Economía

Los servicios públicos de empleo sólo colocaron el año pasado el 2% de las contrataciones en España

Pese a la presión de Bruselas para modernizar el sistema, la reforma encalla en las Autonomías tras seis años de crisis. Incluso manejando menos recursos, las empresas de trabajo temporal colocan un 2,9%.

Los servicios públicos de Empleo apenas colocaron el 2 por ciento de todas las contrataciones de asalariados que se firmaron en España en 2013, según las últimas cifras del INE. Y este dato supuso una mejora de cuatro décimas respecto a 2012. Con la crisis entrando en su sexto año y el número de parados rondando los 6 millones, la modernización del antiguo INEM ahora conocido como SEPE ni está ni se le espera…

Por su parte, incluso manejando menos recursos y sin tener acceso a todos los parados, las empresas de trabajo temporal mejoraron el triste récord del antiguo INEM e intermediaron en el 2,9 por ciento de todas las contrataciones, prácticamente un tercio más. Por no hablar de que un portal como Infojobs coloca del orden de 350.000 trabajadores al año.

Estas cifras se conocen al tiempo que el Ministerio ha empezado a aplicar un nuevo marco en el que concederá una parte de los recursos a las CCAA en función de los resultados conseguidos. Sólo que tal y como ha avanzado Vozpópuli, la ligazón o no a los objetivos sólo se premia o castiga con una cantidad que como mucho alcanza el 2 por ciento de los fondos. O sea, a lo sumo un par de millones de euros por Comunidad.

Al mismo tiempo, la Unión Europea sigue insistiendo en que se modernicen los servicios públicos de empleo. Sin embargo, de esto nada se sabe, salvo por la creación de un portal único que lleva años anunciándose pero nunca se concreta.

Al preguntar por este hecho a fuentes gubernamentales, el dedo acusador señala a las Comunidades Autónomas. Se trata de una competencia autonómica y por lo tanto la reforma del sistema está encallada en las Autonomías.

“En España los servicios de empleo desembolsan 14.000 euros para formar a alguien como peón. Tan sólo colocan a un porcentaje muy pequeño de los demandantes de empleo. Y si a eso le sumamos que los funcionarios del antiguo INEM están desmoralizados, el sistema está roto. Hay que darle una vuelta a todo”, explica una fuente del sector.

De la privatización al Plan de Garantía Juvenil

Ante semejante panorama, cada vez más voces, muchas de ellas académicas, abogan por la deslocalización de las recolocaciones a empresas privadas, pagándoles por parado reubicado, un modelo que impera en toda Europa, incluso en países tan poco sospechosos de pecar de neoliberalismo como Francia.

En Holanda, lo primero que se hace es un diagnóstico personalizado del parado en cuanto entra por la puerta, con el propósito de diseñarle una estrategia y un itinerario de formación. En Reino Unido, tienen calculado que se ahorran entre 1,3 y 1,4 veces el dinero invertido. Pero ni por esas: Empleo no se ha atrevido a implementar este formato con decisión y sólo ha comprometido unos 50 millones al año para que las agencias privadas recoloquen parados. E incluso así, el proceso está estancado.

Por un lado, se confía una vez más en las bonificaciones y las reducciones de cuotas a la Seguridad Social, a pesar de que el propio Ministerio de Empleo ya las eliminó al principio aduciendo su escasa efectividad.

Y por otro, se trabaja en el nuevo Plan de Garantía Juvenil, que en Europa pretende garantizar a cualquier joven de menos de 25 años unas prácticas, un trabajo o más formación en un plazo de cuatro meses desde que concluye los estudios. Sin embargo, en España este objetivo se antoja irrealizable, así que los esfuerzos se van a concentrar en su lugar en los ninis. A partir del 25 de junio, éstos podrán inscribirse en un registro único para beneficiarse del Plan.

Este programa contará con 1.887 millones procedentes de Europa, de los que aproximadamente la mitad irán a la Administración Central y la otra mitad a las Autonomías. Sin embargo, Bruselas sólo anticipa un 1 por ciento de los recursos. Y ello añade nuevas dificultades a su implementación, pues repercutirá en las cifras de déficit público.  


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