Economía

Rato se enfrenta a 6 años de cárcel y Bankia a tener que devolver el dinero de la salida a Bolsa

El informe pericial en manos del juez Andreu, en el que se asegura que las cuentas de Bankia en el momento de la salida a Bolsa eran falsas, abre la puerta a que los inversores puedan recuperar su dinero. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la UE admite esta vía cuando la información financiera contenida en el folleto de una OPV no se corresponde con la realidad.

José Luis Olivas, Rodrigo Rato y Francisco Verdú, los tres máximos dirigentes de Bankia en su salida a Bolsa.
José Luis Olivas, Rodrigo Rato y Francisco Verdú, los tres máximos dirigentes de Bankia en su salida a Bolsa.

El informe pericial en poder del juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu abre la puerta a que el grupo BFA-Bankia tenga que devolver, al final del proceso judicial del caso Bankia, los poco más de 3.000 millones que captó en su salida a Bolsa en julio de 2011 al haberse producido esta operación con unos estados financieros que no correspondían con la realidad. Además, la constatación de que la situación patrimonial del grupo detallado en el folleto de la salida a Bolsa era falso, deja en una delicada situación al presidente de entonces Rodrigo Rato y al resto de consejeros y directivos directamente implicados en el salto al parqué de Bankia. El ex vicepresidente del Gobierno Aznar se enfrenta a 6 años de cárcel.

El Código Penal recoge desde 2010 un delito que castiga con penas de hasta seis años de cárcel para quienes ofrecen datos erróneos en los folletos de salida a Bolsa. El artículo 208 bis del Código Penal establece que "los que, como administradores de hecho o de derecho de una sociedad emisora de valores negociados en los mercados de valores, falsearan la información económico-financiera contenida en los folletos de emisión de cualesquiera instrumentos financieros o las informaciones que la sociedad debe publicar y difundir conforme a la legislación del mercado de valores sobre sus recursos, actividades y negocios presentes y futuros, con el propósito de captar inversores o depositantes, colocar cualquier tipo de activo financiero, u obtener financiación por cualquier medio, serán castigados con la pena de prisión de uno a cuatro años[...]".

El Código Penal añade que "en el supuesto de que se llegue a obtener la inversión, el depósito, la colocación del activo o la financiación, con perjuicio para el inversor, depositante, adquiriente de los activos financieros o acreedor, se impondrá la pena en la mitad superior". Es decir, que se partiría de un mínimo de dos años y medio de prisión. Y concluye señalando que "si el perjuicio causado fuera de notoria gravedad, la pena a imponer será de uno a seis años de prisión y multa de seis a doce meses".

El informe de los dos peritos del Banco de España se alinea con algunas sentencias que han dado la razón a los inversores al entender que existe error y dolo civil

En cuanto a Bankia, el informe de los dos peritos del Banco de España que colaboran en la investigación con el juez Andreu no es aún definitivo. Ala luz de sus conclusiones, es más que probable que el juez Andreu recabe más información al Banco de España y la propia Bankia a lo largo del proceso judicial del caso Bankia. Sin embargo, fuentes judiciales, si consideran que el citado texto es "significativo y concluyente" sobre la verdadera situación patrimonial de Bankia que no era la que se conoció en su folleto de salida a Bolsa.

"Este informe ha dado un giro al proceso de Bankia porque dos peritos del Banco de España corroboran, con total acceso a la información, que las cuentas del grupo estaban maquillados en su salida a Bolsa, abriendo la puerta a las demandas por dolo. Este informe puede ser definitivo para que, una vez finalice el juicio por el caso Bankia, aquellos que compraron acciones en la salida a Bolsa puedan demandar en los juzgados la devolución de toda su inversión", explican estas fuentes.

