Publicado: 25/03/2013 12:30
La banca ha reducido el crédito que concede a empresas y familias en unos 285.000 millones desde el inicio de la crisis, más de una cuarta parte del PIB. El volumen de préstamos se ha desplomado desde un total de 1,86 billones allá por 2008 hasta los 1,58 billones de enero de 2013.
“Esto implica que el mayor trecho del ajuste necesario ya se ha llevado a cabo”, sostiene el profesor del Centro de Estudios Financieros, Juan Fernando Robles. Pero todavía queda. La banca nacionalizada aún tendrá que reestructurar su balance en unos 100.000 millones para cumplir con las exigencias de Bruselas.
Mayor dependencia de los depósitos
Los flujos crediticios no tienen visos de reactivarse a lo largo de 2013 e, incluso, muy avanzado el 2014. La banca española presenta en la actualidad una ratio de préstamos sobre depósitos del 150 por ciento, propiciada porque antes de la crisis podía acceder con facilidad a los mercados. Sin embargo, esa situación se ha acabado, la financiación mayorista se ha cerrado y hay que reorientar las entidades hacia unos modelos basados en una mayor correlación entre el crédito y los depósitos.
La banca nacionalizada tiene la obligación impuesta por el rescate de recortar esta ratio entre préstamos y depósitos hasta el 125 por ciento para 2015. En la actualidad, el total de los depósitos supera el billón de euros, mientras que el conjunto del crédito asciende a los 1,58 billones. Y esto supone una brecha de unos 480.000 millones de euros, casi la mitad del PIB español, una vez descontado el traspaso de activos al banco malo Sareb.
Tal y como explica la consultora Freemarket, la banca pública representa aproximadamente el 40 por ciento del sistema financiero y, por lo tanto, le toca desapalancarse en al menos 100.000 millones, el 10 por ciento del PIB español, para ceñirse a las órdenes de Bruselas y situarse en el coeficiente exigido del 125 por ciento.
La reestructuración pendiente
No obstante, los expertos destacan que esto ocurrirá mediante múltiples vías, lo que suavizará el proceso. Por un lado, hay buena parte que está provisionada e irá desapareciendo del balance conforme se declaren fallidos, sin mayor impacto para las entidades. Según los datos del Banco de España, quedan unos 170.000 millones bajo la rúbrica de créditos dudosos.
Por otro, las entidades con ayudas públicas deben apartarse del negocio inmobiliario y de banca corporativa, lo que hará que dejen de renovar créditos a estos sectores. Esto sí puede conllevar un problema significativo para las grandes empresas, que tendrán que buscar otras formas de financiarse.
Además, obligada por Bruselas, la banca pública tendrá que desprenderse durante los próximos años de sus participaciones societarias en compañías, hecho que también empequeñecerá su balance. Éste será uno de los últimos pasos cuando se trate de empresas rentables, pues ahora mismo reportan un dividendo esencial para apuntalar las cuentas de las entidades nacionalizadas.
Es cierto que para corregir su balance también pueden intentar recobrar la confianza de los clientes y aumentar la cantidad de depósitos. Aunque esto se antoja más difícil, pues al mismo tiempo estas entidades tienen prohibido aprovechar las ayudas para competir con la banca sana y deben circunscribirse a sus territorios de origen, es decir, jibarizarse hasta quedar como banquitos locales, con una apelación menor a los mercados, más fáciles de liquidar en las próximas crisis y, sobre todo, reorientados hacia brindar financiación a pymes y sectores productivos.
Para colmo, la crisis se está comiendo los ahorros de los españoles, por lo que habrá menos depósitos por los que competir. La tasa de ahorro se ha desplomado desde el 17 por ciento de la renta disponible en 2010 hasta niveles del 8 por ciento en el tercer trimestre de 2012.
La reforma financiera, más encauzada
El principal problema de estas entidades respaldadas con dinero público consiste en volver a ser rentables en medio de un entorno económico de escaso crecimiento, lo cual significa que el poco crédito que brinden lo darán caro pese a que en estos momentos abunda la liquidez regalada por el BCE.
El propio informe del Consejo de la Competitividad reconoce que es posible que algunas empresas tengan, a corto plazo, restringido el acceso a la financiación: “El reto es hacer compatible el proceso de desendeudamiento privado con el aumento de crédito nuevo a la demanda solvente, con especial foco en los sectores y empresas más productivas”.
Unos 13 decretos más tarde, la reforma financiera por fin empieza a encauzarse. Una señal del retorno de la confianza es que los depósitos aumentaron en 2012 en 14.000 millones, o 29.000 millones si se incluyen los pagarés. Pero las incógnitas permanecen. El Sareb puede arrojar pérdidas, y el continuo deterioro de la economía puede erosionar aún más la rentabilidad de las entidades, que en algunos casos aventuran planes de negocio un tanto optimistas.
La prima de riesgo todavía se encuentra en niveles elevados y la unión bancaria precisa desarrollarse para poder restaurar de forma definitiva la confianza a los depositantes. Al menos, los 100.000 millones disponibles del rescate europeo sí que representan, por el momento, una cantidad suficiente como para afrontar cualquier saneamiento inmediato.
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