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Economía

La trama de directivos que saqueó a Catalunya Caixa en el ERE, en manos de Fiscalía

Adolf Todó, expresidente de Catalunya Caixa.

Pese a estar en vías de extinción, actualmente en pleno proceso de integración con su nuevo dueño BBVA, y haber pasado bajo el manto del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), aún existen capítulos desconocidos en el saqueo a Catalunya Caixa. La Fiscalía General del Estado recibió este pasado jueves, según confirman diversas fuentes a Vozpópuli, la denuncia de presuntas irregularidades en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 2010 que permitió a antiguos directivos, consejeros y sindicalistas lograr de forma irregular millonarias prejubilaciones que pueden ascender a 18 millones de euros.

La denuncia sostiene que este grupo de directivos se valió del ERE   para prejubilarse con millonarias cantidades sin haber cumplido la edad mínima de 55 años recogida en el acuerdo social suscrito. Este ERE, que afectó a 1.630 trabajadores, se desarrolló cuando la entidad ya había recibido dinero público por importe de 2.968 millones del FROB, lo que significó su nacionalización.

Las presuntas irregularidades afectan hasta a 11 delegados sindicales de CCOO, SEC, SEC-T, UGT y CSICA, que salieron de la entidad sin cumplir las condiciones del ERE por la vía de prejubilación, ya que tenían entre 53 y 54 años. Cuatro de estos delegados firmaron el documento del ERE con la empresa. De ellos, dos son elegidos consejeros para formar parte de la Asamblea General de CX en octubre 2010, un tercero fue consejero durante 8 años en el Consejero de Administración de Caixa Catalunya y a su vez miembro de la Comisión Ejecutiva. El cuarto delegado ha sido miembro del Consejo de Administración en Caixa Tarragona.

Este grupo de directivos se valió del ERE para prejubilarse con millonarias cantidades sin haber cumplido la edad mínima de 55 años recogida en el acuerdo social

Entre los siete consejeros restantes, dos fueron consejeros de la Asamblea General. Un tercero firmó el acta de la constitución de la mesa del ERE y el cuarto fue firmante del acuerdo Laboral de Previsión. Mientras, los tres restantes figuran en listas con sus diferentes sindicatos para consejeros en las elecciones de Órganos de Gobierno sin haber resultado elegidos finalmente.

La cantidad media a percibir que se estima, según consta en la demanda presentada ante la Fiscalía, asciende a 360.000 euros entre los 11 delegados (resultante del 85% del salario neto), más 31.000 euros (fijo por empleado y aportación al plan de pensiones de 3.000 euros anuales hasta la edad de los 64 años que suman un total aproximado de 30.000 euros) y el 100% de la base reguladora máxima hasta los 64 años. Todas estas cantidades suman un importe medio de 420.000 euros, a lo que se añade el Convenio Especial que no se computa en el cálculo. Por tanto, el cómputo total de las prejubilaciones cobradas por estos 11 delegados sindicales podría alcanzar los 4,62 millones.

Pero no sólo sindicalistas, dos empleados de la alta dirección abandonaron la entidad el último día de aplicación del ERE (30-12-2011), mediante la vía de la prejubilación, sin cumplir las condiciones. 

Según la denuncia, no sólo se produjeron salidas de forma irregular por la vía de la prejubilación, sin cumplirse las condiciones. También se produce el abandono de la entidad de forma extraña por otros directivos sin que quede reflejado en el listado de trabajadores afectados por el ERE.

Liquidación fuera del rango del ERE 

Además, la denuncia del sindicato señala que tres empleados de la alta dirección abandonaron la entidad catalana con una posible liquidación fuera del rango aprobado en el ERE.

El sindicato denuncia que el consentimiento, seguimiento y la tutela de todos estos hechos ha sido materializada por, entre otros directivos director de Personas de CX, en el momento en el que se producen las supuestas irregularidades. Este directivo firmó la ampliación del ERE el 18 de mayo de 2011 con los representantes sindicales y posteriormente lo presentó al Consejo de Administración para su aprobación el 24 de agosto de ese mismo año. 

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