El Gobierno está convencido de que ha hecho la ley apropiada, pero reconoce que no ha sabido venderla

El vendaval de los desahucios aleja al PP de la calle y permite a la izquierda adueñarse de la protesta social

Cinco meses y medio. Este es exactamente el tiempo que el Gobierno ha tardado en reaccionar a la onda expansiva que en noviembre provocó el suicidio en Baracaldo de Amaia Egaña poco antes de ser desahuciada. Al final, por un cúmulo de errores, el PP ha quedado aislado en el Congreso con su nueva ley Hipotecaria y ha facilitado que la izquierda se adueñe de la indignación social.

En la dirección del PP se confiesa que en un problema tan sensible como es el de los desahucios, el Gobierno y el partido no se han movido con reflejos ni han estado a la altura de las circunstancias. No tanto por la forma en que, finalmente, va a coronarse la reforma de la ley Hipotecaria que ahora se tramita en el Senado, pues da pasos de gigante en la protección de las familias más necesitadas, sino por el cauce técnico, que no político, mediante el que se encauzó desde el principio la alarma social. La percepción más extendida en las filas del PP es que la ministra Ana Mato, que aunque ella misma lo disimule sigue portando la cartera de Sanidad y Servicios Sociales, es quien debería haber cogido desde el principio el toro por los cuernos. En cambio, probablemente porque su cabeza esté en otras preocupaciones, quien lideró la avanzadilla legislativa fue el Ministerio de Economía y, muy en particular, el subsecretario Miguel Temboury. Conclusión del primer gran error que se asume en el Gobierno: se dio un perfil jurídico a un problema político necesitado de abundantes dosis de pedagogía.

Dentro del Gobierno se reconoce que fue un error darle un perfil tan técnico a la ley Hipotecaria y no reflejar desde el principio el alto contenido social de su reforma

Mientras el Gobierno y el PP se tomaban un tiempo incomprensiblemente generoso para reaccionar a la onda expansiva que provocó el suicidio, hace cinco meses y medio, deAmaiaEgaña en Baracaldo, el PSOE, Izquierda Unida y UPyD, sobre todo, prepararon sus baterías para sintonizar con la calle, con la comodidad que ofrece estar en la oposición y jalear soluciones que, al menos los socialistas, ni siquiera contemplaron cuando ocupaban La Moncloa. Porque aunque el vendaval de los desahucios sea nuevo, alentado por el agravamiento de la crisis, sus alertas fueron tempranas. Entre 2008 y finales de 2011, etapa del segundo Gobierno de Zapatero, hubo una media anual de 65.000 ejecuciones hipotecarias, a las que no solo no se prestó la mínima atención, sino que se respondió con la creación de nuevos juzgados especializados para agilizar, precisamente, los procesos y favorecer, en este caso, el mercado de alquileres. Carmen Chacón como ministra de Vivienda fue la principal promotora de estas políticas, aunque probablemente nunca imaginó que solo cinco años después el andaluz José Antonio Griñán, uno de sus principales padrinos en la guerra interna socialista, iba a legislar para incautar a los bancos los pisos procedentes de desahucios.

Ahora el Gobierno se ha encontrado no solo con la calle incendiada por este problema, introducido en el cóctel molotov de la corrupción, los sueldos desorbitados de los malos gestores de las cajas y la estafa de las preferentes, sino también con un frente político dispuesto a rentabilizar la indignación social subiéndose al carro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y del tirón mediático de su portavoz, Ada Colau, sin dejar de aprovecharse también de los errores de manual perpetrados por la secretaria general del PP,María Dolores de Cospedal  – “Los escraches son nazismo puro”, “Los votantes del PP se aprietan el cinturón, pero pagan la hipoteca…” – con evidentes señales de incapacidad para contener el huracán.

Si se hubiera aplicado la propuesta de la iniciativa popular que llegó al Congreso, la infanta Cristina podría haberse quitado de encima su hipoteca de Pedralbes, se comenta en medios parlamentarios

Dentro del Gobierno y del PP se respira mucho malestar interno por no haber sabido reaccionar a tiempo, enfocar mal el problema y no acertar al explicar los avances que alberga la reforma que entrará en vigor el próximo junio. En ella no se han incluido las propuestas más descabelladas de la iniciativa popular –millón y medio de firmas que han costado al erario público 360.000 euros desde su admisión a trámite por el Congreso– pues hubieran hecho posible, por ejemplo, dicen en medios parlamentarios, “que la infanta Cristina se quite de encima su hipoteca de Pedralbes” o que los ciudadanos que compraron su casa en la cresta del boom le pasen alegremente al marrón a los bancos. En cambio, el proyecto de ley sí aporta novedades que servirán para aliviar, según los datos que maneja el Gobierno, a 120.000 familias con serias dificultades para pagar sus casas.

Además de suspender los desahucios durante dos años en los supuestos de especial vulnerabilidad, siempre ligados a los ingresos de la familia afectada, la ley facilita la inclinación de las entidades financieras a reestructurar las deudas hipotecarias y, solo en caso extremo, prevé la dación en pago, permitiendo al afectado permanecer 24 meses en la vivienda como arrendatario. En España se ha vertido mucha literatura con la solución que en Estados Unidos se le ha dado a este problema, pero en la mayoría de las ocasiones se ha ocultado que allí impera la fórmula del leasing, una especie de contrato de alquiler con derecho a compra que hace más comprensible que el piso se entregue al banco si su inquilino, por las razones que sea, deja de abonar las mensualidades.

Durante el segundo Gobierno de Zapatero se produjo una media de 65.000 desahucios anuales, sin que nadie les prestara apenas atención, se recuerda en el Partido Popular

La nueva ley amplía también a tres meses el plazo de impago de la hipoteca antes de que se ponga en marcha la ejecución, limita los intereses de demora a tres veces el interés legal del dinero, faculta al juez para detener el proceso de desahucio si existen cláusulas abusivas en el contrato de compra de la vivienda y crea un fondo social de alquiler que ya cuenta con 6.000 pisos disponibles a precios de entre 150 y 400 euros. Los aspectos de la ley que no alcanzan a los empresarios cuyos negocios están en dificultades serán abordados por el Gobierno en la ley de Emprendedores que el próximo viernes se incluirá dentro del programa de reformas que viajará a Bruselas.


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