Economía

Los 27 debaten la ley para que sean accionistas y acreedores los que paguen cuando quiebre un banco

La Comisión quiere dotar a los supervisores nacionales de poderes armonizados que les permitan obligar a las entidades a elaborar 'testamentos vitales', suspender el pago de dividendos a los accionistas cuando se detecten problemas e imponer descuentos a la deuda en manos de los acreedores.

El vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia
El vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia EFE

Los ministros de Economía de la Unión Europea discutirán este sábado la norma que prepara Bruselas para garantizar que en el futuro sean los accionistas y los acreedores, y no los contribuyentes, los que paguen cuando quiebre un banco.

La Comisión quiere dotar a los supervisores nacionales de poderes armonizados que les permitan obligar a las entidades a elaborar 'testamentos vitales', suspender el pago de dividendos a los accionistas cuando se detecten problemas e imponer descuentos a la deuda en manos de los acreedores.

El comisario de Servicios Financieros, Michel Barnier, declaraba este jueves que presentará su propuesta legislativa a tiempo para la cumbre del G-20 que se celebra en junio y que dedicará las próximas cuatro semanas a consultar con todos los afectados los detalles finales de la norma. "Esta caja de herramientas garantizará que en el futuro, los contribuyentes no tengan que rescatar más veces a los bancos. Reducirá el riesgo moral que predomina en el actual sistema bancario", ha asegurado Barnier.

El nuevo marco de gestión de crisis bancarias de la UE incluirá un arsenal completo de medidas que se irán desplegando en la medida que lo exija la gravedad de la situación. Con carácter preventivo, el Ejecutivo comunitario quiere que los bancos, especialmente las entidades transfronterizas, elaboren 'testamentos vitales' en los que se detalle cómo realizar una liquidación rápida y ordenada de la institución en caso de problemas.

Desde el momento en que se detecten las primeras dificultades, los supervisores nacionales podrán prohibir al banco el pago de dividendos, obligarle a deshacerse de las actividades que estén generando más riesgo e incluso destituir a los directivos y asumir el control. Cuando la quiebra sea inevitable, la Comisión quiere que las autoridades dispongan de poderes para forzar su venta a una entidad sana, o transferir todos o parte de sus activos a un banco puente que permita garantizar la continuidad de los servicios esenciales y gestionar la liquidación de manera ordenada.

En este caso extremo, Bruselas propondrá que los acreedores asuman parte de los costes mediante la aplicación de un descuento a la deuda que poseen. Para cubrir los costes que no puedan ser asumidos por accionistas y acreedores, la Comisión pide a los Estados miembros que creen un fondo de resolución, compatible con los fondos de garantía de depósitos y financiado con contribuciones de las propias entidades.

Finalmente, para aumentar la coordinación entre los Estados miembros en caso de quiebra de un banco transfronterizo, Bruselas propone crear grupos que reúnan a las autoridades nacionales con poderes de liquidación apoyándose en los colegios de supervisores que ya existen.


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