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Economía

Empieza la guerra entre CCAA por la financiación: por primera vez el sistema dejará ganadores y perdedores

Montoro junto a sus secretarios de Estado

Hacienda ha dado el pistoletazo de salida a la carrera para formular un nuevo sistema de financiación autonómica. De ordinario, las comunidades autónomas estaban malacostumbradas y siempre conseguían más recursos cada vez que se acordaba un nuevo reparto de la tarta. Después de los habituales dimes y diretes, el Gobierno de turno terminaba contentándolas aumentando los fondos, y así ninguna quedaba por debajo de lo que tenía. Nadie aparecía peor. Sólo que esta vez hay un serio inconveniente: se acabó ese modelo y empieza un juego de suma cero. Hacienda les ha comunicado que en el nuevo sistema que se comienza a discutir no habrá un incremento de la financiación y, por lo tanto, la negociación se cerrará con ganadores y perdedores.

“Sólo se pueden prometer ingresos a futuro de la reforma fiscal”, explica un alto cargo del Ministerio. Aunque se pueda sostener que eso simplemente sea una estrategia negociadora antes de volver a bajarse los calzones con Cataluña, tal afirmación ha provocado que los barones regionales salgan cuchillo en boca a defender sus necesidades financieras. En especial por el temor a que se termine como siempre, con el sistema negociándose entre Moncloa y la Generalitat catalana al margen de los demás. Precisamente tal y como ocurrió cuando el tripartito estaba en el poder y Castells trazó las líneas maestras de toda la financiación autonómica para mayor provecho de Cataluña.

Un momento, ¿mayor provecho? Bueno, no tanto… El sistema vigente se concibió para que saliesen ganando aquellas con más potencia recaudatoria al repartir mayor proporción de los impuestos, hecho que beneficiaba a Cataluña y Madrid. Y luego se compensaba con unos fondos de solidaridad que premiaban a Andalucía y penalizaban a Madrid. Se trataba de un modelo pensado para épocas de expansión. Pero entonces acaeció la crisis y con ello el desplome de la recaudación de las CCAA. “Es un momento en el que hay que hacer política sin dinero, y eso es muy difícil”, repite hasta la saciedad Montoro.

Esta semana las distintas autonomías han de entregar al Ministerio sus valoraciones del actual formato de financiación, con el que en principio ninguna está contenta. Sin embargo, en la última reunión preparatoria cinco comunidades se mostraron reacias a acelerar la entrada en vigor de una nueva fórmula: Cantabria, La Rioja, Extremadura, Castilla y León y Galicia.

Aunque los casos que son especialmente flagrantes y que ahora se señalan con vehemencia son los de las comunidades forales. País Vasco y Navarra no participan del sistema de financiación y por consiguiente no aportan a los mecanismos de solidaridad. Con los números del 2010, Madrid ha denunciado que, pese a ser los más ricos, la financiación per cápita de un vasco ronda los 3.500 euros y la de un navarro alcanza los 3.700 euros, frente a los 2.400 euros que recibe de media un ciudadano de otra autonomía.

Es más, a partir de los datos de 2011, la Comunidad de Madrid ha hecho los cálculos sobre qué pasaría si al País Vasco y Navarra se les aplicase el régimen común, y el resultado es que el País Vasco tendría que poner 2.336 millones adicionales, y Navarra otros 824 millones. En opinión de la Consejería de Hacienda de Madrid, hay que calcular de forma más transparente y equitativa el cupo que abonan ambas por los servicios prestados por el Estado, se han de recalcular las cantidades que se llevan por IVA y Especiales y, por último, las dos comunidades deberían contribuir a la solidaridad interregional.

Madrid, al ataque

En medio de esta pugna, Madrid se quejó este martes de su infrafinanciación. En el informe que ha remitido a Hacienda para evaluar el modelo actual, el consejero de Hacienda madrileño, Enrique Ossorio, aseguró que Madrid es la única que ha perdido recursos del sistema financiación entre el 2009 y el 2014, con una caída del 3,4 por ciento.

Madrid protesta porque a Cataluña se la compensó con el Fondo de Competitividad lo que brindaba a la solidaridad. Y encima conforme se ha comprobado que su recaudación ha aguantado mejor que la del resto, cada año se ha restado a Madrid más dinero a través de la solidaridad, hasta el punto de que aporta el 72 por ciento del llamado Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales. Al final, de poco importa que lo hagas mejor si te penaliza por ello, esgrimen los responsables de las arcas madrileñas. De ahí que la Comunidad que preside Ignacio González se haya alineado con Cataluña y pida limitar la solidaridad. Sólo que media un mundo entre la forma en que lo demanda una y otra.

Mientras que la Generalitat exige que sus aportaciones al fondo común no varíen su posición en renta per cápita respecto a las demás, el llamado principio de ordinalidad, Madrid reclama que después de haber aportado a la solidaridad no quede por debajo de la media de financiación. “Resulta inconcebible en ninguna otra parte del mundo que una región que tiene una capacidad recaudatoria del 130 por ciento sobre una base media del 100 quede después del reparto en el 95 por ciento”, explican fuentes de la Comunidad madrileña, si bien estos números no contemplan los ajustes que se hacen para tener en cuenta la dispersión o el envejecimiento de la población y cómo esos factores repercuten en la prestación de servicios.   

Y de cara al debate que se avecina, con la metodología y los datos de 2005 que ha facilitado Hacienda para confeccionar las balanzas fiscales, la Comunidad de Madrid las ha publicado tal y como recogemos a continuación en saldos totales en miles de euros y por habitante en euros: 

Sin embargo, Hacienda no tiene intención de dar publicidad a estas balanzas. Pretende elaborar en su lugar unas balanzas territorializadas que medirían si los servicios que ha de prestar una Comunidad están bien financiados. Una aspiración que se calcula mediante lo que se llama población ajustada. Se toman factores como el envejecimiento, la dispersión o la insularidad que encarecen la prestación de servicios y en función de estos elementos se hace un ajuste a la población. Y he aquí uno de los puntos centrales de la polémica con Madrid, que al aplicarse el criterio de población ajustada pierde unos 600.000 ciudadanos de la sanidad y 352.000 de la financiación.

No obstante, el principal agujero para las cuentas madrileñas estriba en el cálculo de su porción de IVA y Especiales. Y ésa es una de las principales batallas que tendrán que lidiar con Montoro durante este año. En principio, los ingresos del IVA se distribuyen según lo que estima el INE que se consume en cada región. Sin embargo, pese a contar con casi un 20 por ciento del PIB nacional, sólo se le otorga un 17 por ciento del consumo y por tanto del IVA. En cambio, Andalucía gana en la asignación prácticamente 3 puntos respecto a su PIB. Y otro tanto ocurre con el consumo de tabaco e hidrocarburos, por los que a Madrid se le concede un 13 por ciento y un 11 por ciento de todo lo que se consume en el territorio nacional. El problema reside en que Madrid es la región donde con diferencia más se recauda y ello lleva a Hacienda a recurrir a todos estos retoques para compensar a las otras.

Pese a que Madrid presiona para que se apruebe un nuevo sistema que corrija cuanto antes algunos de estos impactos sobre sus cuentas, Hacienda espera concluir primero la reforma fiscal y luego se planteará la reforma de la financiación. Así las cosas, la pelea probablemente se alargue bastante y el sistema en cualquier caso no entrará en vigor hasta 2015 pese a que debía haberse aprobado para 2014.

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