La Troika tendrá que prestar unos 14.000 millones de euros a Grecia en los próximos seis meses

Parecía imposible. Pero este lunes el siempre altanero y parlanchín Varoufakis enmudeció. El documento de medidas finalmente remitido a Bruselas ya lo decía todo: “La finalización de este programa liberará la financiación a corto que permitirá al Gobierno griego cumplir con sus obligaciones inmediatas y por lo tanto permitirá la estabilización de la economía. También debería llevar a una financiación a medio plazo que posibilitara que Grecia recupere el acceso a los mercados”… ¿Pero acaso el anterior Gobierno no había ya recuperado el acceso a los mercados y estabilizado la economía creando unos 100.000 puestos de trabajo en el sector privado durante 2014? O sea, que los últimos cinco meses simplemente han sido una suerte de curso intensivo para que el nuevo Ejecutivo aprenda lo importante que es la financiación para la economía.

La estrategia negociadora de llevar a Europa hacia el filo del abismo no ha servido para nada. En la Europa hecha a imagen y semejanza de Alemania no cabe un Mezzogiorno. Ni los países de la periferia se compadecieron, ni Rusia acudió al rescate. Tan sólo sirvió para devolver a la economía helena a la senda de la recesión. La confianza es una cosa que se pierde en un día pero que cuesta Dios y ayuda recuperarla. Y Grecia necesita en los próximos seis meses unos 28.000 millones de euros. La mitad de ellos son letras y con suerte podrá refinanciarlas a través de los bancos siempre que éstos sigan en pie por obra y gracia del BCE. Para los 14.000 millones restantes precisará del dinero de la Troika, otra nueva ronda de desembolsos condicionados al cumplimiento de las reformas que nos seguirán manteniendo en vilo. Sobre todo si Tsipras no es capaz de aplicarlas.

Incluso si los partidos de la oposición apoyan el paquete de medidas, con tan poco tiempo Tsipras puede perder la mayoría en la Cámara y mostrarse incapaz de implementar las reformas

El trato todavía no está hecho. El martes 30 de junio vencen los 1.500 millones del FMI que se tuvieron que agrupar a final de mes para no incurrir en un trágico default. Y cinco países incluido Alemania tienen que votar el acuerdo en sus respectivos Parlamentos tan pronto como sea posible. De modo que Merkel ha concedido a Tsipras hasta el lunes para que apruebe en el Parlamento griego el grueso de las medidas presentadas a los acreedores, una capitulación en toda regla que no aceptan ni unos 40 diputados de Syriza ni los 12 diputados de su socio de Gobierno, la formación Griegos Independientes. “El acuerdo no sólo ataca a los ricos. Es duro con todo el mundo. También con las clases medias y las bajas. La electricidad y muchos productos básicos se encarecerán por la subida del IVA. Hay un alza de las cotizaciones, un impuesto a los complementos de las pensiones, una subida de las contribuciones al sistema de salud. Es un paquete duro que ha atravesado todas las líneas rojas. Para colmo, un asunto tan importante aquí en Grecia como la reestructuración de la deuda se deja para más adelante. El acuerdo no ha sido bien valorado”, explica el periodista heleno Yannis Symeonides.

El tiempo corre en contra del primer ministro griego. Se avecinan cinco días de infarto en los que el líder de Syriza tendrá que convencer a un buen número de congresistas de la necesidad de aprobar el principio de acuerdo con los acreedores. Incluso si los partidos de la oposición apoyan el paquete de medidas, con tan poco tiempo Tsipras puede perder la mayoría en la Cámara y mostrarse incapaz de implementar las reformas. Y en esa tesitura se vería abocado a convocar unas nuevas elecciones anticipadas. En el mejor de los casos, el Ejecutivo estaría roto y Tsipras tendría que provocar una crisis de Gobierno para sustituir a los ministros que se niegan a poner en marcha las medidas. Pese a la complacencia desatada por el principio de acuerdo, la incertidumbre y el riesgo de accidente todavía no se han despejado.

Y el otro problema reside en la composición elegida para llevar a cabo el ajuste. Bruselas ha dejado al Gobierno griego que éste escoja según vea conveniente las medidas para alcanzar los objetivos de austeridad fiscal. Y siguiendo la tradición de los Gobiernos de izquierdas ha centrado todo el esfuerzo en los impuestos. De los cerca de 8.000 millones de ajuste, el 90 por ciento procede de subir la presión fiscal. En dos años y con una economía todavía en recesión, plantea recaudar 2.040 millones más por IVA, 1.150 millones por cotizaciones sociales, 645 millones por las contribuciones al sistema de salud de los pensionistas, 370 millones por un impuesto a los complementos a las pensiones, 1.350 millones por una tasa extraordinaria sobre los beneficios de las grandes empresas, 410 millones por un Impuesto de Sociedades al 29 por ciento, 470 millones por un recargo especial solidario sobre las rentas medias y altas en el IRPF, 200 millones por un gravamen sobre la publicidad en televisión y 94 millones por un alza del impuesto al lujo.

"El paquete podría dañar la economía al centrarse demasiado en las subidas de impuestos”, concluye sobre las propuestas Bank of America Merrill Lynch

“Las propuestas del Gobierno griego van mucho más allá de lo que los mercados esperaban respecto a la consolidación fiscal. Sin embargo, algunas medidas pueden estar cuantificadas demasiado generosamente y el paquete pone muy poco énfasis en las reformas estructurales. (…)  El paquete podría dañar la economía al centrarse demasiado en las subidas de impuestos”, concluye sobre las propuestas Bank of America Merrill Lynch. Y eso mismo opina el FMI, que ha mostrado su disgusto porque prefería un ajuste más dirigido hacia los recortes del gasto.

 En definitiva, se trata de una oportunidad perdida. En lugar de aprovechar para romper con el exceso de Estado que claramente ha caracterizado la crisis griega, Syriza ha querido engordarlo a fuerza de exprimir una vez más al contribuyente. De la reforma de la Administración, tan sólo se asegura que el conjunto de las nóminas no subirá en relación al PIB. Lamentablemente, el acuerdo presta menos importancia de lo que debería a las sempiternas rigideces de los mercados laboral y de productos que frenan el crecimiento. Se hace poco hincapié en abrir la competencia, cambiar un sistema legal pernicioso o favorecer la entrada del sector privado en numerosas parcelas. Los incentivos siguen animando a un joven a trabajar en el sector público antes de formar una empresa que genere riqueza.

Si bien lo peor de todo es el sistema de pensiones, que básicamente se había convertido en una especie de compra masiva de votos. Poco a poco, se retrasará la edad de jubilación a los 67 y se penalizarán las prejubilaciones. Pero lo que reciben los beneficiarios sigue siendo muy superior a lo que aportaron. Muchos se jubilaron de forma anticipada. Y así no es de extrañar que tras dos duras reformas el sistema aún presente un déficit del 9 por ciento del PIB. Aunque hay muchas pensiones bajas, también las hay muy altas, sobre todo si se comparan con los sueldos que las sustentan. Y con tal aguantar ese sistema profundamente injusto respecto a los más jóvenes, Syriza decide penalizar la contratación subiendo las cotizaciones y castigar la competitividad y la inversión incrementando la tributación de las empresas. Eso no es un modelo sostenible... ¿Tendrán que aprender otra lección de economía?