Horizonte 2020: el final de las minas de carbón

Las minas de carbón españolas tienen sus días contados. Desde la llegada del Gobierno de Pedro Sánchez, los guiños hacia un modelo energético sostenible y limpio han sido muchos. El mayor, el de la creación de un ministerio de Transición Energética. Toda una declaración de intenciones. El secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, afirmaba hace unos días en una entrevista para el Diario de Sevilla que “en una década no habrá centrales de cárbon”, una medida ligada a la supervivencia de los puntos de extracción.

La realidad es que en España quedan unas 15 explotaciones mineras para sacar este combustible fósil. En 2010, Europa puso como tope una década para cerrar aquellas que no realizasen una serie de inversiones que las hiciesen rentables. El corazón político del continente se había cansado de regar con dinero público una industria que no dejaba de dar frutos. En nuestro país existen siete en estas circunstancias. Las otras ocho pertenecen a empresas, como Endesa o Gas Natural, que sí apostaron por su continuidad.

Sin embargo, y aunque no hay nada por escrito, la idea es que todas se clausuren en 2025, horizonte más que suficiente para que las grandes energéticas puedan recuperar sus inversiones. El Gobierno español toma ejemplo de Italia, que el año pasado puso la misma fecha para cerrar sus minas, o Inglaterra, que fue el primer país en hacerlo. 

La idea es que todas se clausuren en 2025, horizonte más que suficiente para que las grandes energéticas puedan recuperar sus inversiones

En la actualidad existe un Plan de Cierre que adelanta la fecha europea. Esta ‘hoja de ruta’ permitía seguir recibiendo subvenciones a las minas que tuviesen pérdidas hasta final del presente año. Después del 31 de diciembre de 2018 tendrán que cerrar. De lo contrario deberán devolver el dinero percibido ya que se entendería que sí son rentables.

El acuerdo de París, firmado en 2015, aquel por el que las potencias mundiales se comprometían a cumplir unos niveles medioambientales concretos, también tiene que ver. La quema de carbón para conseguir energía es mucho más contaminante que el uso de aerogeneradores, placas solares o saltos de agua. La directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), Ana Barreira, apunta que la tendencia de los inversores de empresas energéticas es la de desligarse de los activos más contaminantes para apostar definitivamente por fuentes energéticas limpias.

¿Qué hacer con los empleos?

Las minas siempre han suscitado polémica desde el pasado siglo. Las fuertes reivindicaciones obreras que se producían en el norte de la península, especialmente en Asturias, cada vez que los distintos Gobiernos pretendían rebajar el dinero destinado a sufragar las tareas de los mineros no les daba la mejor prensa a los trabajadores.

Para valorar la supervivencia de las explotaciones de carbón, desde el IIDMA apuntan a la transformación económica que ya se está dejando notar a nivel global. La automatización y la robotización industrial podría acabar con el trabajo en el subsuelo. “En los 90 había 45.000 empleos directos en la extracción del mineral, ahora hay 2.200”, dice Barreira.

En los años dorados había 234 empresas que producían algo más de 19 millones de toneladas de carbón por las 10 sociedades que ahora producen 2.700 millones. El cierre de minas conllevaría, por lógica, la pérdida de esos trabajos. Fuentes del sector energético plantean la posibilidad de crear un plan de empleo que orientase a los mineros a trabajar con las nuevas fuentes de energía.

Abastecimiento energético

Según el último informe de BP en cuanto al consumo por fuentes de energía, el año pasado el carbón experimentó una aumento respecto a 2016 del 28,5%, y configuró el 9,7% del mix energético español (la combinación de fuentes de energía primaria). Así surge la pregunta: ¿podría España abastecer sus necesidades energéticas cerrando sus minas?

Hay que tener en cuenta que una importante cantidad del carbón que se quema en las centrales térmicas es comprado a terceros países. La CNMV estima que el Estado podría desprenderse del 50% del mineral extraído sin poner en peligro su capacidad energética, explican desde el IIDMA.