RADIOGRAFÍA DEL PERFIL DE LOS INVERSORES ESTAFADOS EN EL 'CASO GOWEX'

La desgravación fiscal de Madrid y Cataluña para invertir en valores como Gowex calentó el fraude

Los afectados se localizan mayoritariamente en Madrid y Barcelona, dos comunidades que permitían desgravar fiscalmente la inversión en valores como Gowex. 9 de cada 10 han perdido hasta 50.000 euros, justo la cantidad máxima que los inversores podían deducirse.

Jenaro García, presidente de Gowex
Jenaro García, presidente de Gowex

Nueve de cada diez personas estafadas en Gowex habían invertido hasta 50.000 euros en la compañía y su enorme mayoría vivían en Madrid o Barcelona. Esos dos rasgos comunes dibujan no sólo al inversor en la compañía sino, sobre todo, el marco legal que explica por qué empresas con tanto riesgo han atraído a tantos inversores. Han sido precisamente las desgravaciones que la Comunidad de Madrid y la Generalitat de Catalunya concedieron a quienes invertían hasta 50.000 euros en el MAB (Mercado Alternativo Bursátil) las que explican el perfil y la distribución de los estafados.

Madrid y Barcelona han sido las capitales del fraude. Los inversores estafados en Valencia, Bilbao, Baleares y Navarra, el resto de territorios afectados, quedan a mucha distancia. El hecho de que el MAB tenga sede en la capital es un factor clave que explica por qué el mayor número de afectados está localizado allí. Sin embargo, hay un segundo factor que ninguna administración ha querido recordar: sus propios incentivos fiscales a arriesgar en valores como Gowex.

  • El 23 de febrero de 2010, la Comunidad de Madrid anunció que permitiría una deducción del 20% de las cantidades invertidas en la adquisición de acciones de compañías madrileñas incluidas en el segmento de empresas en expansión del Mercado Alternativo Bursátil. El importe máximo deducible era de 10.000 euros, equivalente a una inversión máxima de 50.000, exactamente la cantidad en la que se concentran
  • En enero de ese mismo año, también la Generalitat de Catalunya anunciaba que permitiría a los contribuyentes desgravar hasta un 20% de su inversión en el MAB si conservaran sus acciones durante dos años e invertían empresas con actividad en Cataluña.

Esa política fiscal no explica sólo el dónde se ha localizado el fraude sino también el cuánto. El 95% de quienes confiaron su dinero al presidente de Gowex, Jenaro García, no llegaron a superar los 50.000 euros por encima de los cuáles se limitaba la desgravación fiscal.

Al menos 500 de los estafados en Gowex escogieron ese valor para jugar por primera vez en bolsa. Son jóvenes que han perdido pequeñas cantidades que oscilan entre los 500 y los 600 euros y que representan el 10% de los estafados pero que están siendo los más activos a la hora de reclamar actuaciones judiciales.

Sin embargo, el inversor medio ha perdido mucho más dinero en la aventura de Gowex. El grueso de quienes han confiado su dinero al presidente de la compañía, Jenaro García, depositó entre 10.000 y 15.000 euros. Casi un 50% de los inversores jugaron esas cantidades y otro 30% más llegó a invertir en la compañía hasta 50.000 euros, según los datos de Legálitas uno de los despachos que dirige la reclamación jurídica contra el fraude.

El fraude de Gowex | Vozpópuli.com

Una vez reconocido el fraude, la pregunta es quién pagará por él

Una vez reconocido el fraude, la pregunta es quién pagará por él. ASINVER (la Asociación Europea de Inversores Profesionales) ha presentado ya una querella no sólo contra el ex presidente de la empresa, Jenaro García, sino contra el resto de miembros del consejo de administración: Francisco Martínez Marugán y Javier Solsona, el ex consejero Ricardo Moreno (que procedía de Codere y abandonó el cargo en 2012), la mujer de Jenaro García encargada de las relaciones con los inversores, Florencia Maté y Abraham Warshenbrot, consejero desde su fundación hasta 2010.

Sin embargo, los abogados de las diferentes acusaciones consultados por Vozpópuli revelan que pretenden llevar la causa más allá. Ni el auditor –M&A Auditores al que el juez atribuye “colaboración necesaria” en los hechos—ni ninguno de los reguladores del mercado –CNMV o el propio MAB—parecen haber velado suficientemente por los inversores. Los abogados reconocen que estudian si dirigir contra ellos sus acciones legales exigiendo una responsabilidad subsidiaria de los organismos reguladores.

Más difícil será establecer cualquier responsabilidad en el terreno de los incentivos, admiten los letrados. Las políticas fiscales de Madrid y Cataluña han servido sin duda para calentar esos valores pero establecer responsabilidades ante un tribunal, concluyen, es prácticamente imposible.


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