Los afectados podrían solicitar una reclamación de nulidad que encuentra fundamento en la falsedad de las cuentas que presentó Bankia para justificar el supuesto valor razonable de sus acciones: los inversores confiaron en estar comprando acciones de una entidad solvente, capitalizada, con beneficios; cuando la realidad es que tenía una necesidad acuciante de capitalización, que condujo a la mayor operación de rescate de una entidad financiera española en el transcurso de la actual crisis económico-financiera. No podrán reclamar quienes compraron acciones después de conocerse que las cuentas presentadas por el equipo directivo de Rodrigo Rato no eran aceptables.

Hasta la fecha, la Justicia ya ha dictado un pequeño número de sentencias a favor de los inversores al considerar que existieron vicios en el consentimiento (error y dolo civil). La más reciente se conoció el pasado 12 de noviembre. Un matrimonio de la población valenciana de Carcaixent recuperará los 6.000 euros que gastó en la compra de acciones de Bankia en 2011, según la reciente sentencia del juzgado de primera instancia de Valencia, que se puede recurrir. El juez considera probado que la entidad financiera entregó a la pareja información que proyectaba una imagen que "no se correspondía con la verdadera situación financiera, tal y como se puso de manifiesto en los meses posteriores a la emisión de las acciones", según indica la sentencia. Bankia también ha sufrido sentencias contrarias por reclamaciones de mala comercialización en la venta de acciones de su OPV.

Sentencia a nivel europeo

A nivel europeo, ya existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE), del 19 de diciembre de 2013, que posibilita a los inversores recuperar su inversión si existe falsedad contable. Esta sentencia tiene su origen en una cuestión prejudicial (la cuestión prejudicial es una pregunta que formula un Juez de uno de los Estados miembro de la Unión sobre la forma en que ha de interpretarse alguna norma europea o bien si alguna norma interna de ese Estado es conforme con la normativa europea) que planteó un juez austríaco en relación con una norma estatal que prevé que cuando el comprador de unas acciones adquiera éstas con base en la información financiera publicada por la sociedad que emite esas acciones y luego se compruebe que esa información es incorrecta, podrá pedir el resarcimiento de los perjuicios económicos producidos (con el límite de la cantidad invertida más los gastos en que incurrió y sus intereses) a la propia entidad emisora.

El juez austríaco pregunta si esa previsión es conforme con varias directivas europeas. El TJUE entiende que cuando la información publicada no es correcta se infringe lo previsto en las Directivas abuso de mercado, transparencia y folletos; estas directivas no establecen cuál es la sanción civil que corresponde a esa infracción, por lo que hay que estar a lo que regule el ordenamiento interno de cada Estado miembro. El ordenamiento austríaco prevé que la víctima de la información engañosa pueda reclamar la indemnización de los perjuicios sufridos a la propia sociedad que publica esa información; y el TJUE viene a decir que ésta es la regulación más razonable.

Pues bien, el ordenamiento español no contiene ninguna regulación expresa sobre esa materia. Hay que acudir a la normativa civil que regula las relaciones contractuales. Esta legislación permite que quienes hayan comprado acciones en la OPS, antes del desplome de su cotización, cuando aún no se conocía la falsedad de sus cuentas, y conserven tales acciones (con la reducción derivada de la operación acordeón que se acordó para la recapitalización de Bankia) puedan pedir la nulidad de la adquisición porque decidieron comprar por un error sobre su valor razonable, lo que constituye error sobre un elemento esencial del contrato que no se puede imputar al inversor (ni siquiera aunque se trate de un inversor experimentado o con un perfil de riesgo elevado). Mientras, si vendió las acciones, podrá reclamar el resarcimiento de la pérdida sufrida (por la diferencia entre el capital invertido y el obtenido tras la venta) por la incorrecta información precontractual (lo que se denomina, técnicamente, culpa in contrahendo).

En el primer caso, se podrán reclamar además los intereses legales desde la fecha de adquisición (el interés legal lleva fijado en el 4% anual desde el 1-4-2009) con fundamento en el art. 1.303 CC; en el segundo caso, se podrán reclamar los intereses legales desde que se formule la primera reclamación de resarcimiento del daño producido.


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