Publicado: 16/07/2012 10:42
Al final, Hacienda ha optado por no mutualizar la deuda de las comunidades autónomas y, por lo tanto, no habrá ‘hispabonos’. Serán, en todo caso, avales individuales que el Estado concederá a las comunidades que lo pidan para facilitar sus emisiones de deuda. Las dificultades que atraviesa en la actualidad el Tesoro para emitir su propia deuda, con el bono a diez años rozando el 7%, convierten en papel mojado estos avales ya que su fin era que las comunidades pudieran colocar su deuda en el mercado a tipos de interés más competitivos, similares a los del Reino de España.
En todo caso, Hacienda ha decidido retrasar la regulación de estos avales hasta el mes de julio por dos razones, una más política y otra más técnica. La primera es que carece de sentido volver a poner el foco en las comunidades autónomas cuando la tormenta en los mercados está en su punto más álgido y las cuentas autonómicas siguen siendo, desgraciadamente, uno de los aspectos que más irritan en Bruselas y, sobre todo, en Alemania. Colocar de nuevo en el escaparate nacional los problemas de las comunidades para financiarse sería tanto como despejar el camino a aquellos países del núcleo duro de Europa que apuestan porque España acuda a un rescate total, comentan fuentes gubernamentales.
El Gobierno no quiere colocar de nuevo en el foco el problema de financiación de las comunidades autónomas
La segunda razón del retraso tiene que ver con la complejidad de la regulación de estos avales, pues Hacienda quiere condicionarlos en todo caso al cumplimiento estricto por parte de cada gobierno regional de los principios de estabilidad presupuestaria incorporados a la Constitución. En otras palabras, que la comunidad autónoma que no esté en disposición de garantizar que cumple este año con el 1,5% de déficit, no tendrá acceso a esta cobertura del Estado.
En la redacción que el Gobierno ultima para esta regulación se somete también a las comunidades a un estricto control sobre el destino del dinero nuevo que obtengan en los mercados.
En el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro se quiere evitar que, una vez aprobada la norma, ésta pueda ser recurrida al Tribunal Constitucional por alguna comunidad autónoma que se vea agraviada o perjudicada en sus derechos. Pero, sobre todo, lo que se intenta impedir es que se convierta en un nuevo coladero para que algunas comunidades puedan desviarse del cumplimiento de los objetivos de déficit, especialmente en un contexto de dificultades económicas como el que ahora vive España, con un desplome de los ingresos tributarios sin precedentes.
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