Economía

Montoro inicia el regateo con las CCAA para repartir el nuevo objetivo de déficit

El ministro de Hacienda negociará los objetivos de déficit individualizados reuniéndose uno por uno con los presidentes autonómicos. Se avecina una pelea entre las autonomías para llevarse una mayor parte de la tarta del déficit.

Cristóbal Montoro inició en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de ayer el cambalache del déficit con las Comunidades Autónomas. Gracias al margen extra concedido por Bruselas, Hacienda ha podido fijar un déficit del 1,3 por ciento del PIB para el total de las CCAA, mucho más que el 0,7 anteriormente previsto. Las comunidades querían llevarlo al 1,4 por ciento, pero Montoro ha preferido guardarse esa décima bien para la Seguridad Social, bien para el mercadeo que se le avecina con los presidentes autonómicos.

A partir de ahora y motivado por las exigencias de Cataluña, el ministro tendrá que ir uno por uno negociando con cada presidente autonómico cómo le deja el objetivo de déficit. De aquí al próximo Consejo de Política Fiscal fechado en julio, Montoro se adentrará en un mercadillo político de regateos, compras de voluntades e intercambios de favores con tal de cerrar un déficit diferenciado por Comunidad que en el conjunto le dé el 1,3 por ciento, lo cual significa que las autonomías cumplidoras tendrán que sacrificarse para que las incumplidoras disfruten de más margen con el gasto.

Aunque votaran a favor de la propuesta del 1,3 por ciento de déficit, tanto la consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, como el de Madrid, Enrique Ossorio, se mostraron críticos con el hecho de que vayan a ser los paganos del desfase de otros.

Sobre todo Madrid, Castilla y León, Galicia y La Rioja tendrán que compensar los excesos en el déficit del resto. En cambio, Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía y Baleares podrán beneficiarse de esta fórmula a la carta, que además podría emplearse durante más de un año.

Así que ayer todas las energías se pospusieron para la pelea que habrá en julio. Las autonomías del PP votaron a favor, y las que no lo son -Cataluña, Andalucía, Asturias y Canarias- votaron en contra. Curiosamente, aunque Cataluña y Andalucía se opusieron, lo hicieron con la boca más pequeña que otras veces, a la espera de poder obtener una relajación de la senda de ajuste.   

Y dado que el déficit se fijará a fuerza de reuniones bilaterales, no es de extrañar que los criterios para definirlo no estén nada claros. Si bien antes se decía que se tendría en cuenta el mayor efecto que había tenido la burbuja inmobiliaria en el arco mediterráneo, ahora se afirma que se determinará en función de los avances logrados en los planes de reequilibrio y en lo que propone el Gobierno en su reforma de la Administración. El ministro también declaró que, por ejemplo, hay muchos desniveles de renta entre comunidades y que hay que tener en cuenta todas esas diferencias.

O sea, muchos criterios nada definidos que servirán para dar cobertura a una meta de déficit menos exigente para ciertas comunidades y, en especial, Cataluña.

Respecto a la reforma de la Administración, varias autonomías explicaron que habrá muy poco tiempo, apenas meses, para que puedan cerrar entidades a mayor ritmo. Además, hay otro problema de base, ¿qué clase de autogobierno hay cuando no se permite a la Comunidad decidir cómo se ajusta? Quizás por ello, Montoro evitó la polémica y tan sólo explicó la reforma, sin intentar forzarla.

Las Comunidades también rechazaron que Montoro quisiera imponerles mayores controles a sus emisiones de deuda. El debate sobre un mecanismo que regule e incluso obstaculice cualquier emisión se aparcó para el próximo Consejo de Política Fiscal.

La nueva senda de déficit para el conjunto de las autonomías se establece en el 1,3 por ciento del PIB en 2013, el 1 en 2014, el 0,7 en 2015 y el 0,2 en 2016. La deuda podrá subir al 19,1 por ciento del PIB en 2013, el 20 en 2014, el 20,3 en 2015 y el 20,5 en 2016.

Las CCAA han reclamado llevarse una parte proporcional a su gasto del 6,5 por ciento de margen de déficit concedido por Bruselas, pues éstas abarcan el 33 por ciento del total de desembolsos de la Administración.


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