Economía

Montoro penaliza las indemnizaciones millonarias con más socialpopulismo: le pasa la factura a las empresas

El dramático globo sonda de principios de mes se ha pinchado. Los directivos apenas sufrirán recortes fiscales en sus blindajes, pero las empresas no podrán deducirlos del impuesto de sociedades. Algunos expertos legales denuncian la nueva dosis de "dirigismo económico" del Gobierno, empeñado en ejemplarizar con todos los directivos después de los desmanes bancarios. 

El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro.
El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro. LA MONCLOA

Hace pocos días saltaron las alarmas ante la posibilidad de que Hacienda implementara un ‘impuestazo’ del 75% sobre las indemnizaciones por despido especiales (blindajes) de altos directivos de las empresas. El asunto provocó un enorme nerviosismo entre los potenciales afectados y se saldó con la estampida de varios altos cargos, sobre todo en Telefónica, donde han salido hasta cuatro altísimos ejecutivos en cuestión de semanas. Aquello parecía un globo sonda del Gobierno más que otra cosa, ya que era una medida excesivamente dura y repentina, que rozaba lo burdo. Ahora, ya se ha conocido el anteproyecto de medidas tributarias que entrará en vigor el próximo 1 de enero y se puede comprobar que no hay tanta sangre como se temía. Los ejecutivos tributarán algo más pero lo más llamativo es que las empresas perderán también la posibilidad de deducirse ese pago en el Impuesto de Sociedades cuando el importe de la indemnización supere el millón de euros.

Doble desánimo

Se trata por tanto de “una medida de doble desincentivo a las indemnizaciones altas, que empieza a operar en el IRPF cuando se exceden los 700.000 euros –con posible error de salto‑, limitando la reducción de la renta  irregular considerada en su totalidad, y que entra en juego en el Impuesto sobre Sociedades por lo general a partir de un millón de euros, impidiendo la deducción en la base imponible del exceso”, aclara Salvador Ruiz Gallud, socio del despacho Equipo Económico.

Para pagos elevados, las inconveniencias fiscales se traducen simultáneamente en una mayor tributación de la empresa en el Impuesto sobre Sociedades, y una mayor tributación -con progresividad- del empleado despedido en su IRPF por el 40% de ciertas cuantías hasta ahora reducibles.

El directivo sólo sufrirá esa pérdida de la ventaja fiscal en los primeros 300.000 euros del despido. Sin embargo, las empresas sufrirán más conforme más alta sea la indemnización. A mayor pago, más coste y ninguna desgravación.

Hay algunas rendijas para suavizar esto. Existe la opción de diferir durante varios años naturales el pago para beneficiarse de las ventajas. Por ejemplo, si un directivo tuviera derecho a un despido de 1,5 millones de euros, podría recibir 500.000 durante tres años, de tal manera que empresa y trabajador podrían acogerse a las deducciones pertinentes, es decir, el 40% para los primeros 300.000 euros y desgravarse en Sociedades las compañía. Así, durante los tres ejercicios. Para ello, sólo es preciso que el número de años trabajados dividido entre el de años en los que se abona el blindaje sea superior a dos. Una pequeña gran rendija a la picaresca, por tanto.

Dirigismo político

La medida, sin embargo, ha suscitado enorme controversia y un elevado número de consultas a los despachos legales. Algunas fuentes se han mostrado muy críticas, como Ricardo Gómez, Senior Partner de Garrigues y considerado uno de los mejores fiscalistas de España. Gómez califica este intento de regular entre contrapartes privadas como un intento “arbitrario, de dirigismo político”.

Opina que es un precedente peligroso: “no distingue entre directivos exitosos de los que han realizado malas prácticas y pretende resolver esta situación castigando a la empresa encareciéndole el despido un 30% más”. El experto critica, además, que no tenga lugar un régimen transitorio: “se aplica a partir del 1 de enero, castigando al trabajador; que ya lleva lo suyo con un tipo del 56% y también a las compañías. Todo ello, con un efecto recaudatorio cero, que es el que va a tener”.

Gómez señala que esta ley llega tarde, derivada de un intento por poner coto a las indemnizaciones de los directivos de las cajas de ahorros, cuando ya no quedan apenas ejecutivos conflictivos al frente de las mismas. Y se muestra crítico con el intento de restringir a las partes que sellan un compromiso privado lícito: “no hay mucha gente con despidos superiores a un millón de euros, y los que lo tienen dirigen las empresas más importantes del país”. Y concluye con que “se trata de una medida impropia de un Gobierno como el del PP”, aunque no es la primera vez que el Ejecutivo se desmarca con medidas claramente contrarias a las políticas liberales. A Rajoy y Montoro ya les han acusado muchas veces este año de socialpopulismo. 

¿Qué efecto puede tener esta medida? “Que la empresa pague estos conceptos mediante bonus y mantenga los anteriores beneficios, pero tener que recurrir a esto no es algo lógico”. Parece claro que el resquicio legal, si es necesario, se encontrará. 

Por su lado, Luis Cazorla, catedrático de derecho Financiero y socio del despacho que lleva su nombre, considera que “no creo que el nuevo marco vaya a tener gran impacto, sólo en casos de poderosísimos motivos fiscales”, es decir, en los de indemnizaciones muy elevadas.

Resulta inevitable dirigir aquí la mirada a Telefónica, donde han dejado casi repentinamente su cargo personas de larga trayectoria como Luis Abril o Belén Amatriaín, que podrían haber tenido una salida mucho menos agradable después de muchos años de servicio en la compañía si hubiera llegado a convertirse en realidad el ‘impuestazo’ del 75% a los blindajes. Sin duda, tenían "poderosísimas" razones para irse. Será interesante comprobar si en diciembre continúa el proceso de salida de las altas esferas de las empresas o se serenan los ánimos. 

¿Cuántos?

¿Quedan muchos ejecutivos dentro de este grupo de ‘blindados de oro’? Que superen el millón de euros no tantos: “esas cifras pertenecen al top 10 del Ibex y a algunos altísimos ejecutivos de multinacionales”, señala Víctor Hernanz, del despacho CMS Albiñana y Suárez de Lezo. Sin embargo, “prácticamente todo alto directivo que haya sido fichado de otra compañía dispone de cláusulas de despido”. Las reformas del Gobierno servirán, sin duda “como medida disuasoria para que se firmen esas cláusulas en el futuro”. Pero lo cierto es que deberían haberse aplicado antes, a los responsables de las entidades financieras que tuvieron que ser intervenidas. 


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