El colapso autonómico solo da para pagar nominas e intereses de la deuda

Los bancos cierran el grifo a las comunidades autónomas hasta poder operar con el aval del Estado

Si antes tenían problemas para refinanciar sus deudas, ahora encuentran literalmente cerradas las ventanillas de los bancos. No habrá ni un duro de crédito para las comunidades hasta que no llamen a la puerta del fondo de liquidez, plataforma que permitirá a las entidades prestar el dinero con los avales del Estado.

El presidente andaluz, José Antonio Griñán.
El presidente andaluz, José Antonio Griñán. EFE

Los gobiernos regionales apenas tienen liquidez para pagar las nóminas de sus empleados y abonar los intereses de la deuda. La semana que viene, el Gobierno hará públicos los últimos datos de ejecución presupuestaria de las comunidades autónomas, en los que, pese a todo, se reflejarán relativos avances en sus esfuerzos para reducir el déficit. Pero la foto será parcial porque detrás de ella se ocultan serios desfases de tesorería. La explicación es muy sencilla: como el Gobierno ha permitido a los ejecutivos regionales cerrar este ejercicio con un déficit del 1,5%, muchos de ellos han intentado emitir deuda para utilizar este colchón presupuestario, pero no han podido lograr su objetivo porque han encontrado los mercados cerrados. Habían contado en sus presupuestos con este dinero y el problema les ha originado un serio agujero de tesorería que se hará patente cuando presenten las cuentas de 2013, en las que deberán introducir un ajuste de caballo ya que estarán obligadas a pasar del 1,5% de déficit al 0,7% para el año que viene. Casi una misión imposible.

El desajuste contable en buena parte de las comunidades emergerá cuanto presenten los presupuestos de 2013

Conscientes de la penosa situación por la que atraviesan las arcas autonómicas, hace tiempo que los bancos han cerrado el grifo de su financiación, con algunas excepciones. El problema se ha agravado en los últimos meses porque ahora la mayoría de las entidades prefiere esperar a que esté activo el fondo de liquidez, salvoconducto que les permitirá financiar a las comunidades con el aval del Estado. Este fondo no estará operativo, según fuentes de La Moncloa, hasta finales de mes o principios de octubre. Hasta entonces, ni agua. Entre las comunidades que peor lo están pasando por esta restricción crediticia figuran Cataluña, en manos de Artur Mas, y Andalucía, gestionada por José Antonio Griñán. Están con el agua al cuello.

Los problemas de tesorería van a obligar a la mayoría de las comunidades a pasar por el aro del fondo de liquidez, si no es este año, el que viene. Hasta ahora solo han llamado a su puerta Cataluña, Murcia y la comunidad valenciana. Solo Galicia, en periodo electoral, La Rioja y Madrid han descartado de momento acudir al socorro del Estado. En el caso de la comunidad madrileña, por una razón bien simple: hizo el grueso de sus emisiones de deuda para todo el ejercicio en el primer trimestre del año, por lo que sus estrecheces comenzarán de verdad en 2013.

Las entidades financieras no quieren dar dinero a los gobiernos autonómicos hasta que no hayan acudido al fondo de liquidez

Concebido al principio como un mecanismo para que las comunidades pudieran encarar sus vencimientos de deuda -35.000 millones a lo largo de 2012, de los cuales casi la mitad vencen en el tercer y cuarto trimestre – con el pasar del tiempo el fondo de liquidez se ha convertido en una especie de segunda fase del plan de pago a proveedores que el Gobierno puso en marcha en la primera parte del año para aflorar las facturas que comunidades y ayuntamientos tenían guardadas en los cajones. Las primeras sacaron 17.000 millones y los segundos cerca de 10.000, en todo caso lejos de los 35.000 millones que reservó en un principio el Ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro.

Otra dificultad añadida proviene de que algunos de los recortes que protagonizan las administraciones territoriales no tendrán efectos contables positivos hasta el año que viene. Sucede, por ejemplo, con los ERE previstos en las plantillas de algunas televisiones autonómicas, cuyo coste supondrá una sobrecarga en los presupuestos regionales de este año.


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