Publicado: 06/10/2012 04:00
En el análisis que el equipo económico del Gobierno ha hecho del dato de IPC de septiembre hay consenso en que la subida del IVA que entró en vigor a la vuelta del verano fue la principal causante de que la inflación se disparara ocho décimas en relación con agosto, aumento que la ha situado en el 3,5% en tasa interanual, un nivel que no se registraba desde mayo del año pasado y que alimenta el riesgo de la estanflación.
Las gasolineras podrán cambiar de compañías suministradoras cada uno o dos años para elegir los precios más competitivos
Para corregir esta peligrosa deriva, desde el equipo económico se ha levantado el teléfono para advertir a los sectores que más inciden en el aumento del IPC que se aten los machos si no son aplicados y ayudan a contener los precios. En concreto, el Ejecutivo ha advertido a las principales petroleras que estudia cambiar la legislación que regula los contratos entre las estaciones de servicio y las compañías suministradoras de combustible para abrir la competencia y facilitar la bajada de los precios.
De los tres modelos que funcionan en España, sigue prevaleciendo el de las gasolineras que tienen contratos de abanderamiento con los operadores que funcionan en el mercado. El problema es que la mayoría de estos contratos son de muy larga duración y contienen condiciones leoninas que favorecen la fijación de precios por parte de las propias petroleras. Lo que se pretende ahora, según fuentes gubernamentales, es limitar la duración de estos contratos a uno o dos años, como máximo, para que las estaciones de servicio tengan mayor libertad a la hora de acceder a un mercado más competitivo que contribuya a rebajar el precio de los combustibles. Según informes de la Comisión Nacional de Competencia, la mayoría de las gasolineras que trabajan con este sistema de abanderamiento están cautivas al final de los pactos que establecen las grandes multinacionales para fijar los precios.
El desboque del IPC hasta una tasa del 3,5% es, muy probablemente, lo que le va a impedir al Gobierno actualizar este año las pensiones, sobre todo después del aviso recibido del Banco de España sobre los riesgos que puede acarrear para los objetivos de déficit. El coste se situaría en 3.000 millones de euros, consolidables ya para ejercicios posteriores. Si se aplicara la actualización prevista en la ley, cada décima de desviación del IPC le costaría al Estado 200 millones de euros.
Industria ha renunciado a subir en octubre el recibo de la luz para frenar la dinámica inflacionista, pese a lo cual el Indice de Precios al Consumo acabará el año cerca del 3,5%
La necesidad de frenar la inflación ha llevado también al Gobierno a centrar su atención en las eléctricas. Industria ha renunciado a subir este mes de octubre la parte regulada del recibo de la luz. En contra de las previsiones del propio departamento, el recibo de la luz está previsto que baje un 2% gracias al descenso de la llamada tarifa de último recurso, a la que se acogen en España veinte millones de consumidores.
En la preocupación del equipo económico por el repunte de la inflación se mezcla la subida de precios, el descenso de los salarios y, como consecuencia de ello, la caída de la actividad económica que, en el mejor de los escenarios, ha quedado fijada para el año que viene en un -0,5%.
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