Publicado: 27/10/2012 03:50
El éxito de una huelga general suele medirse por el seguimiento que consigue en el transporte público, el sector industrial y la administración. Esta última pata es la que les ha fallado por anticipado a UGT y Comisiones debido al descuelgue del CSIF.
La promesa del Gobierno consistió en un principio en compensar a los funcionarios por la pérdida de la paga extra a través de las correspondientes aportaciones a los fondos de pensiones. Este compromiso tan etéreo no entusiasmó a nadie ya que solo la mitad de los empleados públicos son funcionarios de carrera, alrededor de 1,6 millones. Ahora, la secretaría de Estado que dirige Antonio Beteta, número dos de Cristóbal Montoro en Hacienda, ha negociado con los sindicatos el rescate de la paga extra por otras vías menos morosas y el restablecimiento de todas las mesas de diálogo que tocan el bolsillo de los empleados públicos. A través de ellas, piensan recuperar no solo la extra que perderán este año, sino amortiguar también la congelación salarial de 2013 mediante un recorte menos rígido del previsto para los complementos y los pluses que siempre han recibido y que ahora se ven en peligro como consecuencia de los planes de austeridad del Gobierno.
Si el Gobierno reconociera que en próximos ejercicios los funcionarios recuperarán los 5.200 millones de la paga extra, estaría obligado a computarlo como déficit
El margen de Hacienda para explicar el contenido de la negociación con los sindicatos es estrecho ya que el simple anuncio de que se recuperará la paga extra de Navidad a través de otras vías distintas a los fondos de pensiones obligaría al Gobierno a computar el importe como déficit por exigencias de Bruselas. Gracias a la supresión de esta paga, el ahorro previsto en ministerios, comunidades autónomas y ayuntamientos supera los 5.200 millones de euros, una cifra nada desdeñable si se tienen en cuenta los ajustes de gasto comprometidos con la UE.
En el Gobierno se considera que gracias al descuelgue del CSIF de la huelga general, la mayoría de los empleados públicos no la secundarán y será un fracaso. En este cálculo pesa, además, que por un día de huelga los funcionarios pierden una media de 60 euros, merma nada significativa si no fuera porque a ella se suma que la situación económica de muchos de ellos se ha visto deteriorada por los sucesivos recortes salariales. En todo caso, es la primera vez que el principal sindicato de funcionarios da la espalda a una huelga general, se enfatiza en Hacienda, circunstancia que ha originado un enfado monumental en las direcciones de Comisiones Obreras y UGT.
El Ejecutivo da por fracasada de antemano la huelga general en la administración pública al haberse descolgado de ella el principal sindicato de funcionarios
El Gobierno no solo ha prometido al CSIF la recuperación de la paga extra. También ha garantizado la apertura de un diálogo sobre las políticas de retribución salarial, el pago por objetivos o la valoración del desempeño, recogidos en el Estatuto del Empleado Público que duerme desde hace tiempo el sueño de los justos. Eso sí, la congelación salarial como tal se mantiene intacta para el año que viene, ya que va en los Presupuestos de 2013, aunque esta rigidez podría no ser tanta cuando estén maduras todas las enmiendas parciales que el Gobierno, a través del PP, incluirá en las cuentas del año que viene durante su paso por el Congreso y el Senado.
Por la puerta de atrás también se les ha garantizado a los sindicatos de la administración pública ventajas en la negociación colectiva, algo que solo ha sabido valorar la organización que se ha apeado de la huelga.
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