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Economía

Cataluña, Andalucía y la comunidad valenciana, en manos del Gobierno de Rajoy para pagar sus nóminas

El consejero de Economía catalán, Andreu Mas-Colell, junto al presidente de la Generalidad, Artur Mas.

A los serios problemas que tiene el Estado para financiarse libremente en el mercado se suman también las extremas dificultades que atraviesan algunas comunidades autónomas para hacer frente a sus pagos. Según los datos actualizados que maneja el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro, el mayor cuello de botella lo sufrirán estas tres comunidades en el último trimestre del año, pues a Cataluña le vencen 4.769 millones, a la comunidad valenciana otros 2.615 y a Andalucía, 1.497. El alto endeudamiento de estas comunidades, que absorben la mayor parte de los 140.000 millones de deuda total que arrastra el conjunto de los 17 territorios, les coloca fuera de los mercados y les imposibilita financiarse si no es con la ayuda del Estado.

Estas van a ser, pues, las tres comunidades que van a tener que ir de cabeza al fondo de liquidez que acaba de aprobar el Gobierno con el aval del Congreso y que va a suponer, de hecho, un alto grado de intervención de sus finanzas regionales por parte del Ministerio de Hacienda. El presidente valenciano, Alberto Fabra, dio el viernes el primer paso ante los graves problemas de liquidez que afronta su gobierno y Murcia sigue sus pasos. En este último caso, el presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, tiene vencimientos pendientes hasta fin de año por importe superior a 430 millones de los casi 800 que tenía que refinanciar a lo largo de todo el ejercicio.

El conjunto de las comunidades autónomas arrastra una deuda superior a los 140.000 millones de euros, cada vez más difícil de refinanciar

Las reglas del fondo de liquidez, una vez que el ICO se ha quedado prácticamente seco para auxiliar a las comunidades, están claras. Estas solo podrán emplear el dinero para encarar los vencimientos de deuda y para atender aquellas operaciones que no puedan refinanciar en solitario. A cambio, estarán sometidas a unas reglas muy estrictas de vigilancia que les obligará a pactar con Hacienda planes de ajuste de los que deberán dar cuenta trimestralmente. En ellos deberán incluir toda la información relacionada con avales públicos, líneas de crédito contratadas, deuda comercial contraída y operaciones con derivados. Parte del fondo se sufragará con 6.000 millones de euros procedentes de Loterías.

Hacienda será competente para realizar el seguimiento de estos planes e informará del resultado de su valoración al departamento que dirige Luis de Guindos. Con el fin de garantizar el reembolso de las cantidades prestadas a las comunidades, la Intervención General del Estado podrá establecer controles paralelos todavía más exhaustivos.

El presidente catalán, Artur Mas, considera que este procedimiento supone una intervención de las comunidades autónomas por la puerta de atrás, pero más allá de la rabieta política no tendrá más remedio que someterse a los dictados de Hacienda si quiere seguir pagando las nóminas de sus empleados. La falta de liquidez la coloca en una posición de extrema debilidad, en contraste con otras comunidades como las de Madrid, Aragón, Cantabria o Asturias con unos vencimientos de deuda para lo que resta de año mucho menos gravosos.

Aragón, Madrid, Cantabria y Asturias son los territorios que menos ahogos tendrán a fin de año para afrontar sus vencimientos

La presidenta Esperanza Aguirre solo tendrá que hacer frente en el último trimestre del año a vencimientos de deuda por importe de 369 millones, la región que preside Luisa Fernanda Rudi por tres millones, la que dirige Ignacio Diego, por 37 millones, y la que gestiona el socialista Javier Fernández, por 65.

En datos globales, el conjunto de las comunidades tiene que encajar este año vencimientos de deuda por un volumen de casi 36.000 millones de euros, de los cuales 3.474 corresponden a los meses de julio, agosto y septiembre y 12.364 al último trimestre del año, que es el que generará mayores problemas.

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