Economía

El juez Castro niega a Hacienda el 3% que pretendía llevarse por la venta de Pedralbes

El instructor argumenta que la Abogacía del Estado, que ejerce la acusación particular, ha dispuesto de  "sobradas oportunidades, algunas de dudoso encaje procesal", para plantear la retención, sin que que lo haya hecho hasta aprobar el juez la transacción.

Vista del lujoso palacete de los duques de Palma.
Vista del lujoso palacete de los duques de Palma. EFE

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, ha rechazado incluir como condición para la venta del palacete de Pedralbes, propiedad de los Duques de Palma, el cobro por parte de la Agencia Tributaria (AEAT) de un 3% de los fondos que el matrimonio vaya a obtener con la operación inmobiliaria, retención que Hacienda reclama por ser el comprador no residente de España.

Mediante un auto dictado este viernes, Castro asevera que la Abogacía del Estado, que ejerce la acusación particular en el caso Nóos en representación de la AEAT, ha dispuesto de  "sobradas oportunidades, algunas de dudoso encaje procesal", para plantear la retención del 3%, sin que que lo haya hecho hasta después de fijar el juez los condicionantes para la venta, "lo que hace que este Juzgado se vea abocado a denegar"  la petición.

La Agencia Tributaria pidió hace dos semanas al juez que exigiese a los duques de Palma que acreditasen el ingreso a Hacienda del 3% de los fondos que obtengan con la venta del palacete de Pedralbes, retención obligatoria cuando el comprador no es residente de España. En su escrito, la abogada del Estado se amparaba en la Ley del Impuesto sobre No Residentes, según la cual quienes transmiten bienes inmuebles situados en el país a "no residentes sin establecimiento permanente están obligados a retener e ingresar el porcentaje fijado legalmente del 3 por ciento sobre la contraprestación acordada".

Este jueves, el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, recurrió la decisión del juez y volvió a pedirle que le deje saldar su deuda con Hacienda, de 253.705 euros -derivados del impago del IRPF de 2009-, con el dinero que obtuviera de la operación inmobiliaria, cuyo precio está estipulado en 6,95 millones de euros. Urdangarin, que asegura que desea hacer frente a ese pago "cuanto antes".


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