Montoro reduce el déficit a pesar de aumentar el gasto del Estado central un 7,5% hasta noviembre

El Gobierno se jacta de haber logrado el 6,7 por ciento de déficit una vez excluidas las ayudas bancarias. Sin embargo, no parece haberlo conseguido a costa del gasto del Estado central, que se eleva hasta noviembre en datos de la ejecución presupuestaria un 7,5 por ciento respecto a 2011, sobre todo debido a las transferencias a las Comunidades, la Seguridad Social, y los intereses de la deuda.

Pese a que estos datos no están filtrados por el método de contabilidad nacional que pide Bruselas y que incluyen las operaciones financieras que luego no van a déficit, esta cifra refleja todos los pagos acumulados de los once primeros meses del 2012 y da cuenta del esfuerzo que se ha hecho para reducir el déficit durante diciembre. De hecho, algunos economistas apuntan que estos números constatan que se cerró la caja antes de empezar el último mes del año, lo que habría diferido al menos unas décimas de déficit a este año.

Sin las operaciones financieras, hasta noviembre el Estado habría gastado unos 2.000 millones de más, unas dos décimas de PIB. Y las subidas de impuestos y el recorte de la paga extra rectificaron esta deriva. 

La misma secretaria de Estado de Presupuestos reconocía este jueves que los créditos, y por lo tanto el gasto, habían aumentado un 0,4 por ciento respecto a lo presupuestado para 2012, es decir, las cuatro décimas por las que se desvía el déficit hasta el 6,7 por ciento del PIB en lugar del 6,3 por ciento comprometido con Bruselas. Y este dato sí estaba pasado por la contabilidad nacional. Un informe de BBVA Research también abundaba hace escasos meses en la misma línea, identificando que el 90 por ciento del desvío se atribuía a capítulos de gasto.

Muchos economistas creen que se ha dejado de anotar déficit desde noviembre, por lo que se habrían diferido unas décimas a 2013

Además, tal y como avanzó Vozpópuli, Hacienda cerró los grifos a principios de noviembre en lugar de a mediados de diciembre. Una orden ministerial del BOE recoge: “Los servicios gestores tendrán como fecha límite para el envío a fiscalización previa de los expedientes de aprobación del gasto a las Intervenciones Delegadas y Regionales y Territoriales el día 7 de noviembre”.

Y añade: “Los créditos que al cierre del ejercicio no queden afectos al cumplimiento de obligaciones reconocidas quedarán anulados de pleno derecho sin perjuicio de que puedan ser incorporados al Presupuesto siguiente”.

España, nunca corregida por Eurostat

Como adelantó Vozpópuli, también ha despertado dudas el retraso de las devoluciones. Respecto a todos estos interrogantes, el ministro Cristóbal Montoro afirmó este jueves que España nunca había sido corregida por Eurostat, el órgano supervisor de la contabilidad en Europa.

Montoro explicó que había resultado decisivo que la nueva legislación prohíba que un gestor pudiese aprobar pagos sin tener la correspondiente partida presupuestaria, y que una vez más había cumplido pese a las previsiones de los analistas. Muy convenientemente, el titular de Hacienda pasó por alto que esos mismos economistas le habían advertido de que tendría que subir los impuestos para cuadrar las cuentas, como así ocurrió.   

El gasto total de todas las administraciones públicas es de unos 400.000 millones, alrededor un 40% del PIB anual

Según estos datos de Ejecución acumulados hasta noviembre, los únicos disponibles por ahora para analizar las cuentas, el gasto del Estado central engordó desde los 194.906 millones de 2011 hasta los 209.422 millones durante 2012. Tales desembolsos incluyen las transferencias a las Comunidades, ayuntamientos y Seguridad Social, pero no sus presupuestos totales. Sumados éstos, el total de las Administraciones rondaría los 400.000 millones, el 40 por ciento del PIB. 

Las principales razones de esta desviación hasta noviembre en las cuentas del Estado central radican en el incremento de los gastos financieros y las mayores transferencias a la Seguridad Social, las autonomías y las corporaciones locales. Los intereses de la deuda abonados hasta noviembre aumentaron un 16 por ciento, desde los 21.941 a los 25.536 millones. Hasta noviembre, las transferencias a las comunidades, ayuntamientos y Seguridad social se elevaron un 44%, 11% y 11% respectivamente, para situarse en los 20.929, 13.805 y 8.703 millones.   

En parte, este complejo sistema de financiación se ha impuesto porque los ingresos de Comunidades y ayuntamientos estaban basados en la burbuja y se derrumbaron con ella.

Y todo ello ocurre pese a haber tomado medidas para atajar el gasto por valor de 26.000 millones. A saber, unos 5.000 millones en el empleo público, 8.000 millones en trasferencias para la inversión y 9.000 millones en las Comunidades.

Recaudación a costa del consumo

De modo que las cuentas se salvan gracias a la tributación. En este apartado sólo han errado el objetivo presupuestario por 297 millones, por lo que prácticamente se logra la meta de aumentar un 4,3 por ciento los ingresos tributarios en medio de una recesión.

Frente a otros países sometidos a la austeridad en los que caía aún más la recaudación en cuanto subían impuestos, tal 'éxito' ha supuesto un aval de la fortaleza de la economía española. Sin embargo, también ha repercutido sobre la renta disponible y, por tanto, la demanda nacional.

En buena medida, Hacienda ha buscado principalmente apretar a las empresas que superan los 60 millones de facturación y cuya tributación se había desplomado. Así, Sociedades aporta unos 5.925 millones más en 2012.      

De cara a 2013, el problema estriba en que la economía no tiene visos de recuperarse al ritmo deseado. No obstante, el Gobierno se muestra confiado porque sostiene que una vez consiga la relajación del déficit desde el 4,5 hasta el 5,5 por ciento del PIB, entonces podrá revisar sus estimaciones a la baja y las cuentas cuadrarán sin necesidad de mayores ajustes que los comprometidos.

Sin embargo, tamaña aseveración puede parecer demasiado precipitada. Las pensiones continuarán ensanchando su agujero y precisarán ser redimensionadas hacia mediados de año. Los salarios públicos volverán a crecer sin la paga extra. Está por ver si reformas como la de la Administración generan los ahorros prometidos y se antoja harto complicado que el Estado pueda recabar 14.000 millones más de impuestos, tal y como contempla Hacienda para 2013.