Publicado: 14/10/2013 04:00
El enfado en la Comunidad de Madrid con el ministro Montoro es palpable. A fecha de 14 de octubre, el Ministerio de Hacienda no ha dado todavía el visto bueno para que el gobierno madrileño pueda emitir deuda aprovechando el apetito inversor existente en las últimas semanas y así pueda satisfacer sus facturas acumuladas con proveedores por valor de casi 700 millones de euros.
La autonomía que preside Ignacio González conserva su capacidad para atraer inversores y ha emitido todo lo que tenía permitido para financiar el déficit del 0,7 por ciento fijado a comienzos de año. Sin embargo, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 31 de julio se estableció un nuevo objetivo de déficit del 1,07 para la comunidad madrileña, justamente la cifra que finalmente logró en 2012 pero muy por debajo de la media del 1,3 exigida al conjunto de las autonomías para todo 2013. Y ahora Madrid quiere acudir de nuevo al mercado para financiar esas tres décimas que le quedan y que equivalen aproximadamente a los cerca de 700 millones que tiene la Comunidad por abonar en facturas.
Sin embargo, han transcurrido dos meses desde el Consejo de Política Fiscal y Montoro se demora, incluso cuando sólo tiene que firmar unas pocas líneas en el BOE para brindar la autorización. En el fondo subyace una batalla por el control de las autonomías. El titular de Hacienda quiere que todas las comunidades se acojan al Fondo de Liquidez Autonómico. Por dos razones: una, porque bajo el paraguas del Estado obtienen la liquidez más barata. Y dos, porque así tiene más controladas las cuentas autonómicas, quizás la verdadera motivación de Montoro.
Las obligaciones del FLA
Con los mercados cerrados, el FLA ha funcionado de un modo similar a los rescates europeos y, por lo tanto, sólo concede los fondos a las comunidades a cambio de una supervisión estricta de las cuentas y facturas. Pero por si acaso y para asegurarse de que no escapaban del FLA, Montoro ha impuesto por ley un techo al interés al que las regiones pueden financiarse en los mercados consistente en un diferencial de 100 puntos sobre el interés que abona el Estado español.
Después de los intereses disparados que han tenido que pagar algunas comunidades por sus bonos patrióticos, la mayoría no ha tenido más remedio que solicitar este año otra vez la ayuda del FLA. Sin embargo, éste no es el caso de Madrid. Con las cuentas más saneadas, la comunidad madrileña atrae el interés de los mercados y puede financiarse a precios razonables. Tan sólo precisa que Hacienda le dé el permiso.
La restricción de liquidez a la que se somete a Madrid podría interpretarse como una forma restringirle el gasto. Sin embargo, al estar presupuestado, el desembolso se ordena igualmente y el problema radica entonces en que los proveedores de Madrid sufren las consecuencias del retraso del Ministerio de Hacienda.
Al mismo tiempo, el departamento que encabeza Montoro ha puesto en marcha el último plan de pago a proveedores bajo la condición de que la comunidad que lo pida siga un plan de racionalización del gasto.
De modo que la batalla por librarse de las garras de Montoro está servida una vez más. Los enfrentamientos entre el entorno de Ignacio González y el Ministerio de Hacienda se repiten habitualmente, ya sea a cuenta de las entregas del sistema de financiación que benefician a Cataluña y perjudican a Madrid; ya sea por los impuestos más bajos del gobierno madrileño que ponen en evidencia la política fiscal de Montoro; o ya sea debido a las metas de déficits asimétricos que obligan a los madrileños a financiar los excesos de otras comunidades que no cumplen con los ajustes.
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