Merkel pasa revista a las cuentas del Reino de España con el déficit otra vez cerca del 8%

Merkel desembarca en España justo cuando las cuentas del Reino no terminan de cuadrarse pese a todos los esfuerzos presupuestarios. Algunos expertos e informes internos de distintas casas de análisis proyectan que el objetivo de déficit puede de nuevo desviarse hasta cerca del 8 por ciento, lejos de la meta del 6,3 impuesta por Bruselas. En su reunión con la canciller alemana, Rajoy va a tener muy difícil justificar que no se precisan más medidas.

Merkel no sabe español… ¿Pero sabrá leer las cuentas del Reino de España? Capítulo por capítulo, todos los epígrafes muestran una evolución preocupante salvo los tajos a la inversión. El Estado central prácticamente ha agotado todo su margen para el ejercicio entero al registrar un déficit del 4,62 por ciento hasta julio cuando su tope a 31 de diciembre de 2012 se sitúa en el 4,5 por ciento.

Hacienda mantiene que ha brindado una serie de liquidaciones y transferencias a las comunidades que pueden distorsionar hasta en un punto el dato. Pero incluso así los cálculos no dan. De modo que el Ministerio que dirige Montoro fía la remontada a la subida del IVA.

Sin embargo, tampoco eso va a bastar. El comportamiento del consumo, que padece caídas superiores al 2 por ciento, no hace presagiar que el alza del IVA vaya a deparar el impacto recaudatorio deseado. En una economía otra vez en recesión, quizás en un primer momento se ingrese algo más y puede que incluso se neutralice la brutal disminución del 9 por ciento acumulada en los ingresos por IVA este año. Pero, al igual que el aumento del IRPF, acabará lastrando la capacidad adquisitiva y, por tanto, la actividad en una suerte de círculo vicioso. Y desde luego no va a poder compensar las fugas que se están dando en el resto de partidas presupuestarias.

Sólo los intereses de la deuda ya equivalen al gasto en desempleo y se han encarecido en un 32 por ciento hasta junio. Los datos a fecha de julio arrojan una elevación del 115 por ciento, desde los 9.000 millones hasta los 20.000 millones. La Intervención General del Estado lo achaca a unos cupones que se han pagado en un calendario distinto del año pasado y explica que en términos homogéneos la cifra es mucho menor y que más bien ronda el 15 por ciento.

El empleo público, la Sanidad y la Educación acaparan una buena porción de los desembolsos del Estado. Pese a que la Administración está amortizando puestos de trabajo, por lo general se intentan evitar los despidos. Y de hecho el Estado central observa cómo el gasto en personal no se reduce, en parte por las pensiones de los funcionarios.

Respecto a la Educación y la Sanidad, el Gobierno anunció unos recortes valorados en 10.000 millones. Sin embargo, las comunidades afirman que tales medidas no reportarán tantos ahorros.

Hasta ahora, el Ejecutivo de Rajoy ha adelantado a las autonomías cerca de 5.000 millones en anticipos, 10.000 millones en líneas del ICO y 17.000 millones por el plan de proveedores. Y ahora se añadirán otros 18.000 millones del Fondo de Liquidez. Por el momento, las regiones están cumpliendo  gracias a estos adelantos. Pero si se restan de sus cuentas estos 50.000 millones que representan el 5 por ciento del PIB español, entonces se pone en evidencia que los gobiernos autonómicos no están consiguiendo ajustarse al objetivo del 1,5 por ciento del PIB. Es decir, están empleando esta liquidez para tapar agujeros en su solvencia.  

Otra seria fuente de problemas es el paro. Pese a que el Gabinete de Rajoy preveía una moderación del gasto porque los parados perdían la prestación, la trayectoria del desempleo dibuja una especie de ‘W’ igual que la economía. Su recaída implica que entran nuevos desocupados con subsidios mayores y eso ha provocado un aumento del 5 por ciento cuando se estimaba una reducción del 5, un desajuste que puede sumar unos 3.000 millones más al déficit a finales de año.

Y la puntilla la pueden poner las pensiones. El Ejecutivo ha previsto que la Seguridad Social se quede en cero. No obstante, el año pasado había medio millón más de afiliados y sufrió un déficit del 0,06 por ciento. El Gobierno ha transferido ya el 84 por ciento de las aportaciones contempladas en los presupuestos y las ha aumentado en 1.300 millones respecto al 2011. Además, el Ministerio de Trabajo se ha visto obligado a tomar 4.400 millones del Fondo de Prevención de Riesgos Laborales, que pertenece a las mutuas, para poder hacer frente a las tensiones de liquidez. La actual relación de 16.600.000 afiliados para 8.800.000 pensionistas difícilmente parece sostenible.

Si todo ello lo aderezamos con una caída del crédito a familias y empresas por encima del 3 por ciento y una pérdida de fuelle en la eurozona, la economía puede seguir lastrando las cuentas, y Rajoy tendrá muy difícil conseguir ese rescate tan blando como pretende.