Economía

Montoro cede: la banca consigue ventajas fiscales para salvar un agujero de 50.000 M.

Guindos y la banca convencen finalmente a Hacienda para que las entidades puedan computar los activos fiscales diferidos como capital de máxima calidad con la entrada en vigor de Basilea III. La medida será aprobada antes de final de año.

Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda y Administraciones Públicas.

La banca española ha logrado sortear el agujero de capital de 50.000 millones al que se enfrentaba con la entrada en vigor de la nueva norma de Basilea III relativa a los activos fiscales diferidos (DTA's, en inglés), como adelantó Vozpópuli en julio pasado. Cristobal Montoro, ministro de Hacienda, ha permitido finalmente que el sector financiero pueda seguir computando como capital entre 25.000 a 30.000 millones del monto total de 50.000 millones de créditos fiscales que ya tiene activado el sector financiero español, según confirman fuentes financieras.

Montoro se resistía a la propuesta de la banca, que tenía el aval de Luis de Guindos, ministro de Economía, ya que este cambio significará en la práctica una gran ventaja fiscal para la banca. De hecho, el cambio de regulación de los DTA's permitirá a la banca dejar de pagar impuestos en función de las pérdidas que registren desde este ejercicio en adelante. Estos activos fiscales diferidos funcionan como una especie de esquema de protección de activos por el que las entidades reducen su carga impositiva en caso de que aparezcan pérdidas si pueden compensarlos con beneficios futuros. Es decir, se dejan de pagar impuestos, porque ya se ha hecho al efectuar la provisión, cuando aparecen las pérdidas siempre que la entidad tenga capacidad de generar ganancias en siguientes ejercicios.

La banca contaba, desde el pasado julio, con el compromiso del titular de Hacienda para aplicar este cambio fiscal. Sin embargo, desde el gabinete de Montoro dudaban de dar el sí definitivo ante lo impopular de la medida. "Es díficil en un momento de tanta presión fiscal a la población tomar esta decisión, pero no había otro camino. Si no se hubiera optado por esta medida, gran parte del sistema financiero español tendría que haber solicitado ayudas públicas. Una decisión que hubiera sido nociva no sólo porque hubiera puesto en duda, de nuevo, a la banca española sino también porque habría devuelto la intranquilidad a la economía española en el horizonte de la recuperación", explican fuentes del Gobierno.

Economía tiene previsto anunciar este cambio normativo antes de final de año, según confirman fuentes del sector. Guindos ha sido muy proactivo en este cambio legislativo que supone una armonización de las decisiones que se han tomado en el resto de países europeos sobre esta materia. "La banca española no podía estar en desventaja con el resto de sistemas financieros de nuestro entorno. Este cambio era necesario", confirman desde el entorno de Guindos.

Hacienda ha aprobado la solución 'a la italiana', que funciona como un aval del Estado que sólo impactaría en el déficit público en el caso de que un banco entrase en liquidación

En la mayoría de países de Europa, al menos en Reino Unido, Francia, Alemania o Italia, sus sistemas financieros están protegidos ante esta próxima reglamentación de Basilea bien porque pueden compensar sus DTA's con beneficios del pasado (es el caso de Reino Unido, Alemania o Francia) bien porque cuentan con un aval del Estado, como sucede en Italia, para que puedan seguir contabilizándose como capital.

Montoro se ha decidido finalmente por la solución 'a la italiana'. De hecho, Hacienda se ha negado en redondo a aceptar la vía del carry back fiscal alemana o francesa, porque le generaría un importante agujero en las cuentas públicas de los próximos ejercicios. La fórmula del aval del Estado conseguirá que se compute como capital todos aquellos activos fiscales diferidos que se generan sobre provisiones cuantificadas en función de pérdidas futuras, como la genérica o los dos decretos Guindos, o los fondos de prejubilaciones que dotan los bancos para complementar la indemnización de un trabajador hasta que empieza a percibir la jubilación de la seguridad social.

No contabilizarán como capital otro tipo de DTA, como, por ejemplo, los fondos de comercio, que se se generan cuando se efectúa una operación coorporativa. Esta ha sido la razón por la que el Sabadell ha decidido realizar una ampliación de capital cercana a los 1.400 millones. La banca no ha conseguido que Hacienda también salve éstos últimos que suponen un volumen para todo el sector en el entorno de los 15.000 a 18.000 millones de euros. Sabadell, Popular o Caixabank hubieran sido las entidades más beneficiadas por estas medidas.

La banca ha defendido en las negociaciones con Economía y Haiencia que la nueva medida fiscal sólo tendría efecto en el déficit del Estado, y por tanto en su deuda, en el caso de que una entidad entrase en liquidación. De esta manera, el Estado tendría que perdonar los impuestos, con el consiguiente agujero que generaría en las cuentas públicas de ese año, si las pérdidas aplicadas a accionistas, titulares de híbridos e inversores de deuda sénior no fueran suficientes para pagar el coste de la desaparición de un banco.


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