Economía

El Gobierno prepara un nuevo Fondo de Liquidez Autonómico para asistir a los ayuntamientos

La nueva fase del Fondo de Liquidez Autonómico que estudia el Ministerio de Hacienda servirá para financiar las deudas que tienen las Comunidades Autónomas con los municipios debido a la gestión de servicios sociales.

El Ejecutivo estudia una nueva fase del Fondo de Liquidez Autonómico que servirá para financiar las deudas que mantienen las Comunidades Autónomas con los ayuntamientos y diputaciones debido a la gestión de los servicios sociales. La medida estuvo a punto de aprobarse el pasado Consejo de Ministros, pero de acuerdo con fuentes de Hacienda ésta se ha retrasado sine die.

Según las fuentes consultadas, se trata de gastos que no se han introducido en los sucesivos FLAs y pagos a proveedores y cuyo montante podría alcanzar como mucho los 2.000 millones de euros que faltan por repartir del FLA. El grueso de las deudas que se abonarán corresponde al pago de los convenios que las Comunidades firmaron con entidades locales en materia de sanidad, educación, vivienda, transporte o servicios sociales, muchos de ellos suscritos con fecha anterior al 2012.

Algunas Comunidades se quejan de que en ocasiones los ayuntamientos asumieron la creación y construcción de centros y servicios sociales, como por ejemplo los centros de día de atención a mayores, residencias, ambulatorios o guarderías. Sin embargo, la gestión, el equipamiento y el personal de estas instituciones en principio corre por ley a cargo de las Comunidades. De modo que cuando los municipios se quedaron sin fondos fruto del advenimiento de la crisis, entonces reclamaron la financiación a las Autonomías. Y si bien se han orquestado varios sistemas de pago a proveedores para abonar las facturas arrastradas por los ayuntamientos, conceptos como estos servicios no se contemplaron y se dejaron sin pagar.

La nueva ley de reforma local pretende delimitar estas competencias de modo que no vuelva a repetirse que una entidad local se arrogue un servicio cuya planificación sólo puede corresponder a las Comunidades. Una Administración, una competencia será el principio rector. Pero antes de hacer la tabula rasa hay que limpiar todo la bola acumulada de transferencias no abonadas.

De acuerdo con las fuentes consultadas, en ningún caso la cifra se acercará a los 2.000 millones. Pero incluso así no se trata de una cantidad menor para las cuentas de muchos ayuntamientos lanzados a la carrera electoral y por lo tanto comprometidos con el suministro de este tipo de servicios.

Los excedentes del FLA

La financiación de este sistema procederá de los excedentes del Fondo de Liquidez Autonómico. El Ejecutivo presupuestó unos 23.000 millones de financiación para el FLA de 2014. Pero las Comunidades sólo solicitaron unos 17.000 millones para cubrir los vencimientos y los objetivos déficits. Sobraban 5.000 millones que las Autonomías reclamaron para sí en la forma de mayor liquidez, en especial para financiar las pelotas formadas por los déficits no financiados en ejercicios anteriores y las clasificaciones de facturas o pagos que no se habían incluido en los diversas ediciones del FLA o del plan de proveedores.

A mediados de junio, el Gobierno concedió a los gobiernos autonómicos 3.000 millones de euros más de FLA. Pero todavía restan unos 2.000 millones, de los que precisamente una parte ahora se destinará a ese gasto social de los municipios.

La deuda se dispara

Las Comunidades además han recibido más facilidades de financiación que según los cálculos de Hacienda ascienden en su conjunto a los 5.700 millones. El Ministerio de Cristóbal Montoro ha rebajado al 1 por ciento el tipo de interés del FLA, ha ampliado los plazos para abonar los intereses y devolver el FLA de 2012, y ha elevado a 20 años el periodo para reintegrar las liquidaciones negativas de 2008 y 2009.

No obstante, todos los esfuerzos emprendidos por Hacienda para que no quede nada sin pagar se están traduciendo en un aumento muy considerable de la deuda de las Comunidades. Entre junio y junio, el endeudamiento de las CCAA según el Banco de España se incrementó en unos 20.000 millones, muy por encima de los déficits generados en ese mismo periodo.

En parte, este fenómeno se explicaría por la contabilización de deudas de empresas públicas que antes no se consolidaban pero que ahora Eurostat obliga a anotar. En parte, porque en noviembre y en febrero se articularon dos nuevos planes de pago a proveedores. Es decir, aún se están pagando deudas de fechas anteriores a mayo de 2013.


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