El Gobierno, dispuesto a aumentar la dotación autonómica en el nuevo modelo de financiación

El Ejecutivo ha establecido ya el mapa con el que redefinirá el nuevo sistema de financiación autonómica. El Gobierno pretende determinar primero la capacidad de ingresos de que dispone el Estado a través de la reforma fiscal y, sólo después acometer el reparto de esos fondos con un cambio en el modelo de financiación autonómica, según fuentes de Hacienda. Oficialmente, sólo se habla de principios generales para esa reforma, pero en la práctica, esos principios conllevan que las autonomías reciban más fondos del Estado Central y que dispongan de más capacidad para subir y bajar impuestos.

Hacienda busca un sistema “estable en el tiempo”, con un “alto grado de autonomía y corresponsabilidad fiscal” y con un grado ‘razonable’ de nivelación.

Más ingresos para las autonomías

El nivel de impuestos cedidos a las autonomías no ha dejado de crecer desde que comenzaron las revisiones del sistema de financiación autonómica. En la actualidad, las comunidades autónomas reciben la mitad de lo que el Estado recauda con el Impuesto de la Renta y con el IVA y el 58% de lo que se ingresa con los Impuestos a la gasolina, alcohol y tabaco. El Ejecutivo puede abrir más ese grifo para llevar al 58% los tres porcentajes. A fecha de hoy, el 87,5% del total de los ingresos de las autonomías proviene de esas tres fuentes de ingresos, según los datos de Hacienda. Una mayor cesión aumentaría, lógicamente, esa cuantía.

	HASTA 2009	ACTUAL
IRPF	33%	50%
IVA	35%	50%
II.EE.	40%	58%
PESO INGRESOS / TOTAL (2009)	87,5%
PESO INGRESOS /TOTAL (2001)	68,3%
PESO INGRESOS / TOTAL (1996)	55,8%
PESO INGRESOS / TOTAL (1992)	41,0%

En la actualidad, las comunidades reciben tres fuentes de ingresos del Estado para financiarse:

• Los impuestos totalmente cedidos: Impuesto del Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, entre otros.
• Los impuestos parcialmente cedidos: IRPF, IVA e Impuestos Especiales
• Y transferencias a través de una maraña de fondos como el de Suficiencia, Cooperación y Competitividad o el Fondo de Garantía de los Servicios Públicos

La fórmula preferida por quienes deben tomar la decisión final es, precisamente, la de modificar la tercera pata, recalculando el llamado “factor de nivelación” y los porcentajes de gasto asignados a la prestación de servicios básicos (educación, sanidad y servicios sociales). Actualmente, se estima que el 75% del gasto autonómico se destina a esas tres partidas. El Ejecutivo apuesta por la revisión de ese porcentaje, lo que también conllevaría un aumento de la dotación autonómica.

Más “corresponsabilidad” fiscal y menos gastos

Por primera vez, el Gobierno quiere realizar las dos reformas en paralelo: estimar los nuevos ingresos con la reforma tributaria y fijar después los gastos. Por ese motivo, la reforma fiscal que el Ejecutivo ha encargado a un grupo de expertos y cuyos trabajos continúan tendrá también impacto en el nuevo modelo de financiación autonómica. Los miembros de esa comisión consultados aseguran que su apuesta es la de aumentar la autonomía fiscal de los gobiernos autonómicos, reforzando los mecanismos que premien el esfuerzo fiscal.

En términos prácticos, eso significa –según los miembros consultados— que quienes apliquen políticas fiscales estrictas podrían obtener más margen de financiación y podrán ingresar una parte mayor de los aumentos tributarios que apliquen frente a la situación actual en la que buena parte de los incrementos fiscales se han desviado a los fondos de nivelación. 

También en términos prácticos, esos mismos expertos se muestran partidarios de aumentar la capacidad de recaudación y gestión de los impuestos, tal y como reclaman autonomías como Cataluña, aunque insisten en señalar que “ésa es una decisión política y depende plenamente del Gobierno”.

Mariano Rajoy quiere presentar el nuevo modelo de financiación autonómica tras el primer semestre de 2014 y pretende posponer hasta entonces el debate interno abierto por algunos de sus barones como el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que reclaman un sistema “más justo”.