Antes de las vacaciones de agosto subirán los impuestos sobre tabaco y alcohol

Rajoy rechaza la presión del ‘ala dura’ del PP y retrasa la rebaja impositiva hasta 2015, como defiende Montoro

Con la economía cayendo al 1,5% y la creación de empleo todavía en la nebulosa, no hay margen para alegrar a los contribuyentes con una bajada de  impuestos. Esta es la tesis que ha defendido con éxito Cristóbal Montoro en el Consejo de Ministros, frente a las posiciones mucho más ambiguas de otros miembros del Gabinete, entre ellos la del titular de Economía, Luis de Guindos.

En la Moncloa y en un amplio sector del PP se interpreta la última ofensiva del ex presidente José María Aznar a favor de una rebaja de impuestos, abrazada por algunas terminales mediáticas y por el ‘ala dura’ del partido, como un ataque directo a la línea de flotación del Gobierno, en un momento en el que Mariano Rajoy ha reconocido ya en varias ocasiones que las circunstancias le han llevado a conducirse con una carta de navegación opuesta a la que figuraba en su programa electoral: todas las figuras tributarias han subido para compensar una caída de recaudación que ha superado en los últimos años los 70.000 millones de euros. Hubo elevación del tipo general del IVA del 18 al 21%, se estableció un gravamen en el IRPF de hasta el 7% que vive ahora su primera prórroga y se aumentó del 15 al 21% la retención por rendimiento de actividades profesionales. También se ajustó la tributación por las plusvalías obtenidas a corto plazo, se eliminó la deducción por compra de vivienda y se suprimió la exención de los premios de loterías. Todo un rosario de desgracias para un partido que llegó a La Moncloa con la bandera de la rebaja de impuestos en la mano.

La ofensiva emprendida por Aznar y el 'ala dura' del partido ha causado un profundo malestar en el equipo económico

Aznar, la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre y algunos de los tentáculos ligados a FAES, han erizado con sus propuestas a una parte del equipo económico del Gobierno, la más vinculada a las tesis de Cristóbal Montoro, que entiende que sería un gravísimo error bajar impuestos en un momento en el que la economía se desploma a un ritmo del 1,5% y la creación de empleo no está ni mucho menos asentada. Con este cuadro médico, sería un espejismo pensar que una reducción impositiva traería consigo un aumento del consumo, afirman fuentes gubernamentales, pues la mayor parte del dinero iría directa al ahorro. “Las bajadas de impuestos que funcionan son solo las que favorecen el crecimiento, si ahora damos ese paso tendría consecuencias demoledoras pues volvería a caer la recaudación, se pondrían de nuevo en peligro los objetivos de déficit, se hundiría la confianza y se dispararía la prima de riesgo. Nos ha costado mucho esfuerzo despejar el peligro del rescate como para dar ahora saltos en el vacío”, añaden las mismas fuentes.

El sector del Gobierno opuesto a una rebaja inmediata de impuestos argumenta que no aumentaría el consumo, peligraría el objetivo de déficit y volvería el peligro de rescate

Las tesis de Montoro se han impuesto en el Consejo de Ministros, donde no ha pasado ni mucho menos desapercibida la posición tan ambigua que ha mantenido durante las últimas semanas Luis de Guindos. “El ministro de Economía se ha batido el cobre defendiendo una fuerte reducción del gasto con medidas como la supresión de otra paga extra a los funcionarios o la reducción de las prestaciones por desempleo, pero en la polémica sobre la rebaja de impuestos ha mantenido una actitud confusa”, aseguran fuentes del Consejo de Ministros.

Tampoco ha querido entrar en la pelea el ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, un hombre muy cercano a Mariano Rajoy. Se ha limitado a trasladar al ministro de Hacienda un informe sobre el aumento de los impuestos ambientales que demanda Bruselas, teniendo en cuenta que la mayoría de ellos están en España por debajo de la media europea.

Guindos ha mantenido una actitud ambigua sobre la rebaja de impuestos, mientras Arias Cañete ha opinado solo sobre los medioambientales

Después del rifirrafe generado por el ‘ala dura’ del PP, desde Moncloa se ha decidido ganar tiempo y en breve se anunciará la constitución de un grupo de expertos que elaborará la reforma tributaria con la que Rajoy piensa estrenar el año 2015. Para entonces se espera contar con síntomas sólidos de recuperación económica que dejen espacio a una rebaja del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto sobre Sociedades. “El debate no está en bajar o no impuestos, sino en el cuándo. Y aquí el presidente lo tiene claro y apoya sin duda a Montoro”, aseguran estas fuentes. Hasta entonces, el guion previsto pasa por subir antes de agosto los impuestos que gravan el tabaco y el alcohol, partida que aporta anualmente cerca de 8.000 millones de ingresos anuales, por tocar la llamada ‘fiscalidad verde’, sin que se dispare todavía más el precio de los combustibles, y por conseguir a partir de enero que no se abone a Hacienda el IVA de las facturas que no hayan sido cobradas.

La reforma fiscal que incorporará las principales promesas electorales con la que Rajoy llegó a La Moncloa no llegará hasta principios de 2015

De esta forma, la gran reforma fiscal, la que Aznar y su séquito defienden que se haga ahora para conciliar al PP con las clases medias y con sus votantes, no verá la luz hasta 2015, en vísperas de los comicios locales y autonómicos y en el fragor también de la campaña para las elecciones generales. Será entonces cuando lleguen al BOE algunas promesas electorales del PP como la de la cuenta corriente tributaria pensada para compensar de forma automática cualquier tipo de deuda reconocida por las administraciones públicas, la introducción de nuevos regímenes especiales en Sociedades según el volumen de negocio, la mejora de la fiscalidad para los beneficios no distribuidos y la nueva tributación para los planes de pensiones. Si remontara de forma considerable el número de afiliados a la Seguridad Social, se consideraría, incluso, la rebaja de las cotizaciones para favorecer también la creación de empleo.

El Gobierno trabajará esta reforma en paralelo al nuevo modelo de financiación autonómica para que los ‘barones’ del PP no lleguen en pie de guerra y afronten en desigualdad de condiciones sus correspondientes procesos electorales.


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