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Economía

Las CCAA apenas han cerrado 308 de sus 2.362 empresas públicas: Cataluña sólo ha recortado el 6% y Andalucía, el 5%

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas anunciaba hace escasos días a bombo y platillo que las Comunidades Autónomas habían disuelto a 1 de enero de 2013 un total de 535 empresas públicas. Sin embargo, al examinar el informe de Reordenación del Sector Público Autonómico elaborado por la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local, se comprueba que las autonomías sólo han cerrado de manera efectiva 308 de los 2.362 entes existentes a julio de 2010, es decir, apenas el 13,04 por ciento.  

A principios de 2013, Cataluña y Andalucía son las regiones que mantienen abiertas más empresas públicas, 435 y 350 respectivamente, y dos de las que menos entidades han recortado, un 6,25 y un 5,41 por ciento.

Hacienda alega en su informe que hay 227 entidades vigentes a primeros de año que ahora se han extinguido, están en fase de liquidación o han cesado sus actividades, lo cual reduciría el número total de entes públicos hasta los 1.827. Además, las autonomías han anunciado el compromiso de dar el cerrojazo a 193 más durante 2013.

Castilla -La Mancha es la Comunidad que más ha empequeñecido su sector público, al recortar 32 de las 82 sociedades que tenía, un 39,02 por ciento. Y eso se ha plasmado en que es la autonomía que mayor ajuste de plantilla ha acometido de todas: 2.395 personas. Le siguen en este capítulo Andalucía, con 905 despedidos, la Comunidad Valenciana, con 695, y Galicia, con 537. En cambio, Cataluña, País Vasco y Extremadura han rehusado aportar datos.

En total, las empresas públicas de las Comunidades Autónomas han echado a 5.836 trabajadores, con un ahorro de 129 millones en nóminas para las cuentas autonómicas. Entre 2011 y 2013, Hacienda estima que las Comunidades ajustarán sus desembolsos en unos 1.500 millones gracias a esta reordenación del sector público. Sin embargo, el conjunto de las empresas clausuradas presentaba un gasto no financiero del orden de los 6.810 millones de euros y una plantilla media de 25.580 individuos, muy por encima de los ahorros cuantificados y los más de 5.000 puestos de trabajo amortizados.

Inmediatamente por detrás de Castilla -La Mancha, Baleares y Galicia han ejecutado el mayor número de cierres: 54 y 40 entidades, el 29,83 por ciento y el 24,69 por ciento, respectivamente. Salvo por la Comunidad presidida por Cospedal, ninguna ha llegado a recortar un tercio de sus compañías públicas.

La buena noticia reside en que el endeudamiento de las empresas públicas de las CCAA se ha menguado desde el pico de 14.242 millones en 2011, hasta los 10.765 en el último trimestre de 2012.

Estas empresas siempre ha servido de vehículo de las autonomías para poder endeudarse y contratar saltándose todos los controles y legislación vigente. De hecho, fuentes cercanas a Hacienda reconocen que el Ministerio no puede hacer un esfuerzo mayor en el cierre de empresas porque de hacerlo esta deuda pasaría a engrosar la de las Comunidades, engordándola considerablemente. No en vano, el total de la deuda autonómica se ha triplicado durante la crisis, alcanzando los 184.5000 millones. 

Sin embargo, al mismo tiempo el sector público de la Administración Central da muy mal ejemplo y continúa aumentando su recurso a la deuda. Éste ha ascendido desde los 18.080 millones de 2007 a los 34.300 millones de finales de 2012.

El endeudamiento de las empresas públicas pertenecientes a corporaciones locales también se descontroló en cuanto estalló la burbuja, y se disparó desde los 4.845 millones de 2007, para tocar los 9.418 millones durante 2011 y caer en 2012 situándose en los 8.252 millones.

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