Hacienda pone muy difícil dar el remanente del FLA a Cataluña

Hacienda ha remitido una misiva a la Generalitat de Cataluña en la que exige un ajuste de 1.318 millones de euros antes del próximo 15 de noviembre y en medio del órdago soberanista.

El Govern no había contabilizado en las cifras de déficit una serie de contratos de colaboración público-privada para la construcción de carreteras y prisiones. Aprovechando el llamado método alemán, el departamento de Economía que dirige Andreu Mas-Colell retrasó la contabilización de los pagos. Sin embargo, Eurostat ha obligado a la Generalitat a imputar en 2015 todos esos desembolsos no registrados de años pasados. Así que el Ministerio pide al Govern de Artur Mas que compense esa nueva imputación de gasto.

Montoro le ha echado un claro pulso a Mas: o el president en funciones se retrata en medio del órdago soberanista aprobando un plan de ajuste o se arriesga a quedarse sin liquidez

El problema radica en que el plan de ajuste es una condición 'sine qua non' para poder acceder a los recursos del Fondo de Liquidez Autonómico pendientes de reparto. De hecho, la Generalitat fue la única Comunidad que aprobó en julio un Plan de Reequilibrio Financiero con tal de conseguir una parte de los 9.000 millones de euros del FLA todavía sin asignar. En concreto, la Generalidad solicita del Fondo un préstamo de 2.600 millones de euros para poder pagar a sus proveedores.

De repente, a la Generalitat se le exige un esfuerzo presupuestario extra por valor del 0,63 por ciento del PIB catalán. Un ajuste muy considerable a tan sólo mes y medio del cierre del ejercicio y cuando tiene toda la pinta de que se va a desviar del objetivo de déficit hasta el 2 por ciento del PIB, muy lejos del 0,7 exigido por Hacienda. Aunque los planes de reequilibrio financiero que se piden a las Comunidades incumplidoras valgan para este ejercicio y el siguiente, se antoja algo difícil que la Generalitat se quite la careta, hinque la rodilla y presente justo ahora un ajuste adicional que en cualquier caso no tiene intención alguna de cumplir. En pleno desacato a las autoridades españolas, los secesionistas se pondrían claramente en evidencia. Así que Montoro le ha echado un claro pulso a Mas: o el president en funciones se retrata o se arriesga a quedarse sin liquidez.

Se trata de un paso más en una escalada gradual que podría acabar en la intervención de la Tesorería de la Generalitat al amparo del artículo 155 de la Constitución. A pesar de que padece una suerte de duda hamletiana porque no quiere dejar de sufragar los servicios públicos de los ciudadanos de Cataluña, el Gobierno tiene ya listos todos los escenarios. Si bien fuentes de Hacienda señalan que en el terreno presupuestario no se tomará ninguna medida dura en tanto no haya un president nombrado.