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Economía

Hacienda perderá casi 1.000 millones de euros por la supresión de la paga extra a los funcionarios

Un grupo de funcionarios protesta en el Paseo de Recoletos (Madrid) en protesta por los recortes.

El recorte de la paga extra a los funcionarios no conseguirá todos los ahorros deseados, estimados por el Gobierno en el entorno de los 4.000 millones de euros. Para empezar, según cálculos del colectivo de funcionarios CSI-F, Hacienda podría perder casi 1.000 millones de euros de sus ingresos por IRPF.

Al eliminarse una paga, se está restando dinero de la franja que más impuesto paga y por tanto perdiendo proporcionalmente más recaudación. Si se aplica un tipo mínimo del 24 por ciento sobre los 4.000 millones, la cifra se acerca fácilmente a los 1.000 millones, y por supuesto hay empleados públicos que tributan incluso a un tipo mayor.    

Además, la paga de Navidad se suele dedicar en buena medida al consumo de las fiestas y su eliminación puede reducir la capacidad adquisitiva de los funcionarios hasta en un 30 por ciento. De modo que eso puede también repercutir en los ingresos por IVA. Nada es gratis.

Los gastos de personal han subido un 1,4 por ciento en 2011

El Ministerio de Hacienda declara que no tiene números sobre el impacto en la recaudación y que, en cualquier caso, los efectos netos de la supresión de la paga extra serán positivos para las cuentas. Y Cristóbal Montoro se ha visto obligado a argumentar en el Congreso que no había dinero para pagar salarios a menos que se suban impuestos o se aumente la recaudación.

Los gastos de personal hasta mayo se han elevado un 1,4 por ciento respecto a 2011, en parte por las cuotas que se han tenido que destinar a las pensiones de los funcionarios. Y la masa salarial del conjunto del Estado ascendió en el ejercicio anterior a los 122.000 millones, más que la suma de la recaudación por IVA, de 49.000 millones, e IRPF, de 69.000 millones.

El Gobierno está muy preocupado por las manifestaciones espontáneas de funcionarios y prevé una importante escalada de la conflictividad social. Tanto Montoro como el jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Alvaro Nadal, quieren con el tiempo mantener una función pública más reducida pero bien pagada. Sin embargo, las cuentas ahora no salen.


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