Economía

El Gobierno se enreda con el déficit: Montoro y Guindos dicen que cumplen, pero el consenso de analistas lo niega

Por mucho que Guindos y Montoro defiendan que a finales de año lograrán la meta del 6,5%, el consenso de los analistas ya cifra la proyección de déficit en el entorno del 7%. Pese a la mejora de la economía y la rebaja de la prima de riesgo, los ingresos flaquean y las pensiones se disparan. De nuevo, el Ejecutivo se juega su credibilidad y su autonomía frente al yugo de Bruselas.

El ministro de Economía, Luis de Guindos, y el de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante una sesión en el Congreso.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, y el de Hacienda, Cristóbal Montoro, durante una sesión en el Congreso. GTRES

Por mucho que Guindos y Montoro defiendan que a finales de año lograrán la meta del 6,5 por ciento, el consenso de los analistas ya cifra la proyección de déficit en el entorno del 7. Pese a la mejora de la economía y la rebaja de la prima de riesgo, los ingresos flaquean y las pensiones se disparan. De nuevo, el Ejecutivo se juega su credibilidad y su autonomía frente al yugo de Bruselas.

No hay forma de embridar este potro salvaje que constituyen las cuentas públicas. En cuanto parece que se atisba un momento de respiro, el desfase presupuestario cocea de nuevo. Tan pronto se consiguió la relajación del objetivo de déficit hasta el 6,5 por ciento, el Gobierno se las prometía muy felices con las cuentas de este año. Sólo había que reducir el agujero en unos 5.000 millones, desde el 6,98 por ciento del PIB que se registró en 2012 hasta el 6,5 por ciento para este año. Se antojaba asequible, máxime con el respaldo ilimitado del BCE y cuando se perfilaba el principio de una recuperación en la segunda mitad del ejercicio.

Sin embargo, con las cifras compiladas hasta julio, nos encontramos casi igual que el año pasado. El conjunto de las Administraciones Públicas alcanza el 5,27 por ciento de déficit, demasiado cerca del objetivo del 6,5 por ciento. El Estado central ya rebasa su meta del 3,8 por ciento para todo el ejercicio y acumula un desfase en los siete primeros meses del 4,55 por ciento del PIB.

Y estos números se verán todavía más lastrados por el comportamiento de las Comunidades Autónomas y la Seguridad Social de aquí al cierre del año. Por su propia estructura de gasto, muy centrada en la Sanidad y Educación, las facturas de las autonomías se elevarán hacia el término del curso presupuestario. Y aunque el Gobierno ha estado inyectando fondos a la Seguridad Social, en la recta final del año las pensiones ensancharán su agujero, situándolo al borde de los 14.000 millones, quizás el mayor roto en las cuentas de 2013.

Por si fuera poco, este año el Gobierno no contará con el impacto de varias medidas que bajaron mucho el déficit a finales del año pasado, como fue la supresión de la paga extra de los funcionarios y la subida del IVA, que se empezó a ingresar a partir de octubre y por lo tanto en los últimos tres meses de 2013 no arrojará incrementos. Es más, al igual que ha ocurrido con el IRPF después de la tremenda alza de 2012, el IVA muy probablemente comenzará a brindarnos decrementos una vez descontado el impacto de los nuevos tipos.

En general, el capítulo de los ingresos flaquea. Después de que Eurostat le obligase a computar unos 2.500 millones de devoluciones tributarias en 2012, Hacienda todavía arrastra otros 2.500 millones de impuestos que no devolvió en 2012 y que reducirán la caja de este año. Tampoco se repetirán los ingresos de la amnistía fiscal, unos 1.200 millones. Y aunque Montoro ha vuelto a eliminar deducciones a las grandes empresas y por lo tanto las exprimirá aún más, éstas ya tuvieron que anticipar muchos impuestos el año pasado, lo que hace pensar que Sociedades no aumentará su recaudación, a menos que las compañías vuelvan a adelantar cantidades muy significativas que les tendrían que ser devueltas en el siguiente ejercicio.  

Los analistas de todo tipo y condición ya recogen sus dudas sobre el cumplimiento del déficit. El mismo BCE ha cuestionado hace escasos días la previsión de ingresos de Hacienda. El servicio de Estudios de la Caixa considera que la recaudación se desplomará en unos 10.000 millones sobre las cantidades previstas y sitúa el déficit en el 6,9 por ciento. En agosto, BBVA Research alertó de que podría hacer falta una intensificación de los ajustes en el último trimestre. Y Funcas coloca el agujero presupuestario del conjunto de las Administraciones en el entorno del 7 por ciento, como casi cualquier experto consultado.

Esta corriente de opiniones negativas ha forzado a Guindos y Montoro a salir a escena. Por supuesto que vamos a cumplir, reiteran uno y otro en los más diversos foros. Ambos insisten mucho en que la relajación de la prima de riesgo supondrá un ahorro del gasto en intereses del orden de los 5.000 millones sobre los desembolsos previstos.

A su favor, el gasto por prestaciones de desempleo también cayó en julio un 8 por ciento respecto al mismo mes del año anterior, en buena medida debido a los parados que se quedaron sin ella y a los recortes aprobados a las ayudas. Y ello implica que hay un crédito anticipado a los Servicios de Empleo por valor de unos 5.000 millones del que no se ha dispuesto y, por lo tanto, representaría un nuevo ahorro.

En privado, fuentes gubernamentales reconocen que el déficit se ha desviado unas décimas, pero le restan importancia al hecho. Aunque quizás un poco más tranquilos que el año pasado, la noria de emociones e idas y venidas sobre el cumplimiento del déficit cobra visos de reeditarse.

Esa incipiente recuperación que se dibuja en el horizonte de los próximos meses difícilmente vendrá al rescate de las cuentas de la lechera del Ejecutivo, en gran parte porque la demanda interna todavía se resiente y en gran parte porque la mayor porción del crecimiento viene por las ventas al exterior, precisamente ésas que no tributarán por IVA y de las que Hacienda difícilmente se podrá beneficiar. Es decir, el tirón no repercutirá tan positivamente en los ingresos como cabía esperar.

Una vez más, el Gobierno de Rajoy se juega su credibilidad justo ahora que las presiones sobre la prima de riesgo amainan. Si el Ejecutivo se demuestra incapaz de controlar las cuentas y sin la determinación necesaria para reconducirlas, Bruselas bien puede decidir que habrá que atar a España en corto.


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