazamiento podrá alargarse hasta entre 5 y 10 años y se podrán pactar también quitas o recortes a las cantidades adeudadas que deberán asumir el 25% de acreedores minoritarios.

Una norma ajustada al sector de la construcción

La mayoría de quiebras previstas pertenecen al sector de la construcción. Desde el año 2009, el 31,1% de las compañías de esa actividad se han declarado insolventes y sólo en 2013 unas 10.000 de esas empresas se declararon en concurso de acreedores, un proceso que termina en la liquidación de la empresa en 9 de cada 10 ocasiones. Construcción, industria y energía son, por ese orden, los sectores más afectados por las quiebras, según los registros de economistas forenses.

La norma actual salvará, por tanto y fundamentalmente, a las empresas de la construcción, cuyos niveles de endeudamiento siguen superando con mucho a la media del sector de la economía y lo hace con dos medidas específicamente pensadas para los llamados créditos con garantía real. A partir de ahora, las prórrogas en los cobros y la refinanciación de créditos se extenderá también a ese tipo de créditos. Así, las constructoras y sus acreedores podrán pactar prórrogas en los cobros inmobiliarios con una mayoría del 65% de los acreedores e incluso quitas en los pagos cuando se cuente con el acuerdo del 80% de los acreedores.

Hacienda y la Seguridad Social no “flexibilizan” sus cobros

La “flexibilización” que el Gobierno quiere imponer a los acreedores privados no alcanzará a los públicos. Ni Hacienda ni la Seguridad Social aceptarán retrasos o quitas en sus pagos. El Ejecutivo justifica esa medida en que así lo dicta “la legalidad vigente” pese a que acaba de cambiar esa misma legalidad vigente para el resto de acreedores privados. Fuentes de Economía afirman que las deudas con Hacienda y la Seguridad Social pueden ser consideradas como un “crédito público” y, por tanto, no pueden admitir descuentos ni retrasos en el repago. 

La última novedad de la ley contempla la llamada conversión de deuda en capital, es decir, que los acreedores de una empresa podrán convertir sus deudas en participaciones en el accionariado o capital social de una empresa con apuros. Así, podrán tomar decisiones de gestión. Puesto que Hacienda y la Seguridad Social no aceptarán quitas ni prórrogas, sostiene el Gobierno, no podrán entrar en el capital de ninguna empresa aunque esta tenga deudas con el erario público.


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