Economía

A Mas no le salen las cuentas: el Constitucional suspende su tasa a los depósitos bancarios

El tribunal admite a trámite el recurso del Gobierno, que considera que la tasa aprobada por la Generalitat es incompatible con la estatal. La decisión complica los ajustados presupuestos del presidente catalán para este año, después de que haya tenido que pedir al Estado 9.500 millones.

Mas, durante su comparecencia ante los medios para hacer balance de los dos años de legislatura, el pasado día 13.
Mas, durante su comparecencia ante los medios para hacer balance de los dos años de legislatura, el pasado día 13. EFE

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra la ley catalana que regula el impuesto sobre los depósitos de las entidades de crédito, con lo que esta norma queda automáticamente suspendida, según ha informado en un comunicado. La suspensión, que el Tribunal deberá ratificar o levantar en un plazo no superior a cinco meses, obedece a la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución, que señala que la impugnación por parte del Gobierno de disposiciones o resoluciones autonómicas implica su suspensión.

El Congreso de los Diputados, el Senado, el propio Gobierno y el Parlamento de Cataluña disponen de un plazo de quince días para personarse en el procedimiento y formular alegaciones. La admisión a trámite del recurso no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del mismo, que el Tribunal Constitucional resolverá en las próximas fechas.

El Gobierno argumenta que con ese impuesto la Generalitat "incurre en extralimitación competencial"

El recurso del Gobierno alegaba que la regulación del impuesto citado "incurre en extralimitación competencial" y, por tanto, invade las competencias que corresponden al Estado en materia de Hacienda, más concretamente, en las competencias sobre tributos propios. Y es que la ley de financiación de las comunidades autónomas (LOFCA), establece una limitación a la potestad tributaria autonómica para establecer tributos propios. "El hecho imponible que grava el impuesto creado por la Ley catalana es idéntico al hecho imponible del Impuesto estatal sobre Depósitos de Entidades de Crédito, creado por la Ley del 27 de diciembre de 2012", señalaba el documento.

"Incompatible"

La ley por la cual se creaba el impuesto catalán a los depósitos, fue aprobada por el Parlamento catalán en abril de 2014, y contemplaba que si una entidad financiera captaba depósitos por valor de hasta 150 millones de euros en Cataluña se le aplicaría un gravamen del 0,3%; entre 150 y 600 millones el tipo sería del 0,4%, y a partir de 600 millones, del 0,5%.

A finales de 2012 el Gobierno catalán decidió crear por decreto ese impuesto, ante lo cual el Gobierno central reaccionó inmediatamente, creando un impuesto estatal a tipo cero con el fin de cerrar la puerta a esa tasa en esa y en otras comunidades autónomas. En julio del pasado año el Gobierno aprobó un decreto-ley que elevaba el impuesto estatal a los depósitos bancarios del 0% al 0,03%, muy inferior al fijado por la Generalitat.

El pasado mes de septiembre, la Asociación Española de Banca (AEB), patronal del sector, advirtió de que el impuesto catalán sobre los depósitos era "incompatible" con el tributo estatal que ya existía, y expresaba su deseo de que el Tribunal Constitucional confirmara esta incompatibilidad y anulara dicho impuesto regional.

ERC pide al Govern que mantenga el impuesto bancario

El portavoz económico de ERC, Pere Aragonès, ha pedido al Govern que siga aplicando el impuesto catalán sobre depósitos bancarios, que considera que "sigue vigente" pese a la suspensión provisional que ha decretado este juees el Tribunal Constitucional sobre la ley que regula dicho tributo. En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlament, Pere Aragonès ha denunciado la "maniobra" del Gobierno central al impugnar al TC la ley del impuesto sobre depósitos bancarios.

Pero ha remarcado que el impuesto "sigue vigente" porque, según ha dicho, lo que ha suspendido el TC es la ley, pero existe un decreto ley previo sobre la misma materia, de 2012, cuya impugnación también fue admitida a trámite por parte del alto tribunal, pero en mayo de 2013 levantó la suspensión cautelar.


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