Economía

Montoro sigue bloqueando el rescate de las radiales pese a la amenaza de un pago de 550 M. en una semana

Pese a los intentos de Fomento, constructoras y la banca acreedora por cerrar un acuerdo que solucione la situación de quiebra de nueve radiales, Hacienda sigue sin dar respuesta. El 18 de julio próximo se celebra la junta de acreedores de la AP-36. En caso de no existir acuerdo, la banca podría solicitar al Estado el cobro de 550 millones al abrirse el expediente de disolución de la vía. 

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas. EFE

El rescate de las radiales sigue en punto muerto. El freno se ha activado, desde hace días, desde el ministerio que dirige Cristóbal Montoro. Por cierto, el ministro de Hacienda también está poniendo trabas en la conformación del 'Proyecto Fénix'. Pese a las peticiones de Fomento, la banca y las constuctoras, Hacienda no ofrece respuesta alguna a la solución presentada por los acreedores para dar una solución a la millonaria deuda que atesoran las nueve autopistas en quiebra, según confirman fuentes conocedoras del proceso. El silencio preocupa a los acreedores que contaban con tener finiquitado este asunto antes del verano. Sin embargo, pese a la insistencia de la banca, que intenta, sin éxito, un encuentro con Fomento desde finales del pasado mayo, el rescate continúa en una situación de stand by. Algunas fuentes retrasan incluso la solución hasta después del verano.

Las urgencias de todas las partes no parecen afectar a Montoro pese a la amenaza para el Estado de un posible pago de 549 millones en apenas una semana. El próximo 18 de julio se celebra la junta de acreedores de la AP-36 (Ocaña-La Roda), participada por Ferrovial, Sacyr y Kutxa. En caso de no existir acuerdo, se abriría el primer expediente de disolución de una radial. En ese caso, la banca acreedora podría solicitar al Estado el pago de la conocida como Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), la garantía que tienen las entidades financieras para recuperar la inversión concedida a las concesionarias para la construcción de las radiales.

De ser así, la banca acreedora se repartiría esos 549 millones. "Las entidades financieras estaban dispuestas a asumir una solución global para no activar el recurso del RPA. Sin embargo, el retraso de la solución puede variar la posición inicial", explican fuentes del sector financiero.

La fecha de presentación del convenio de la AP-36 Ocaña-La Roda estaba inicialmente prevista para comienzos del pasado mes de marzo, pero se aplazó hasta el 22 de mayo. Por ende, la correspondiente junta de acreedores, en la que éstos votan el convenio, quedó fijada para el próximo 18 de julio, frente a la fecha inicial del pasado 18 de abril.

Con este aplazamiento, que fue solicitado por los administradores concursales de la vía, se dio más tiempo al Ministerio que dirige Ana Pastor para acabar de diseñar el sistema y la sociedad pública por la que rescatará a las autopistas en problemas. Sin embargo, este intento de ganar tiempo no ha tenido el objetivo deseado.

El convenio de acreedores de la AP-36 se retrasó de marzo a finales de mayo para poder favorecerse de la solución que negocian Fomento, Hacienda, constructoras y banca acreedora

Los bancos acreedores están dispuestas a asumir la quita del 50%, alrededor de 2.300 millones, propuesta para el rescate de las autopistas radiales. Así se acordó en la videoconferencia que mantuvieron los bancos, a finales del pasado marzo, para tratar el asunto. Un encuentro en el que la banca concretó su propuesta para el 50% de deuda restante de las radiales quebradas. Dos son las peticiones con respecto a la fórmula del bono a 30 años propuesta por Fomento y Hacienda. De un lado, que este bono cuente con el aval del Estado, como adelantó Vozpópuli. Por otra parte, que su rentabilidad asegure el mismo tipo de interés que el que está pagando actualmente el Tesoro por sus títulos a 30 años, que se sitúa en el 4% anual.

La propuesta del Ejecutivo, por contra, se arma en un bono a 30 años con una rentabilidad fija del 1% anual más un variable en función del nivel de tráfico de cada radial. Fomento prevé que el nivel de tráfico en estas infraestructuras no recupere en los próximos 20 años los niveles máximos registrados en 2007, según consta en la documentación incluida en la oferta de rescate transmitida a bancos y constructoras. Desde entonces, la circulación de las autopistas quebradas ha descendido en un 38%. La previsión contempla que este año el comportamiento del tráfico caiga un 3%, en lo que sería el sexto año consecutivo en tendencia negativa. A partir de ahí, Fomento prevé que 2015 el nivel de tráfico mantenga un crecimiento cero y comience a crecer en 2016 con tasas superiores al 4%.

Ante estos datos, los bancos pretenden arrancar del Gobierno una fórmula cerrada acerca de la rentabilidad del bono a 30 años. A juicio de algunas entidades, ligar el bonus anual al volumen de tráfico supone una quita adicional. La estimación se basa en la diferencia con las cantidades que los bancos ingresarían si recibieran un bono del Estado a 30 años, que ofrece un interés aproximado del 4,25%.

La AP-36 es una de las nueve autopistas que están en situación de quiebra. Junto a ella, el acuerdo dará una solución a las radiales de acceso a Madrid, la autopista que une la capital con el aeropuerto de Barajas, la Ocaña-la Roda, la Cartagena-Vera y la circunvalación de Alicante.

Estas autopistas se encuentran en concurso de acreedores por el desequilibrio económico que les ocasionó el sobrecoste de las expropiaciones y un tráfico mucho menor del esperado. El problema para el Estado es que, en caso de liquidación, se activaría la llamada RPA, lo que obligaría a asumir el 100% de la deuda. Esta opción costaría 5.000 millones a las arcas públicas, según los cálculos del sector.


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