Economía

Los Presupuestos condenan las pensiones a una revalorización inferior al IPC

La decisión final se tomará en noviembre pero la desviación del IPC y el aumento de la dotación presupuestaria impiden que las pensiones alcancen la subida de los precios. 

El Gobierno gana tiempo con las pensiones. Por ahora, las subirá un 1% de forma que los pensionistas perderán poder adquisitivo de manera provisional, una pérdida que –previsiblemente—se convertirá en definitiva en noviembre, cuando Hacienda decida si compensa o no a los jubilados por la desviación del IPC, tal y como ayer adelantó Vozpópuli. Previsiblemente no lo hará porque devolverles el poder adquisitivo perdido supondría un gasto extra para el Estado de 4.800 millones de euros. Los cálculos del Ejecutivo estiman que el IPC de noviembre rondará el 2,7% por lo que los pensionistas podrían cerrar 2012 perdiendo casi un 2% de su capacidad de gasto.

Así pues, el Ejecutivo ha comprometido, de momento, una subida de las pensiones menor a la del nivel de vida y destinará 121.557 millones de euros a esa partida. En total, la cifra representa un 4,9% de incremento que será absorbido por la subida del 1% para las nóminas ya anunciada y por el crecimiento vegetativo del número de pensionistas.

El Gobierno rompe la hucha de las pensiones y renuncia a su última promesa

Por primera vez, un Gobierno recurre al fondo de reserva (conocido como la hucha de las pensiones) para pagar a los jubilados. El Ejecutivo sacará de esa hucha 3.063 millones de euros que se suman a los 4.600 que ya desvió de la gestión de las mutuas.

Las tensiones que registra la caja del Estado han forzado a Rajoy también a renunciar a una promesa que el Presidente hizo hace apenas dos semanas: finalmente no se reducirán las cotizaciones de los empresarios a la Seguridad Social  tal y como prometió el Gobierno. Esa rebaja de un 1% suponía que los empresarios dejaban de pagar 3.000 millones de euros al año a la caja pública. Tras la marcha atrás del Gobierno, deberán seguir pagándolos.

El Gobierno penalizará las prejubilaciones

Para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones, el Gobierno va a llevar a la comisión del Pacto de Toledo una propuesta con la que acelerar el retraso en la edad de jubilación (hasta los 67).

Además, el Gobierno pretende impedir las prejubilaciones y llevar la edad efectiva de jubilación de los 63 años actuales a los 65. Para ello, prevé modificar los llamados “coeficientes reductores” que permiten acceder a la prejubilación. En la actualidad, el trabajador que se jubila antes de cumplir los 65 años ve como se descuenta un 6,5% de su pensión por cada año en que se adelanta el retiro. Así, quien se jubila a los 64 ve como su pensión pasa del 100% al 93,5% mientras que quien se jubila a los 63 pasa de percibir el 100% de su nómina a un 87%. El Gobierno pretende aumentar esa tasa para penalizar aun más a quienes se prejubilen salvo que aleguen enfermedad o causa justificada. Esa medida será remitida al Pacto de Toledo para que la discuta en el plazo de seis meses.


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