Economía

La Junta de Andalucía multa al Popular y al Sabadell por incumplir la ley antidesahucios

El gobierno andaluz ha sancionado con 5,82 millones de euros al Banco Popular y con 120.000 al Banco Sabadell por incumplir la Ley de Función Social de la Vivienda, que establece la obligación de ofrecer sus viviendas protegidas a los registros municipales de demandantes. 

Manifestantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca frente a una oficina del Banco Popular
Manifestantes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca frente a una oficina del Banco Popular Flickr/Fotomovimiento

La Junta de Andalucía ha sancionado con 5,82 millones de euros al Banco Popular y con 120.000 al Banco Sabadell por incumplir la función social de sus viviendas, según una nota de prensa de la Consejería de Fomento y Vivienda.

Según la fuente, ambas entidades han incumplido el artículo 20m de la Ley de Vivienda protegida que fue establecida e introducida por la Ley de Función Social de la Vivienda y que implica la obligación legal de ofrecer sus viviendas protegidas a los registros municipales de demandantes.

En el caso del Popular, el número de viviendas sin ofrecer a los registros que ha acreditado la Consejería es de 97 y de dos en el caso del Sabadell y la sanción es de 60.000 euros por vivienda, al constituir cada omisión del deber de cederla al registro una infracción muy grave de la Ley de Vivienda Protegida. "Una vivienda protegida se ha construido con dinero público y debe tener siempre como destinataria una familia que la necesite y cumpla los requisitos. Las VPO no pueden servir a fines especulativos", que ha añadido que "la protección y garantía del derecho a la vivienda es nuestra principal prioridad".

La resolución, firmada por la secretaria general de Vivienda, Amanda Meyer, cierra así con dos sanciones sendos expedientes abiertos por la Consejería el pasado febrero.

La Consejería mantiene abiertos además expedientes sancionadores a otras seis entidades financieras, por un total 5,1 millones de euros: BBVA (1,62 millones de euros por 27 viviendas), Building Center (1,56 millones por 26 viviendas), Unión de Créditos Inmobiliarios (780.000 euros por 13 viviendas), Banco Santander (660.000 euros por 11 viviendas), Servihabitat (360.000 euros por 6 viviendas) y Anida Operaciones Singulares (120.000 euros por dos viviendas). Según la nota, estos expedientes se encuentran en fase de evaluación de las alegaciones previa a la emisión de la resolución.

La Junta ya ha sancionado con 120.000 euros a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), por obstruir las medidas de la Administración para garantizar la función social de sus viviendas protegidas y mantiene abierto otro procedimiento contra Sareb por 11,7 millones de euros por incumplimiento del artículo 20m, al supuestamente no haber puesto 98 viviendas a disposición de los registros municipales de demandantes.

La Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda no fue impugnada por el Gobierno central en su totalidad, sino sólo algunos preceptos, como la potestad de sancionar a entidades financieras por mantener viviendas vacías durante más de seis meses o la de expropiar temporalmente el uso de viviendas para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social.

Sareb ya ha recurrido

Precisamente este domigno la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) presentó un recurso de alzada contra la sanción de 120.000 euros impuesta por la Junta por "obstruir las medidas de la administración para garantizar la función social de las VPO". La Sareb alega que "sí ha cumplido con los requerimientos de información que le ha formulado la Consejería de Fomento y Vivienda".

En una nota, la Sareb ha explicado que la administración autonómica "solicitó a Sareb en abril de 2013 un listado de las viviendas protegidas que poseía en la región. Según la entidad, ésta solicitud "se cumplió ya en 2014 tras una consulta realizada a los Registros de la Propiedad, que informaron de la existencia de 98 viviendas protegidas en esta comunidad".

En este sentido, la empresa ha justificado este retraso en el hecho de que "en abril de 2013 acaba de constituirse y de comprar una cartera masiva formada por más de 200.000 activos", lo cual, según Sareb, "le impedía responder con celeridad a los requerimientos de la Junta".


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