Las principales firmas buscan claves que les anticipen lo que ocurrirá en España a partir de diciembre

El Gobierno tranquiliza a los grandes fondos de inversión: Rajoy ganará las próximas elecciones generales

El 24-M ha abierto un nuevo ciclo político que inquieta a los grandes fondos de inversión. Firmas como Blackstone, Lone Star o TCI, que han invertido miles de millones en diversos sectores, sobre todo el inmobiliario, han puesto sus oídos en el Gobierno. El mensaje que los ministros del área económica les han trasladado es que Mariano Rajoy tiene altas posibilidades de ganar las próximas elecciones generales.

Mariano Rajoy, junto a la vicepresidenta y los ministros de Economía y Hacienda.
Mariano Rajoy, junto a la vicepresidenta y los ministros de Economía y Hacienda. EFE

Los resultados tan confusos que han arrojado las elecciones autonómicas y locales, sometidos a múltiples interpretaciones, han provocado alarma a los grandes fondos de inversión, deseosos de conocer de primera mano cuales son los escenarios que maneja el Gobierno de aquí a seis o siete meses, lo que equivale a preguntar quién ganará las próximas elecciones generales. “Hay fondos que han llegado a España con la aspiración de convertirse en la inmobiliaria más importante del país, otros con el interés de invertir en grandes operaciones de infraestructuras, en hoteles o en centros comerciales. Y  su inquietud es grande, no tanto por cómo se vayan a gestionar algunos ayuntamientos y comunidades autónomas, sino por la posibilidad de que se les cambien las reglas de juego en toda España y tengan que reconsiderar sus negocios al encontrarse de golpe en territorio hostil”, señalan fuentes del Gobierno.

Los grandes inversores temen que España acabe siendo territorio hostil

La información que desde el área económica del Ejecutivo se les ha facilitado a firmas como Blackstone, Lone Star, TCI y a las protagonistas principales de operaciones en la banca, las plataformas inmobiliarias, los edificios oficiales o infraestructuras del transporte, ha sido idéntica: Mariano Rajoy tiene altas posibilidades de ganar las próximas elecciones generales. “Lo que estamos haciendo es transmitir confianza a los inversores, partiendo de un escenario electoral que puede contribuir a consolidar las reformas hechas por el Gobierno o, por el contrario, revertirlas de forma peligrosa conduciéndonos a todos a una situación parecida a la que vivió España en 2012”, apuntan fuentes del Ejecutivo.

La inversión extranjera productiva, que excluye las entidades de tenencia de valores extranjeros, rozó el año pasado los 18.000 millones de euros, casi un 10% más que en 2013, de acuerdo con los datos del Registro de Inversiones. Este dato fue el quinto mejor desde el año 2000 y se produjo en un contexto de retroceso mundial de la inversión. En el arranque de este año, ha habido fondos muy agresivos, sobre todo en el sector de la construcción, que están también atentos a las oportunidades de compras que hay dentro del ‘banco malo’, sin perder tampoco de vista la buena ocasión que les ofrece el mercado italiano. Si la situación política se complica, añaden las fuentes, habrá un gran volumen de inversión extranjera, la que hasta ahora había entrado a chorro en España, que busque otros destinos menos inseguros y más rentables.

Pactos imprescindibles en ayuntamientos y comunidades

En este contexto de incertidumbres políticas, lo que les ha transmitido el Gobierno a estos fondos es que en España acaba de abrirse un nuevo ciclo político en el que habrá que abordar como algo natural la necesidad de acuerdos en muchas instituciones, pero sin que el bipartidismo haya quedado tocado de muerte, a pesar del deseo de una gran parte de la población de abrir el paso  a nuevos actores que contribuyan a cambiar la cultura política. En esta especie de refundación del sistema, que conlleva la recomposición de los espacios del centro y de la izquierda, el Gobierno entiende que no se pueden extrapolar los resultados conocidos el pasado 24 de mayo a los de unas elecciones generales, aunque sí puedan ser útiles para anticipar las corrientes profundas que discurren en el electorado.

Encuestas que no se han hecho públicas reflejan que si las legislativas se hubieran celebrado ahora, el PP hubiera obtenido, probablemente, el 27% de los apoyos, el PSOE el 24%, mientras que Ciudadanos y Podemos se hubieran disparado, probablemente, por encima del 12% al presentar candidaturas en más circunscripciones y haber concurrido con marca propia tanto Albert Rivera como Pablo Iglesias. En el Ejecutivo se opina también que en las próximas elecciones generales habrá una alta participación, debido, sobre todo, a la movilización del voto joven.

En la información que se ha trasladado a los grandes fondos se advierte de que la ley D´Hont penalizará a los partidos que queden en tercera y cuarta posición, lo que no podrá evitar que los llamados emergentes acaben como bisagras o muletas del PP o del PSOE, sustituyendo el papel que desde la Transición han venido desempeñando los nacionalistas vascos y catalanes. Para el Gobierno, es crucial conocer cómo se gestionan las alianzas postelectorales en ayuntamientos y comunidades en las próximas semanas y meses y, lo que es también importante, cómo se presentan y son interpretadas por el electorado. Hay sociólogos como José Juan Toharia, que han avanzado que si, al final, Rivera e Iglesias no contribuyen pronto a la gobernabilidad de autonomías y ayuntamientos, perderán votos y el electorado buscará la estabilidad apostando de nuevo por los dos grandes partidos. En otras palabras, la ingobernabilidad acabaría penalizando a las formaciones jóvenes, por lo que cabe deducir que, si son inteligentes, cerrarán acuerdos pronto para no ser castigados en las elecciones generales.

La ingobernabilidad acabaría penalizando a Podemos y a Ciudadanos si retrasan los pactos

Desde el Gobierno también se ha trasladado a estos fondos las dificultades que van a encontrar aquellas formaciones que quieran disparar el gasto público, debido al estricto control establecido sobre las diferentes administraciones sometidas a la ley de Estabilidad Presupuestaria. Gracias a esta monitorización diseñada desde el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro, España sigue comprometida con los objetivos de déficit trasladados a Bruselas, lo que ha hecho posible la recuperación de la confianza –el 50% de la deuda del Estado, aproximadamente el 100% del PIB, la tienen ya acreedores extranjeros– y la revisión al alza de las previsiones de crecimiento, con una mejora generalizada de todos los indicadores relativos a creación de empleo, aumento de la demanda interna, exportaciones, aumento de la competitividad y financiación barata de una deuda pública que rozó en el cierre del último ejercicio el 98% del PIB.


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