Economía

La Comunidad de Madrid estudia cobrar cuatro años de IBI a las 20.000 familias en vivienda protegida

La recaudación total alcanzaría los 13 millones de euros, lo que supone 650 euros de media por cada inmueble.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Efe

La Comunidad de Madrid está barajando la posibilidad de cobrar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente a los últimos cuatro años a las 20.000 viviendas protegidas en alquiler de la región para los ayuntamientos donde se encuentran. En total, la recaudación sería de 13 millones de euros, que corresponden a 650 euros de media por cada inmueble. Según informa el diario El Mundo, el pasado viernes finalizó el plazo que había dado el Tribunal de Cuentas a la Administración autonómica para subsanar las consecuencias de la modificación de la Ley de Haciendas Locales que entró en funcionamiento en el año 2009.

La norma señalaba que las viviendas protegidas debían empezar a pagar el impuesto, aunque los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González no la aplicaron. Por lo tanto, justo en el peor momento de la crisis es cuando los usuarios de este tipo de viviendas tuvieron que comenzar a pagar este gravamen.

La norma señalaba que las viviendas debían empezar a pagar el impuesto, pero no fue aplicada por los expresidentes de la Comunidad

La Agencia de la Vivienda Social -antiguo Ivima- tenía pensado una medida que dejaba el pago del impuesto en manos de los propios adjudicatarios, además, el documento pedía a los ejecutivos locales bonificaciones a favor de las viviendas protegidas, de acuerdo a El Mundo.

El Partido Socialista pidió la retirada de esa medida de la Agencia y finalmente se retiró, por lo que no aprobó ese documento. "Antes de tomar una decisión hay que valorar e incluso buscar soluciones" señala la Consejería.

El portavoz de Vivienda del PSOE en la Asamblea de Madrid, Daniel Viondi, criticó la actuación del antiguo Ivima al que acusa de querer tapar el agujero negro en sus cuentas a través de las "20.000 personas que tienen un alquiler sociales" y exige que sea la propia Agencia la que asuma su responsabilidad "que pague y que no derive su malas prácticas en los más débiles".


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