La Comisión tendrá que exigir más ajustes a España por los Presupuestos de 2015

En su revisión de los Presupuestos Generales del Estado de 2014, Bruselas terminó exigiendo a España un ajuste de 2.500 millones más que se plasmó, entre otras cosas, en un alza de las cotizaciones en especie. Para 2015 las previsiones de la Comisión ya identifican una desviación del déficit incluso mayor, lo que augura la necesidad de nuevas medidas.

La Comisión Europea ha calculado en sus Previsiones de Otoño que España cerrará el 2015 con un déficit del 4,6 por ciento del PIB, unas 4 décimas más que el 4,2 fijado por Bruselas. O lo que es lo mismo, una desviación del objetivo presupuestario de cerca de 4.000 millones de euros.

Los técnicos del Ejecutivo comunitario ya han elaborado estos números con los Presupuestos del 2015 en la mano. Es más, estas estimaciones servirán de base para los exámenes que la Comisión está llevando a cabo de todos los Presupuestos nacionales y que se publicarán sobre el 30 de noviembre.

En el caso de que un país incurra en un serio riesgo de incumplimiento de los objetivos presupuestarios, la Comisión disponía de dos semanas para emitir una opinión negativa y exigir que se rehicieran los Presupuestos. Pese a una previsión de ingresos inflada y el descontrol de las cuentas autonómicas, el Gobierno español se ha librado de este primer toque de atención. Sin embargo, en París y Roma se han visto obligados a negociar una nueva ronda de ajustes que evite la reelaboración de todas sus cuentas públicas.

Pero ahí no termina la cosa. Tan sólo se ha disputado el primer set del partido. De aquí al 30 de noviembre, la Comisión todavía tendrá que redactar un veredicto sobre todos y cada uno de los Presupuestos, indicando en qué se quedan cortos o qué riesgos corren. Sin duda, la desviación de 4.000 millones de euros que se apunta en las Previsiones de Otoño se antoja lo bastante sustancial como para que el Eurogrupo acabe prescribiendo a España una nueva dosis de austeridad.

De hecho, esto mismo ya ocurrió el año pasado. Entonces se le echó en cara a España que en 2014 no respetaría el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Y eso que aquellas Previsiones de Otoño tan sólo pronosticaron una desviación de 1.000 millones de euros, un 5,9 por ciento del PIB en lugar del 5,8 comprometido. En parte porque se hincharon artificialmente los ingresos de la lucha contra el fraude. Al final, la cuestión se remitió al Eurogrupo, donde tras arduas negociaciones se acordó que España abordase un ajuste por valor de 2.500 millones de euros.

Y entre las medidas que se adoptaron para cubrir ese desfase en las cuentas destaca la subida de las cotizaciones en especie, la eliminación del subsidio del Fogasa a los despidos en las empresas de menos de 25 trabajadores, las alzas de las cotizaciones a los autónomos y el incremento de las bases máximas de cotización, un conjunto de iniciativas que según los cálculos de CEOE casualmente ascendía a los 2.500 millones de euros.

Incluso si España está ya fuera del foco y ha alcanzado el título de alumno aventajado, el área económica de la Comisión está encabezada por un halcón bendecido por Alemania, el vicepresidente de origen finlandés Jyrki Katainen. Quizás lo recuerden porque fue el político europeo que sugirió que España pusiese el Museo del Prado como garantías para su rescate.

De modo que a partir de ahora se abre un periodo en el que el Ejecutivo de Mariano Rajoy tendrá que justificar unos ingresos fiscales y por cotizaciones que a primera vista parecen por lo menos demasiado optimistas. Por no hablar de que la Comisión rebaja la previsión de crecimiento del 2 al 1,7 por ciento, o del poco margen que dejan los Presupuestos por si la ralentización europea adquiere mayor dimensión de lo esperado.

No obstante, para contrarrestar todos estos factores en contra, el Gobierno juega con dos capítulos que podrían reportar ahorros muy por encima de los previstos: de una parte el desempleo, cuyo coste podría descender entre 4.000 y 2.000 millones más de lo presupuestado. Y de otra parte los intereses de la deuda, rúbrica en la que podrían desembolsarse unos 2.000 millones por debajo de lo recogido en Presupuestos. Ésas son las dos partidas con las que el Ejecutivo español intentará convencer a los europeos de que las cifras cuadran.