El Ejecutivo avisa que la tarta a repartir no excederá de 108.000 millones de euros y no habrá dinero extra

Los ‘barones’ del PP de Madrid, Valencia, Murcia y Baleares presionan al Gobierno para que acelere el nuevo modelo de financiación

Ignacio González, Alberto Fabra, Ramón Luis Valcárcel y José Ramón Bauzá están sumando fuerzas frente al Gobierno de Mariano Rajoy para conseguir que haya un nuevo modelo de financiación el año que viene. Sin embargo, todo apunta a que no será posible hasta 2015 y que la tarta a repartir no excederá de los 108.000 millones, la misma que corresponde al ejercicio de 2010, el último que se ha liquidado. No habrá dinero extra.

La información facilitada por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, sobre los contactos que mantiene con el Gobierno para renovar el actual modelo de financiación ha vuelto a inquietar al resto de los presidentes autonómicos, especialmente a los de las cuatro comunidades -Madrid, Valencia, Murcia y Baleares- que más presiones están ejerciendo para acelerar el nacimiento del nuevo sistema y para que éste no incluya ventajas especiales para Cataluña. Mas enterró primero el llamado ‘pacto fiscal’, que buscaba un concierto económico similar al vasco, después izó la bandera soberanista y ahora, cuando se está viendo obligado a recogerla, ha puesto el foco sobre la negociación con el Gobierno de un nuevo modelo de financiación que ayude a oxigenar las arcas catalanas. Pero sus tiempos, así como el de los ‘barones’ regionales del PP más interesados en enterrar el actual modelo, son diferentes a los del Ejecutivo central, reconocen fuentes solventes.

En las comunidades gobernadas por el PP se recela de las ventajas que puede arañar Cataluña en la nueva financiación autonómica

Un presidente autonómico del PP que prefiere refugiarse en el anonimato lo tiene claro: “Nuestra financiación está por debajo de la media nacional y calculamos que el Estado nos debe 250 millones de euros. Yo he preferido enfrentarme al Gobierno y no cumplir con el déficit porque quiero dormir con la conciencia tranquila y no tener que cerrar colegios y hospitales”.

Estas presiones para elaborar un nuevo modelo de financiación para que entre en vigor en enero del año que viene chocan con el interés prioritario de otras comunidades autónomas también gobernadas por el PP para que el Gobierno haga un reparto razonable de la flexibilización de los objetivos de déficit que se espera de Bruselas. Las comunidades tendrían que quedar este año en un déficit del 0,7% del PIB, desde el 1,5% que estaba previsto en 2012, y esperan como agua de mayo reducir los ajustes que tienen pendientes y que serán más duros para aquellas que no cumplieron con sus deberes el año pasado. El lunes, se celebró una primera reunión de los expertos para estudiar el nuevo escenario que se abrirá cuando, desde la Comisión Europea, se diga la última palabra.

En el equipo económico del Gobierno se trabaja, en cualquier caso, con la premisa de que el nuevo modelo de financiación no verá la luz hasta enero de 2015, un horizonte que cumpliría con la revisión quinquenal del sistema establecida en la legislación de 2009. Así ha sido trasladado a los gobiernos regionales más quejosos con la situación. Lo que desde el Ejecutivo también se ha dejado claro a las comunidades más interesadas en mejorar sus condiciones de financiación y acelerar el proceso, es que no habrá más recursos añadidos al sistema y éste tendrá una cobertura que no superará en ningún caso los 108.000 millones de euros que operan como referencia en la liquidación del ejercicio de 2010. En otras palabras, que no habrá dinero extra.

Si todos los gobiernos regionales se quejan del actual modelo de financiación es que algunos de ellos, al menos, están saliendo beneficiados, se argumenta en el Gobierno

Un grupo de expertos trabaja en las reivindicaciones de las diferentes comunidades para contrastar sus datos y cuando tengan acabado su informe comenzará una negociación bilateral con cada una de ellas para acabar cocinando el acuerdo final del nuevo modelo en el Consejo de Política Fiscal, probablemente bien entrado 2014. Fuentes gubernamentales argumentan que no todas las quejas proporcionadas por los gobiernos regionales pueden tener  fundamento ya que si todas las comunidades están en contra del actual modelo, como parece a simple vista, quiere decir que alguna de ellas, al menos, se está beneficiando del mismo.


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