Economía

Los inspectores piden crear un censo público de morosos con Hacienda

Quien tenga deudas con Hacienda o la Seguridad Social podrá ser señalado por todos los ciudadanos. Es la propuesta que los inspectores de Hacienda han elevado a Montoro. Plantean publicar en el BOE o en prensa las deudas con el erario público, incluso sin sentencia judicial firme.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, habla con Javier Arenas en el Congreso de los Diputados
El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, habla con Javier Arenas en el Congreso de los Diputados EFE

Señalar con el dedo a quien tenga deudas con el Estado. Es una de las medidas que la Organización de Inspectores de Hacienda (IHE) ha remitido al ministro Cristóbal Montoro para terminar con el fraude fiscal. En el documento de más de 300 folios que han enviado al ministerio, plantean crear un censo público de morosos para quienes hayan incurrido en impagos con la Hacienda Pública, incluso aunque no haya una condena firme por parte de los tribunales.

La presencia en el censo "se convertirá en una carga que incentivará el cumplimiento y el pago de las obligaciones pendientes", aseguran los inspectores

Los inspectores defienden que publicar sólo el nombre de los condenados por la Justicia --como propuso el propio Cristóbal Montoro-- "tendría un efecto muy limitado y no causaría demasiados perjuicios al infractor, por cuanto las conductas ya han sido realizadas y juzgadas" y no garantiza que desde la denuncia hasta la condena ese infractor no haya incurrido en otros impagos similares. Por ese motivo, los inspectores piden cambiar el artículo 95 de la Ley General Tributaria que obliga a Hacienda a guardar el secreto de los datos fiscales para poder incluir en un censo los datos de quienes acumulen deudas con el fisco, la Seguridad Social u otros organismos públicos superiores a los entre 100.000 y 300.000 euros anuales.

La propuesta remitida a Hacienda plantea incluir en ese censo los siguientes datos fiscales:

  • Nombre o denominación social y NIF o, en el caso de entidades, el nombre de su administrador o consejero
  • Provincia del domicilio fiscal
  • En el caso de las empresas, un detalle de quién es el delegado o Presidente del Consejo, y de su socio mayoritario.
  • Y, por último, el importe pendiente de la responsabilidad civil, sanción o deuda en ejecutiva, frente a la AEAT, TGSS u otros Entes Públicos

En esa base de datos pública se incluirían --según la inspección-- no sólo a los condenados sino también a los sancionados por la Agencia Tributaria, a deudores o morosos en periodo ejecutivo, es decir, a los que se está reclamando ya el pago de deudas por vía de embargo, pero no a los que consiguieran un aplazamiento por parte del fisco. Para ampliar un efecto ejemplificador, los inspectores de Hacienda piden que haya bases de datos accesibles al público en las delegaciones de la Agencia Tributaria y que las listas de morosos sean publicadas en el Boletín Oficial del Estado o incluso en prensa.

A cambio, quienes fueran incluidos en esos censos, defiende IHE, podrían ver cómo figurar en esas listas tiene efectos prácticos inmediatos como que les pueda revocar el NIF o inhabilitar temporalmente para el ámbito civil-mercantil. Igualmente, concluyen, ese censo puede ser utilizado por las Administraciones Públicas para denegar ayudas públicas a las personas o entidades que figuran en el mismo.

Una polémica más allá de los tribunales

La propuesta que los inspectores han remitido al ministro Cristóbal Montoro encaja en el afán ejemplificador que Hacienda pretende impulsar para combatir el fraude fiscal, según confirman miembros de la Comisión Lagares consultados por Vozpópuli. Sin embargo, esos mismos expertos advierten de los riesgos que puede conllevar si Montoro le da finalmente luz verde, puesto que implica que pueda ser la inspección de Hacienda la que determine, sin mediar una sentencia judicial firme, quién puede quedar inhabilitado o tener derecho a subvenciones o ayudas públicas.

Igualmente, el censo obligaría a revisar la actual Ley General Tributaria que obliga a Hacienda a la confidencialidad de los datos salvo que haya un requerimiento judicial.

Los inspectores defienden la vía del "censo público" y de su "adecuada publicidad para su conocimiento general y actualizado"  con el argumento de que "la presencia en el mismo se convertirá en una carga que incentivará el cumplimiento y el pago de las obligaciones pendientes".


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