El INE constata que el déficit público entre junio de 2012 y junio de 2013 alcanza el 7,5% del PIB sin ayudas a la banca

Los datos del INE de contabilidad nacional constatan que el desfase presupuestario entre junio de 2012 y junio de 2013 alcanza el 7,5% del PIB una vez excluidas las ayudas a la banca.

Después del brutal esfuerzo llevado a cabo al cierre de 2012, el déficit vuelve a dispararse y representa el principal reto del Gobierno de aquí a finales de año. El Ejecutivo es consciente del problema desde antes del verano y busca arañar décimas por todos lados: confía en conseguir 2.500 millones de superávit en los ayuntamientos; elevar los pagos del impuesto de Sociedades; ahorrarse hasta 5.000 millones en el abono de intereses; mejorar las liquidaciones de IVA; controlar las CCAA y restar alguna décima de déficit a la Seguridad Social gastando algo menos en desempleo, entre muchas otras cosas.

Por si no lo habían advertido ya instituciones como el BCE, la Caixa, BBVA, Funcas, Inverseguros o el Instituto de Macroeconomía y Finanzas, este viernes el propio gobernador del Banco de España señaló que la ejecución presupuestaria del segundo semestre deberá ser muy estricta. “Aunque existen riesgos, espero que podamos cumplir este año el objetivo”, remachó Luis Linde.

Las dinámicas del gasto son aplastantes. El capítulo de prestaciones por desempleo no baja tanto como había previsto el Ejecutivo. La rúbrica de los desembolsos en la Seguridad Social continúa al alza a tasas interanuales que rondan el 5 por ciento y cualquier ahorro en personal del Estado central se ve desactivado porque las pensiones de los funcionarios suben. El apartado del desembolso en intereses mejora respecto al ritmo que se había presupuestado, pero aún así sigue aumentando un 10 por ciento al haber más deuda.

Y los ingresos marchan incluso peor. De acuerdo con los números de la Agencia Tributaria, entre enero y agosto de 2013 tan sólo se han recaudado 259 millones más que el año pasado, cuando el objetivo para todo el ejercicio consiste en ingresar unos 9.299 millones más.

Y aunque el Gobierno alega que en los datos del INE no se ha tenido en cuenta la actualización que rebajó el déficit al 6,84 por ciento sin incluir el rescate financiero, también es cierto que este cálculo de junio de 2013 sobre junio de 2012 recoge una serie de medidas extraordinarias como la supresión de la paga extra de los funcionarios y la amnistía fiscal que no se aplicarán en 2013 y que de sustraerse dejarían el déficit más allá del 8 por ciento del PIB, muy lejos del objetivo del 6,5 por ciento comprometido con Bruselas.

Con lo feliz que se las prometía el Gobierno este año cuando consiguió la relajación de las metas fijadas por Europa, el reto del déficit vuelve a llamar a la puerta. Las cuentas públicas se han revelado iguales que un potro salvaje imposible de domar. Y lo peor es que en los meses que quedan estas dinámicas son muy difíciles de detener.

El Gobierno fía gran parte de la mejora del déficit a la leve recuperación económica del último trimestre. Que las familias consuman un poco más a finales de año animadas por la recuperación de la paga extra de los funcionarios. Que se pueda pedir un esfuerzo fiscal mayor a las grandes empresas después de que hayan saneado algo más sus cuentas y se hayan eliminado deducciones. Que las subidas de impuestos verdes, al tabaco y las bebidas espirituosas engorden un poco más las arcas. Y que las últimas liquidaciones del IVA arrojen otra mejora de los ingresos.

Por el lado de los gastos, Hacienda busca desde antes del verano una revisión de todos los epígrafes para ir rebañando décima tras décima de déficit. Y en el Programa de Estabilidad presentado a finales de abril en Bruselas ya ofreció un nuevo recorte de los desembolsos ministeriales, las transferencias y los subsidios por valor de 1.000 millones de euros.   

Gracias al Fondo de Liquidez Autonómico y al Fondo de Pago a Proveedores, que sólo conceden liquidez a cambio de ajustes, espera tener controladas las cuentas de las administraciones autonómicas y locales. Y en este apartado la buena noticia es que se prevé que los ayuntamientos cierren con un superávit de 2.500 millones.

Respecto a las CCAA, después de haber aprobado el déficit a la carta, las negociaciones serán más duras para conseguir que todas las comunidades se ajusten al objetivo medio del 1,3 por ciento. Pero aun así, ahí no se prevén mayores inconvenientes.

El otro punto donde el Gobierno espera ahorrar reside en el gasto en prestaciones de desempleo. Tuvo que aprobar un crédito extraordinario de 5.800 millones porque habían presupuestado de menos, pero tras haber recortado y endurecido el acceso a las ayudas, el Ejecutivo considera que puede terminar aportando algo menos a los Servicios de Empleo, sobre todo porque más y más gente pierde los dos años de prestación contributiva de paro. El pasado jueves, el secretario de Estado, Tomás Burgos, declaró que espera poder restarle alguna décima de déficit a la Seguridad Social. 

Por último, la relajación de la prima de riesgo puede brindar hasta 5.000 millones de euros de ahorro sobre lo que se había contemplado en los Presupuestos de 2013.

Con todas estas idas y venidas de números, la calculadora del Gobierno hace chispas. Lo único seguro es que cumplir con el objetivo del 6,5 por ciento no va a resultar tan fácil como lo quieren pintar en Hacienda. El potro salvaje sigue dando coces.