Economía

El Instituto de Estudios Económicos de Berlín critica la política de austeridad de Merkel

Marcel Fratzscher, director del centro, ha realizado unas declaraciones incendiarias sobre la política llevada a cabo por el gobierno de Angela Merkel, exponiendo que “la meta del presupuesto equilibrado es una señal fatídica de cara a las empresas alemanas y europeas”.

El director del Instituto Alemán de Estudios Económicos de Berlín (DIW), Marcel Fratzscher, ha criticado la política de austeridad del gobierno de Angela Merkel y señaló que darle prioridad a un presupuesto equilibrado es una "señal fatídica".

"La meta del presupuesto equilibrado es una señal fatídica de cara a las empresas alemanas y a los vecinos europeos", dijo el director del DIW en declaraciones que publica la revista "Wirtschaftswoche" en su edición de la próxima semana, según informa Efe.

"Actualmente producimos menos de lo que podríamos producir y tenemos un déficit de inversiones gigantesco. Esa es exactamente la situación en la que se necesita la acción del estado"

"Actualmente producimos menos de lo que podríamos producir y tenemos un déficit de inversiones gigantesco. Esa es exactamente la situación en la que se necesita la acción del estado", agregó Fratzscher, que destacó que actualmente se necesitarían ante todo inversiones en infraestructura de tránsito.

"A ello el gobierno podría destinar entre 15.000 y 20.000 millones de euros, sin violar las reglas del freno a la deuda", dijo el economista.

El ministro de Finanzas, Wolfgang Schäuble, mantiene la meta de lograr en 2015 un presupuesto con déficit 0, pese a la reducción a la baja de los pronósticos de crecimiento.

El freno a la deuda es una disposición constitucional que exige que el déficit estructural en el presupuesto federal no sea superior al 0,35 por ciento del PIB, aunque se permiten excepciones en casos de catástrofes naturales o recesiones económicas graves.

El freno a la deuda se fijó en una reforma constitucional aprobada en 2009 y tras un periodo de transición empezará a ser vinculante en 2016, pese a lo cual el gobierno actual se impuso como meta cumplir con ello en 2015.


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