Publicado: 07/07/2016 04:00
El Fondo de Reserva acabará el año con menos de 20.000 millones. El Gobierno sacó el pasado viernes 8.700 millones para pagar la extra de verano a los pensionistas y dejó claro que volverá a hacerlo en diciembre para pagar la extra de Navidad si tiene que hacerlo. Pero ¿qué pasará en 2017? La limitación con la que nació la ‘hucha de las pensiones’ volverá a estar en vigor a no ser que el Gobierno utilice una norma de rango legal para evitarlo, como los Presupuestos Generales de 2017.
El Fondo de Reserva se creó en el año 2000 para hacer frente a los desequilibrios coyunturales entre ingresos y gastos. Se nutrió durante años de los excedentes obtenidos durante el periodo de bonanza económica y con algunas aportaciones hechas en los primeros años de la crisis (2008 y 2010). En total, del año 2000 al año 2015 se aportaron 52.113 millones de euros y de 2012 y hasta 2015 se retiraron 45.451 millones.
La Ley que regula el Fondo de reserva limita al 3% del gasto total en pensiones contributivas y gastos de gestión la cantidad que se puede retirar del Fondo cada año. El Gobierno eliminó esta limitación para los años 2012, 2013 y 2014 a través de un decreto ley por las dificultades que trajo la crisis para pagar las prestaciones. Y volvió a hacerlo para los años 2015 y 2016 a través de los Presupuestos Generales del Estado del año 2015.
CC.OO. cree que el Gobierno ha usado el Fondo en 2015 y 2016 para financiar las bonificaciones de cotizaciones
Es cierto que en los primeros ejercicios, en los que se produjo una fuerte destrucción de empleo de forma generalizada en todos los sectores de actividad, resultó necesario suspender esta limitación para garantizar las pensiones, pero no está tan claro en años 2015 y 2016, de recuperación económica. De hecho, el sindicato CC.OO. cree que el Gobierno ha estado utilizando el Fondo para poder aplicar su política de reducción de cotizaciones y bajadas de impuestos.
Este tipo de medidas, explica el sindicato, merman la recaudación del sistema y dificultan el pago de las pensiones, motivo por el que CC.OO. pide recuperar los límites legales máximos de disponibilidad de la ‘hucha de las pensiones’ para asegurar su supervivencia. Lo cierto es que si el Gobierno no hace nada para cambiarlo, la limitación entrará en vigor automáticamente el año que viene.
Es probable que el Ejecutivo vuelva a utilizar las cuentas para hacer esta modificación y poder recurrir el Fondo sin límites el año que viene. La paga extra de verano de este año ha obligado a sacar 8.700 millones y el año que viene la economía y el empleo crecerán algo menos de lo que están creciendo ahora, lo que hace pensar que los ingresos evolucionarán algo peor que este año. Fuentes gubernamentales aseguran a Vozpópuli que habrá que esperar a ver cómo se negocian los Presupuestos.
El agotamiento del Fondo pone de manifiesto la necesidad de reformar el sistema
En cualquier caso, la situación del Fondo pone de manifiesto una vez más la necesidad de reformar el sistema de pensiones. Casi todos los partidos coinciden en la necesidad de hacer reformas en este sentido y cada vez son más los agentes económicos que presentan sus propuestas para llevar a cabo la reforma. Según dijo el servicio de estudios de BBVA, BBVA Research, harán falta 10 millones de afiliados más para mantener las prestaciones si no se transforma el sistema.
Según CC.OO., el sistema de pensiones tiene actualmente una situación fuertemente deficitaria y cada vez una parte más importante de ese déficit es estructural. La parte coyuntural se debe a la pérdida de casi 3 millones de cotizantes entre 2007 y 2013 y la parte estructural se explica por la mejora de las nuevas pensiones en comparación con las que causan baja y el aumento del número de pensionistas que, además, no dejará de crecer en los próximos años.
Por este motivo, cada vez son más las propuestas que llegan desde el mundo económico para que se lleve a cabo una política económica que apueste decididamente por el aumento del empleo y la mejora de las bases de cotización, pero también por la provisión de recursos para hacer frente a ese déficit estructural que amenaza la supervivencia del sistema.
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