Economía

El Gobierno suprimirá Patrimonio en la próxima reforma fiscal pero lo compensará con una subida del IBI

El Gobierno baraja suprimir de nuevo el Impuesto sobre Patrimonio en la próxima reforma fiscal que presentará en junio. Sólo que esta rebaja de impuestos que se venderá de cara a las elecciones generales de 2015 posiblemente se vea luego compensada con otra alza del IBI después de los comicios. Y ello pese a que la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles se ha disparado un 47% durante la crisis.

El Gobierno baraja suprimir de nuevo el Impuesto de Patrimonio en la próxima reforma fiscal que presentará en junio. Sólo que esta rebaja de impuestos que se venderá de cara a las elecciones generales de 2015 posiblemente se vea luego compensada con otra alza del IBI después de los comicios, según fuentes próximas al Ejecutivo.

El Impuesto de Patrimonio es una figura en desuso en la fiscalidad internacional. La mayoría de los países de la OCDE la ha suprimido por diversas razones. En primer lugar, recauda poco y el grueso del castigo tributario lo soportan fundamentalmente las clases medias, ya que los ricos tienen más facilidad para eludir el pago o cambiar el domicilio. Es decir, fracasa en su propósito de redistribuir la riqueza. En segundo lugar, penaliza el ahorro y desincentiva la atracción de las grandes fortunas y de su inversión. Tercero, se trata de unas bases que normalmente ya se gravan por Renta, por Sucesiones y Donaciones o por el IBI. De modo que en realidad resulta más equitativo y eficiente suprimirlo, tal y como propuso la comisión de expertos.

En España, este tributo está cedido a las Comunidades Autónomas, que pueden fijar el mínimo exento, la tarifa y las deducciones o bonificaciones, por lo que existen grandes diferencias entre ellas, desde Madrid, que no lo ingresa, hasta Cataluña, que tiene un mínimo de 500.000 euros y un tipo máximo del 2,75 por ciento y es con diferencia la autonomía que más recursos obtiene por este concepto.

En 2008, prácticamente ya con un pie en la crisis, el Gobierno lo anuló compensando a las Autonomías con fondos de la Administración central. Pero lo volvió a instaurar en 2011 ante las dificultades presupuestarias. No obstante, esta concesión en realidad sólo se trataba de un chute de liquidez para las CCAA, puesto que, aunque éstas lo recaudasen, a los dos años lo tenían que rembolsar al Estado central, que como hemos apuntado ya les estaba compensando.

Hasta que hace unos meses, en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, Montoro premió a las Autonomías permitiendo que no lo reintegrasen, para gran enfado de la Comunidad de Madrid, que era la única que no lo había gravado. En pleno órdago independentista catalán, el regalo era sobre todo para Cataluña, que no tendría que devolver unos 850 millones entre 2014 y 2015, más de la mitad de todo lo que debía retornar el conjunto de las Comunidades.

Al mismo tiempo, tal y como propone la comisión de expertos de reforma fiscal, el tipo de Sucesiones y Donaciones se limitará a un rango entre el 4 y el 10 por ciento, a elección de la Comunidad Autónoma y en función del grado de parentesco, lo que supondrá un alivio para muchos pero elevará la tributación por parentesco directo en Madrid, en la actualidad sólo al 1 por ciento.

Un IBI nacional y del que participen las CCAA

La intención del Gobierno consiste en ampliar la imposición patrimonial por otras vías. “El Impuesto sobre el Patrimonio perdería la mayor parte de las razones para su existencia si la propiedad inmueble estuviese gravada por el nuevo IBI reforzado que propone la Comisión”, apunta la propuesta de reforma fiscal elaborada por los expertos.

¿Y en qué consiste este nuevo Impuesto de Bienes Inmuebles? Pues de acuerdo con la propuesta de los expertos que el Gobierno sopesa y casi con toda seguridad aplicará, se trata de un nuevo tributo con carácter nacional y no local, de forma que también se pueda financiar con él a las Comunidades; el valor catastral se actualizará cada año según mercado y gracias a un sistema que ya tiene preparado el Catastro; la valoración catastral podrá superar el límite legal del 50 por ciento del precio de mercado y su importe deberá ser algo inferior al 1 por ciento anual de dicho valor catastral de nuevo cuño.

O dicho de otro modo, un nuevo incremento de este impuesto que se añadirá al alza extraordinaria del 10 por ciento aprobada por este Gobierno en diciembre de 2011, los elevados tipos impuestos por los alcaldes y las fuertes revalorizaciones del catastro, que en ocasiones según la OCU superan el tope legal del 50 valor de mercado, sobre todo tras el hundimiento de los precios de los inmuebles. Por no hablar de que el IBI presenta unas bases mucho mayores que las del Impuesto sobre Patrimonio, esto es, que Patrimonio lo pagan unos pocos mientras que el IBI lo soportan muchos más y sin posibilidad de escape.

No es de extrañar que el IBI haya sido la única rúbrica tributaria que ha experimentado un repunte de su recaudación durante la crisis, del 47 por ciento entre 2007 y 2012, desde los 7.200 millones de euros hasta los 10.700 millones según las cifras manejadas por la comisión de expertos.

Al no haber elusión posible cuando se trata de una vivienda en propiedad, el IBI se ha revelado durante la crisis como el impuesto más estable y menos cíclico de todos. Así que la idea de Hacienda consiste en que en el futuro se ingrese más por IBI y menos por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que al centrarse en las compraventas ha demostrado ser muy procíclico y por lo tanto engordó de manera artificial las arcas de las CCAA. Cuando se adquirían numerosas viviendas, el tributo de ITP y AJD se escondía junto al IVA en el pago de la hipoteca, y ahora que España tiene un porcentaje de vivienda en propiedad altísimo, Hacienda pretende exprimir el IBI.


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