Publicado: 24/01/2014 04:00
El exministro de Trabajo Valeriano Gómez presentó este jueves un informe en el que apunta lo que, en su opinión, es la consecuencia más preocupante de la reforma laboral: casi cuatro millones de trabajadores en activo, el 33% del total, habrían dejado de estar amparados en los dos últimos años por un convenio colectivo. En 2011 había casi 11 millones de empleados protegidos por este tipo de acuerdos, volumen que bajó a los nueve millones en 2012 y, posteriormente, en cifras estimativas, a siete millones el año pasado. Son estadísticas desmentidas desde el Ministerio de Empleo, donde se recuerda que el año pasado se registraron 1.844 convenios, casi un 70% más que en 2012. Su firma afectó a 4,2 millones de trabajadores.
Cándido Méndez e Ignacio Fernández Toxo vieron frustrado su intento de ganar poder en la negociación colectiva durante la última reforma laboral
Los datos suministrados por el PSOE, de estar contrastados, cuestionarían el poder de los propios sindicatos, pues su influencia habría quedado limitada a menos de la mitad de los 16 millones largos de ocupados. Es algo que tanto Cándido Méndez (UGT) como Ignacio Fernández Toxo (Comisiones Obreras), pelearon y pusieron en la mesa de negociación con el Gobierno cuando éste empezó a elaborar en 2012 la reforma laboral. La impresión entonces del PP no pudo resultar más penosa, puesto que en lo que más hicieron hincapié ambos sindicatos fue en su aspiración de mantener el poder en la negociación colectiva y, de paso, en la continuidad de los fondos de formación.
Que las centrales han perdido influencia en la negociación colectiva después de que el convenio de empresa ha empezado a ser prioritario sobre el convenio del sector, no es un secreto para nadie. Con el tiempo, se ha visto mermado el poder que tenían en numerosos ámbitos de producción, en los que regían las reglas acordadas hace dos décadas. La flexibilidad incorporada a la reforma ha ido mucho más allá ya que las empresas solo necesitan avisar ahora con dos semanas de antelación si deciden recortar salarios o cambiar los horarios en caso de que existan razones económicas y organizativas que lo justifiquen. Cualquier compañía que sufra caída de ingresos o de ventas durante dos trimestres consecutivos puede desentenderse de lo pactado en los convenios y esto es algo que ha escocido también a los sindicatos.
La caída de la población activa en más de 400.000 personas es, en opinión del PSOE, uno de los aspectos más preocupantes
En opinión de los socialistas, desde 2011 han ocurrido cambios sin precedentes en la historia del mercado laboral en España, entre ellos la caída de la población activa -426.000 activos menos en dos años- el descenso de los salarios durante cinco trimestres o la congelación del Salario Mínimo Interprofesional por dos ejercicios consecutivos.
Desde el PP se recuerda que el PSOE carece de autoridad para sacar pecho ya que en la última legislatura de Zapatero como presidente se destruyeron 3,2 millones de empleos. Durante el primer año de crisis, 2008, se perdieron 600.000, pasando la tasa de desempleo del 11% al 13,91%, mientras que la economía decreció un 0,7% en el ejercicio. Pero lo peor estaba por llegar.
La recesión se agudizó en España con el estallido de la burbuja inmobiliaria y el PIB se contrajo un 3,1% desapareciendo en un año 1.210.800 empleos, con una tasa de paro que cerró en el 18,83%, nueve décimas más que hacía un año.
Durante la última legislatura de Zapatero se destruyeron 3,2 millones de puestos de trabajo
2010 fue mejor ejercicio, tanto en evolución del PIB como en destrucción de empleo. La economía española cerró con una leve subida del 0,6% en el cuarto trimestre del año en tasa interanual, lo que puso de relieve una paradoja: la incapacidad de crear empleo con incrementos del PIB inferiores al 2%. Al final se destruyeron en total 238.000 puestos de trabajo y la tasa de paro quedó en el 20,33%.
Sin embargo, lo que parecía una mejoría fue solo un espejismo. En el ejercicio 2011, al final del mandato de Zapatero, la caída fue de 600.000 empleos y la tasa superó el 22%, con un crecimiento interanual de la economía del 0,3%. El pasado, aseguran en el Gobierno, se ha convertido en una losa para el PSOE.
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