Economía

El giro electoralista del Gobierno se come la consolidación fiscal

Las medidas aprobadas por el Ejecutivo de cara a las elecciones siembran la duda sobre la consecución de las metas presupuestarias comprometidas con Bruselas. De hecho, el coste de estas iniciativas sobrepasa la desviación del déficit que anunció el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici. 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, junto al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. EFE

Fue abrir la boca el comisario Moscovici diciendo que España incumpliría el déficit y ponerse en marcha toda la diplomacia española como una apisonadora. El enfado en el Gobierno español era mayúsculo, porque de improviso el titular de Economía del Ejecutivo comunitario puso en duda el principal activo del PP de cara a unos comicios sobre los que encima se ciernen las sombras de una ralentización económica en el exterior.

Enseguida, el todopoderoso Wolfgang Schäuble, consciente de que se juega tener en España un interlocutor menos afable en los próximos cuatro años, irrumpió en la escena para respaldar la solidez de los Presupuestos del Reino de España. "La rueda de prensa de la Comisión me sorprendió un poco porque fue mucho más crítica de lo que se escuchó en el Eurogrupo", sentenció el ministro de Finanzas germano. A continuación, el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, tuvo que desdecir a Moscovici y aclarar que todavía no se había consensuado un diagnóstico sobre las cuentas españolas. En menos del 24 horas, el tirón de orejas al comisario galo se había consumado.

Pese al tirón de orejas a Moscovici, la situación presupuestaria de la Seguridad Social y las Comunidades Autónomas se antoja preocupante

Sin embargo, las cuentas apuntan claramente una desviación del déficit que bien podría estar en las cotas que anunció Moscovici, esto es, unos 3.000 millones de euros al cierre de 2015 y unos 7.000 millones en 2016. El Gobierno de Rajoy se aferra a unos ingresos tributarios que avanzan robustamente a tasas del 6 por ciento, unos ayuntamientos que están duplicando el superávit, un gasto en prestaciones de desempleo que cae hasta julio más de un 15 por ciento y un ahorro en intereses por valor de 1.000 millones de euros en lo que va de año. Todo ello combinado con una cierta contención en el gasto quizás podría haber bastado para compensar una Seguridad Social que puede cerrar con un desfase superior a los 8.000 millones y unas Comunidades Autónomas que en julio ya habían agotado los 0,7 puntos que tienen de objetivo y que amenazan con errar de nuevo su meta. Sin embargo, el giro electoralista protagonizado por el Gobierno bien puede dar al traste con el cumplimiento de la senda de consolidación fiscal comprometida con Bruselas.

En los últimos meses, el Ejecutivo popular ha iniciado la campaña hablando de recuperar la agenda social y devolver los sacrificios realizados a los ciudadanos. Y eso se ha traducido en medidas cuyos costes superan los 3.000 y 7.000 millones sobre los que advierte Moscovici. Tan sólo la rebaja fiscal ya supera los 3.500 millones este año, a los que hay que sumar más de 2.000 millones por la recuperación de la paga extra en todas las Administraciones, cerca de 500 millones por la sanidad para los sin papeles, 120 millones por el nuevo plan de activación de empleo o 175 millones para el PIVE 8, entre otros.

De no haberse adoptado esas iniciativas, el déficit no se habría desviado según los cálculos de la Comisión. A pesar de que el Gobierno había remitido a Bruselas un aumento del consumo público del 0,1 por ciento en 2015, todo indica que el repunte puede ser mayor. "Han gastado en un impulso fiscal que no hacía falta, dejando sin margen para el año que viene", comentan miembros de la oposición.

En sus reuniones en Madrid, la Autoridad Fiscal trasladó a la Comisión la magnitud del agujero en el sistema de pensiones  

Y en cuanto al ejercicio de 2016, a esa desviación de 3.000 millones se han de añadir otros 4.000 millones de acuerdo con las previsiones de la Comisión. Para ese año, sólo por el Impuesto de Sociedades se prevé una rebaja de 2.200 millones de euros. La restitución del resto de la paga extra puede ascender a más de 2.000 millones. La subida de un 1 por ciento para los salarios del sector público rebasa los 1.000 millones. Y para el complemento a las pensiones de las madres con dos o más hijos se estima un desembolso de 51 millones de euros. Por si no fuera poco, los Presupuestos del año que viene también contemplan leves alzas en los capítulos de becas, dependencia, I+D e inversión. Como se puede comprobar, las alegrías anunciadas por el Ejecutivo para devolver los esfuerzos de la sociedad sobrepasan de largo las previsiones de desviación de déficit de la Comisión. A tenor de los números elaborados en las instituciones europeas, el objetivo de déficit sería factible. Pero el Gobierno español ha tomado una pausa en la todavía exigente senda de consolidación fiscal mientras Bruselas hace la vista gorda ante la proximidad de las urnas y el miedo a que un partido del tipo Syriza entre en el Gobierno.

Ahora bien, ¿qué ha podido ocurrir para que la Comisión haya reaccionado con tanta virulencia? Ya de por sí, en Europa no gustaba eso de bajar impuestos sin haber culminado todavía el ajuste presupuestario comprometido. Si bien la gota que parece que ha colmado el vaso ha sido el estado de las cuentas de la Seguridad Social. Por culpa de la devaluación salarial, la tarifa plana y el agotamiento de las prestaciones de paro que cotizan, los ingresos del sistema de pensiones apenas crecen un 1 por ciento cuando se esperaba que alcanzasen un incremento del 7. Y para el año que viene se recoge otro aumento del entorno del 6 por ciento en los Presupuestos, lo que implica que en dos años se podría sumar una desviación en la caja de más de 10 puntos. O lo que es lo mismo, por encima de los 10.000 millones. Se trata de un desfase tan ostentoso que el propio Gobierno remitió a Bruselas unas cifras de recaudación de la Seguridad Social menos ambiciosas. En lugar de cifrar incrementos de los ingresos del orden del 6 por ciento en los dos años, el Ejecutivo anotó en el plan enviado un crecimiento del 1,8 por ciento en 2015 y del 3,9 en 2016. Una corrección que luego no se cuadraba con más medidas por la parte del gasto y que debió provocar la indignación de los hombres de negro. Máxime después de que éstos se reuniesen en Madrid con la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, donde les trasladaron que en su opinión la recaudación de la Seguridad Social podía quedarse corta hasta en 15.000 millones.   


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