Economía

La banca cambia el discurso: aumentará los pisos sociales tras el efecto Colau y Carmena

Las entidades se muestran dispuestos a aumentar el número de viviendas sociales que se vienen destinando al Fondo Social de Vivienda, conscientes de que esta es una medida estrella de las futuribles alcaldesas de Barcelona y Madrid. Hasta la fecha sólo se han acogido 1.465 familias, con lo que aún hay 4.535 pisos vacíos.

Ada Colau, futura alcaldesa de Barcelona.
Ada Colau, futura alcaldesa de Barcelona.

Las urnas han construido un nuevo juego de relaciones. No sólo entre los propios partidos políticos, más necesitados que nunca de acuerdos ante la estrechez de las victorias. También entre los nuevos líderes y las empresas del Ibex 35. La banca será uno de los primeros sectores con los que se inicien los contactos. Es el paso que espera el sector financiero, donde ya ha comenzado con su tímido cambio de discurso ante las propuestas sociales que aparecen en los programas de Ada Colau y Manuela Carmena.

Su llegada a los ayuntamientos de Barcelona (un movimiento seguro en el caso de la líder de Guayem Barcelona) y Madrid (más que probable para la de Ahora Madrid) anticipa un choque con los intereses de la banca en aquellos aspectos donde Ayuntamientos y Comunidades Autónomas tienen competencia para legislar sobre políticas que pueden afectar directamente a las entidades. El pasado activista de Colau en la lucha contra los desahucios, como inspiradora de la Plataforma de Afectados contra la Hipoteca (PAH), se refleja en las medidas que aportaba Carmena en su programa electoral. Entre otras "Incentivar la puesta en uso de viviendas permanentemente desocupadas de la SAREB, entidades financieras y otras grandes empresas a través de un censo que determine su número y su estado y a través de convenios que permitan que estas viviendas pasen al parque público de vivienda en régimen de alquiler y alquiler social". 

Peticiones que la banca está dispuesta a abordar. "Estamos dispuestos a aumentar el número de viviendas sociales que se vienen destinando al Fondo Social de Vivienda (FSV)", aseguran varios representantes del sector financiero a Vozpópuli, consciente de que será una de las primeras reclamaciones que recibirán desde los consistorios y comunidades gobernadas por el frente de izquierdas entre PSOE y Podemos, cualesquiera que sean sus siglas. "Pese a que existen pisos vacíos sin adjudicar en esta bolsa de pisos sociales, existe predisposición a aumentar la cantidad de viviendas en régimen de alquiler social", enfatizan desde el sector.

El Fondo Social de Vivienda ha recibido 3.507 solicitudes desde su constitución en 2013 hasta el cierre de 2014, con un incremento el pasado año del 42%. Este aumento responde a que un mayor número de familias se pueden acoger al FSV tras las sucesivas ampliaciones de los requisitos. También se han registrado mejoras de gestión y un mayor conocimiento por parte de los potenciales beneficiarios; es decir, los más afectados por la crisis y que no pueden hacer frente al pago de la hipoteca. Sin embargo, hasta la fecha sólo se han acogido 1.465 familias, con lo que aún hay 4.535 pisos vacíos.

El Fondo Social de Vivienda ha recibido 3.507 solicitudes desde su constitución en 2013 hasta el cierre de 2014

Esta bolsa de viviendas sociales se creó en enero de 2013 con 5.891 viviendas aportadas por los bancos para dar asistencia a las familias más vulnerables mediante alquileres reducidos (entre 150 y 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos de la unidad familiar). Expiraba a los dos años de su constitución (17 de enero pasado) pero el Gobierno lo ha prorrogado un año más, hasta enero de 2016. Un total de 31.000 familias se han beneficiado de esta medida, además del código de Buenas Prácticas y la moratoria de desahucios.

Los datos del Fondo reflejan que en 2014 se recibieron 2.061 solicitudes, un 42% por encima de las 1.446 registradas en 2013. En conjunto, las peticiones suman 3.507, de las que 2.230 han sido aceptadas; 1.003, rechazadas y 274 están pendientes de examinar. Tienen ya vivienda asignada 1.969 solicitudes y se han realizado 1.767 contratos (465 en 2013 y 1.302 en 2014, un 280% más). El aumento del número de peticiones y de contratos en 2014 sobre 2013 responde a la flexibilización de los requisitos para poder acceder a una de estas casas y a la ampliación de los colectivos susceptibles de acogerse. También obedece a las mejoras de gestión y al mayor conocimiento por parte de los potenciales beneficiarios.

Se pueden acoger al FSV aquellas personas que hayan sido desalojadas de su vivienda habitual después del 1 de enero de 2008 por una demanda de ejecución por impago de un préstamo hipotecario. Deben reunir una serie de requisitos económicos. En concreto, que el conjunto de los ingresos anuales de la unidad familiar no superen el límite de tres veces el Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples calculado por 14 pagas (22.365,42 euros en 2015).

Además, deben cumplir con otros requisitos, como ser familia numerosa; tener menores a cargo; tener algún discapacitado; que el deudor esté en situación de desempleo y haya agotado las prestaciones; las víctimas de violencia de género; y todas aquellas personas o unidades familiares vulnerables para las que la vivienda supone, de acuerdo con el informe de los servicios sociales, un activo indispensable para el mantenimiento de su inclusión social.

Tienen ya vivienda asignada 1.969 solicitudes y se han realizado 1.767 contratos (465 en 2013 y 1.302 en 2014, un 280% más)

En mayo de 2014 se acordó ampliar el ámbito de aplicación del Fondo para dar cabida a un mayor número de familias sin capacidad para afrontar el pago de un alquiler en régimen de mercado. Con esta modificación se abrió la posibilidad de que las familias se mantuvieran en la vivienda que habitaban aunque la hubieran perdido por una ejecución forzosa y aun después de que hubiera sido adjudicada. También se recogió esta opción para las daciones en pago.

Igualmente, se incluyó a familias con hijos de hasta 18 años (hasta entonces el límite estaba en 3 años); dependientes o discapacitados (se eliminó el mínimo del 33% de discapacidad); prejubilados o jubilados que hubieran avalado con sus viviendas a sus hijos o nietos (esta circunstancia no estaba recogida) y otras personas en situación no tipificada pero que así lo aconsejen los servicios sociales. Con esta ampliación de requisitos se incluye prácticamente a todos los colectivos con necesidades especiales derivadas de la crisis.


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